Al menos 16 muertos, entre campesinos y policías, y unos 50 heridos dejó el violento desalojo de un predio de unas 2 mil hectáreas ocupadas ilegalmente en un distrito del norte de Paraguay, hecho que puso al gobierno de Fernando Lugo en la situación más delicada desde su asunción, en agosto del 2008. Las versiones sobre muertos y heridos son numerosas, pero varias fuentes coincidieron en que ya hay 16 víctimas fatales, aunque algunas hablan de 17, y no menos de 50 heridos, algunos de gravedad, lo que puede hacer subir la cifra de fallecidos.
El episodio puso en guardia al Ejecutivo, sobre todo a partir de las versiones de que la oposición intentaría iniciar un juicio político a Lugo y la posibilidad de que se reúna el Congreso y exija la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola. Lugo suspendió todas las actividades que tenía agendadas para hoy e hizo dos apariciones, una a través de un comunicado para solidarizarse con las familias de los policías muertos, y otra en persona, para informar que ordenó a las Fuerzas Armadas que se sumen a la zona para garantizar que no haya nuevos enfrentamientos.
Los hechos se dieron en un campo ocupado del municipio de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, ubicado al noreste del país, en la frontera con Brasil, donde campesinos sin tierra mantenían ocupado un predio del empresario Blas Riquelme. La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados “brasiguayos”, prósperos productores de soja brasileños, instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con Argentina y Brasil.
La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y restaron responsabilidad a los labriegos.
“Ordené a las Fuerzas Armadas a desarrollar su misión específica en apoyo a la policía de acuerdo con la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado”, señaló Lugo en un breve mensaje al país, desde la residencia presidencial. Antes se había divulgado un comunicado en el que expresó su “gran pesar y repudio” por los hechos y su “firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley”. El presidente señaló en el texto: “Manifiesto mi solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión”. El mandatario destacó que “los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán calma y tranquilidad” a la región.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, rechazó las versiones sobre su inminente destitución y aseguró también que “no hay evidencias aún” de que en el enfrentamiento hayan participado miembros del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “El hecho fue consecuencia de una orden judicial para desalojar una propiedad ocupada. No es la primera vez que se procede a desalojos y se procedió legalmente, con orden fiscal correspondiente. Hoy se activó el operativo en base a una orden judicial”, recalcó el ministro.
El ministro indicó que los ocupantes eran campesinos de “diferente procedencia y diferentes organizaciones”, algunos incluso conocidos de ocupaciones anteriores. E informó que los muertos son “nueve o diez campesinos y siete policías”. Filizzola apuntó que la situación ya está controlada, por lo que no amerita declarar el estado de excepción, en tanto se busca a algunos campesinos refugiados en la zona boscosa aledaña al lugar de los incidentes.
Sobre la chance de que la Cámara de Diputados exija su renuncia, Filizzola destacó que tiene “el respaldo” de Lugo, que “sabe que puede disponer del cargo cuando lo considere pertinente”. El titular de Interior aseguró que “no existen ni pies ni cabezas, ni argumento alguno” para solicitar el juicio político a Lugo, como lo pidió el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo.
La Policía Nacional, en tanto, emitió un comunicado en el que denunció la “cobarde agresión” de los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos a los uniformados, y remarcó que la fuerza pondrá “el mejor de sus esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones”. El comunicado denuncia que los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego. El jefe de investigación de Salto del Guairá, Walter Gómez, fue aún más allá al denunciar que los uniformados fueron emboscados por los campesinos. “Esa gente está entrenada y ya no son simples campesinos, sino criminales”, dijo Gómez.
Políticos de la oposición lanzaron duras críticas contra Filizzola y pidieron su renuncia. “Garantizaron la integridad de los campesinos y despreciaron la vida de los policías. Por eso se produjo la masacre”, dijo el diputado Salyn Buzarquis. La gobernadora del departamento de Canindeyú, Cristina Villalba, calificó a Filizzola de “irresponsable” tras recordar que le había advertido que un desalojo violento iba a desembocar en pérdida de vidas.
A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez, del Movimiento de los Campesinos, afirmó a un canal de TV que las familias rurales establecidas en la hacienda sólo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos contra la policía. El dirigente campesino José Rodríguez, estrechamente vinculado con el presidente Lugo, dijo que el enfrentamiento “pudo haber sido un autoatentado de la policía” para justificar supuestamente las muertes de los sin tierra.
El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes propietarios fueron acusados por instituciones estatales de apoderarse de terrenos mediante negocios ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los sin tierra. Un plan de reforma agraria y entrega de terrenos a los campesinos fue parte de las promesas de campaña de Lugo, pero esa iniciativa avanza lentamente.
El Congreso amenaza a Lugo
Anoche, horas después de que los líderes del Congreso pidieran la cabeza del ministro del Interior, Carlos Filizzola, responsable por el accionar policial, Lugo anunció que aceptaba la renuncia del funcionario y que hoy nombraría a su sucesor.
El presidente de Paraguay Fernando Lugo echó a su ministro del Interior, Carlos Filizzola, luego de que los líderes del Congreso lo amenazaran con promover una serie de juicios políticos si no entregaba la cabeza de su estrecho colaborador. Horas antes, el ministro, en representación del gobierno, había respaldado el accionar policial en el sangriento desalojo de un predio tomado por los campesinos.
Reunidos de forma urgente y extraordinaria los legisladores discutieron la situación creada en el país tras la muerte de por lo menos 17 personas, en un enfrentamiento entre campesinos y policías, al nordeste del país. Anoche, horas después de que los líderes del Congreso pidieran la cabeza de Filizzola, Lugo anunció que aceptaba la renuncia del ministro y que hoy nombraría a su sucesor. El portavoz de la oposición en el Parlamento, el senador y presidente del Congreso nacional, Jorge Oviedo Matto, responsabilizó al mandatario por la falta de seguridad interna. “Esto es un secreto a voces que siempre supimos, una desgracia más que azota a nuestro país, evidentemente con complicidad del presidente Lugo”, aseveró el líder parlamentario del partido derechista Unase, fundado por el general golpista Lino Oviedo.
Matto acusó directamente al primer mandatario por la inacción del gobierno para combatir y eliminar a los grupos campesinos que participan en tomas de tierras. “Acá no hay que hablar de jefe de policía ni de ministro, acá el presidente Lugo es el responsable de la seguridad interna, las fuerzas del orden están a su cargo. Esto no puede seguir así”, enfatizó. Ante la posibilidad de que los autores del asesinato de los policías fueran miembros del grupo denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), indicó que el mismo hace tiempo debía haber sido eliminado por las fuerzas de seguridad, de existir voluntad para ello.
“Evidentemente, cuando no hay intención o hay personas que no quieren ver, lógicamente no se soluciona. Es una cuestión muy grave que ocurre en nuestro país. Algo debe hacerse. Lastimosamente, las fuerzas del orden no están a cargo de este poder del Estado porque, de haber sido así, se hubiese solucionado el problema, les aseguro”, apuntó. Sin embargo, el gobierno aclaró que por ahora no hay evidencias de la participación del EPP en la toma.
Oviedo Matto aseguró que, con la tecnología disponible actualmente y según la opinión recabada de expertos extranjeros, es perfectamente posible ubicar y desarticular a los grupos violentos. “Consulté con expertos israelíes que me visitaron hace poco y la pregunta que les hice me dio la respuesta que ya conocía, claro que se puede tomarlos a todos”, dijo.
En relación con la posibilidad de que se incremente la violencia, el parlamentario manifestó que sucederá con la proximidad de las elecciones. “Esto se irá incrementando a medida que nos acerquemos a las elecciones generales porque éste es el caldo de cultivo que quieren. No les salió con las manifestaciones que armaron hace unos días frente a este poder del Estado, pero evidentemente este tipo de cosas irán acrecentándose porque hay ideas como que desde el gobierno no quieren entregar el poder”, aseguró Oviedo Matto. Recordó además que, el año pasado, el Congreso declaró el estado de excepción en varios departamentos conflictivos del norte del país, a fin de que el Ejecutivo pudiera pacificar la zona, pero no se produjeron resultados.
El legislador señaló también la posibilidad de que una comitiva parlamentaria se traslade hasta la zona de conflicto, en Curuguaty, a fin de obtener datos precisos de la situación y tomar las medidas oportunas a su alcance aunque recordó que la seguridad interna es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
Tras escuchar las declaraciones de los legisladores opositores, Lugo convocó a su consejo de ministros y los medios de comunicación especularon con la posibilidad de que se produzca alguna destitución, aunque el titular del Interior aseguraba que no va a renunciar. Más tarde diría que su renuncia siempre estuvo a disposición.
Si bien el gobierno informó que la situación está controlada, hay muchas versiones sobre cómo ocurrieron los hechos y no se ha explicado con claridad de qué forma se produjo el enfrentamiento. Tampoco se informó cuántos participaron y tampoco cuántas personas resultaron heridas. Algunas versiones de prensa indicaron que hubo cerca de 80 personas con lesiones diversas pero son datos no confirmados oficialmente. Las autoridades sanitarias de Curuguaty se han limitado a decir que los servicios locales estaban desbordados.
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