Desde su primer periodo de Gobierno, a través de una intensa agenda diplomática, el presidente Uribe intenta mostrar en el exterior su cara más amable, su verdadero talante se queda adentro, con la doctrina de la ‘seguridad democrática’. Contradicción política que hoy se desvela, desacreditando su imagen: aparentar una unión indisoluble entre derechos humanos y seguridad. El Plan de Acción en Derechos Humanos, que se entrega a la opinión pública este miércoles 4 de febrero, pone en entredicho esta relación, constituyéndose en toda una propuesta integral de derechos humanos, construida por distintos sectores sociales reunidos en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice–. Se concita al gobierno nacional a su cumplimiento.
Un interrogante crece desde distintos escenarios diplomáticos de Latinoamérica: ¿Podrá el presidente Álvaro Uribe conservar su imagen de mano dura, que tanta simpatía le produjo entre cierto sector de la opinión pública colombiana, aún tras el escándalo de los llamados “falsos positivos”, y las transformaciones en curso en el escenario mundial, evidenciadas en casos como el mismo posicionamiento del presidente estadounidense, Barak Obama?
Todo parece indicar que no. Mucho más cuando este giro internacional demanda avances considerables en temas como derechos humanos (DD.HH). Demanda que se contradice con la actual política de seguridad democrática, que el Presidente defiende a capa y espada. El descrédito del primer mandatario, que encuentra asidero en el seno mismo de sus contradictores, toma fuerza en la oposición política y las organizaciones sociales de DD.HH.
Coincidiendo con este momento y con miras a plantear una política integral de DD.HH. en Colombia, se presenta este 4 de febrero, a las 5:00 p.m., en la Corporación Colombiana de Teatro de Bogotá-Colombia, el Plan de Acción en Derechos Humanos, PADH, el cual resulta promisorio, sobre todo si se toma en cuenta que es un documento que anima el debate sobre la construcción de un país posible. Documento que trasciende las meras recomendaciones, dando pistas para la realización de acciones estructurales en materia de DD. HH.
El Plan es una propuesta que encabezó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, recogiendo a los distintos sectores del país, intentando salidas reales a la crisis humanitaria reinante en Colombia. El documento es una contrapartida a la dinámica de guerra motivada por el Ejecutivo y su política bandera de la ‘seguridad democrática’, la cual integra dos conceptos yuxtapuestos: guerra contra todo opositor y DD. HH.
Contradicción ampliamente rebatida, luego de que el Gobierno convocara a las principales plataformas de DD.HH., a mediados del 2007, para construir un Plan que incluyera las agendas de las distintas organizaciones, lo que de hecho generó indignación en éstas y suscitó una propuesta desde las víctimas en un encuentro realizado con más de 1580 delegados a principios del 2008.
Desde entonces se aunaron esfuerzos entre diversos sectores, que conllevaron a una formulación ambiciosa de país, encaminada a una aplicación integral de DD.HH. Así lo hizo evidente Carolina Torres, Secretaria Nacional del Movice: “El principal logro del documento fue sentar a los distintos sectores y organizaciones sociales, que hacen parte del Movice, a construir un proyecto de país desde una perspectiva de acción en Derechos Humanos”.
Entre otros aspectos, el documento hace alusión a que una política en DD.HH. debe contener, por una parte, la reparación individual y colectiva de las víctimas de crímenes de Estado desde la perspectiva de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes; además de plantear que al hablar de DD.HH., debe pensarse en las transformaciones estructurales del Estado, en temas como vivienda, salud, educación, tierra, territorio, sistema carcelario, penal y jurídico, entre otros. Todo lo anterior en el marco de los derechos sociales, civiles, económicos y políticos.
Derechos militarizados
Desde hace algunos años cambiaron las políticas de cooperación internacional: ahora se prioriza la relación Estado con Estado. Su consecuencia inmediata: el desplazamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), y de algunos movimientos sociales, en la administración de los presupuestos que antes recibian directamente. Transformación en las políticas de cooperación que conllevan al fortalecimiento de programas como el Plan Colombia, contrarios a la paz justa y a una inversión social que respete la autonomía de la sociedad civil.
“El Ministerio de Defensa publicó un documento titulado: Política de consolidación de la Seguridad Democrática, que marca los objetivos estratégicos prioritarios del sector defensa, al menos hasta el año 2010, a través de lo que denomina como Doctrina de Acción Integral, DAI, de la que hace parte una política integral de DD.HH. En dicho documento se da por hecho que el paramilitarismo ha dejado de existir y se ratifica la tesis de que los enemigos se refugian y camuflan entre la población civil. Si la doctrina de Seguridad Democrática determina la política de DD.HH., y aquella es inmodificable, resulta entonces que por consecuencia no hay posibilidad alguna de concertar un Plan Nacional en DD.HH. y del DIH con los movimientos, organizaciones sociales y de Derechos Humanos”, enfatiza el documento.
Sin embargo, otro es el decir de los organismos internacionales respecto a esta política. La Conferencia Mundial de DD.HH., celebrada en Viena en junio de 1993, subrayó: “La responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de fomentar y propiciar el respeto de los DD.HH. y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
Un país que permita superar las injusticias históricas, que hacen parte, como cicatrices inamovibles de generaciones enteras, así como la ejecución, administración y consecución de todos los DD.HH., parece ser la propuesta del documento. De las víctimas y la población civil en general depende su entera aplicación y el posicionamiento de éste en la agenda pública y el debate nacional.
Por, Julián Carreño
Leave a Reply