“Otra mañana de colas para reclamar el ganado derecho”. “Otra inmensa cola que poco a poco surcará la distancia entre la calle y la caja donde entregan los pocos pesos de la mesada pensional”. Pensamientos de un jubilado. Con ellos a cuestas, partió de su hogar Luis Alfonso Parra, como lo hacía cada mes, rumbo al banco donde le pagaban la pensión.
Esta vez la vida no le alcanzó para cumplir con su propósito. Tras una larga espera, con los ojos ya idos que anunciaban su muerte, Luis, adulto mayor que trabajó toda su vida en una entidad pública, falleció de un paro cardíaco. Ocurrió el pasado 27 de enero en un banco de Bogotá. Su paso lento, el cuerpo encogido, como mirándose a sí mismo luego del gran trajín de la vida, un río de arrugas en su rostro anunciaba la experiencia de años enteros de trabajo, todo en el momento en que la culebra de gente permanecía casi intacta, avanzando a paso lento. Palidecía su rostro con sólo contar lo que le faltaba. ¡Minutos interminables!, fue quizá su último pensamiento.
A los 67 años de edad, Luis contaba con el privilegio de la pensión pero no con el beneplácito total del Estado, pues, como es sabido, éste poco se preocupa por la dignidad de los ciudadanos. Otros han corrido con peor ‘suerte’, pues no han tenido en el transcurso de su vida un trabajo estable y, por tanto, derecho a la seguridad social ni pensión para garantizar algo de dignidad al final de su vida. Es como si ser adulto mayor fuera una tragedia que desvela.
Todo, pese a que le debiera dar un trato preferencial a este sector de la población, que no es una petición o llamado a la cultura ciudadana sino que se trata de una ley de la República (Ley 1171 de 2007) la cual, se supone, deben acatar cumplidamente todas las autoridades del Estado.
La muerte inesperada dictó el destino de Luis Alfonso, dirían muchos; lo llevó a una muerte evitable, dirán quienes no creen en el azar. ¿Mala ‘suerte’ o negligencia de un Estado que no establece acciones para los efectos de la ley?
Sin vejez digna
Pero no todo se puede ocultar con alicientes. Colombia es hoy un país joven con aproximadamente el 60 por ciento de su población entre niños y jóvenes, lo que equivale a decir que la torta puede voltearse en las próximas décadas, sobre todo si se toma en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional no supera el 1,5 por ciento. A mediados de 2008, Colombia tenía un 5,7 de hombres mayores de 65 años y un 6,7 de mujeres de la misma edad, para un total del 6 por ciento.
Como Luis Alfonso, son miles los adultos mayores que, obligados por la mera necesidad de reclamar su pensión, hacen interminables colas. Resultan familiares las escenas de personas apeñuscadas en una cola, con la ilusión de ser atendidas, como si estuvieran mendigando su pensión. Se recuerda la imagen ampliamente difundida por los medios de comunicación en la cual se mostraba cómo gran parte de esta población no alcanzaba a reclamar su mensualidad en una entidad de la ciudad de Cali, viéndose obligados a intentarlo el siguiente día o en otro momento, ¡quién sabe!
Leyes sin cauce práctico, así toda ley sea de cumplimiento inmediato, y en caso contrario pueda ser demandada. En 2005, el senador Venus Albeiro Silva, en representación del Polo Democrático, presentó el Proyecto de Ley Nº 138 que adquirió forma concreta con la Ley 1171 de 2007, relativa a las tarifas y trato preferencial para la población especial, aunque sin llegar a políticas reales que permitan ese trato preferencial. La situación es patética si se repara en la cotidiana hostilidad que deben enfrentar los más adultos en cada espacio y rincón de las ciudades que recorren con sus cortos pasos.
“Se garantizan formalmente derechos de nacionales y extranjeros residentes a la educación, recreación, salud, y propicia mejoramiento de condiciones de vida en general. Acceso gratuito a museos; 50 por ciento de descuento en boletería para todo tipo de espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales que se celebren en cualquier escenario de la nación o de entidades territoriales, tarifa diferencial en sistemas de transporte público masivo urbano de pasajeros; turismo 50 por ciento. Ventanilla preferencial en entidades públicas, medicamentos a domicilio máximo en 72 horas y cobro de la pensión en cualquier ventanilla de la respectiva entidad financiera, sin limitación de horario”, reza la ley.
Aunque en la vida real sucede más bien que preferencial es la puesta en escena de un privilegio selecto que pone sus cimientos en un Estado hueco. En el decir de muchos, los derechos son hoy un servicio transable monetariamente, al que puede acceder quien tiene el privilegio de pagarlos, beneficiando sólo a los inversores y empresarios del capital financiero global.
Lógico sería que los colombianos que tanto le han dado al país con su trabajo y la cancelación de sus impuestos, pudieran ser retribuidos en su vejez, accediendo a la tercera edad en condiciones más dignas. Pero lógica tampoco es una palabra impertinente para un país sin proyecto de nación.
Por incumplimiento: demanda contra el Estado
En un país fundamentado en el Estado Social y de Derecho, debieran ser letra efectiva las leyes que produce el Legislativo. No parece ser éste el caso colombiano, en que muchas de aquéllas se desconocen y, por lo mismo, se hace omisión de las mismas. El asunto de los adultos mayores es crónico, en detalles como las ventanillas preferenciales, la tarifa diferencial, pero también, y con mayores consecuencias, en la atención en los centros de salud, en la posibilidad de recreación, esparcimiento, y goce de una pensión.
La población involucrada en este problema de desatención bien pudiera demandar jurídicamente, para así evitar que las administraciones distritales, municipales y nacionales se pasen por la faja la obligación de cumplir con las disposiciones que “garantizan” estos mínimos privilegios a quienes los merecen, para que dejen de ser mera expresión en un papel.
Como Luis, muchos otros han estado ad portas de la muerte o incluso sucumbieron por negligencia y desconocimiento de los derechos de unos y otros por parte de las autoridades. El caso más común, tener que suplicar atención médica, falleciendo en el conocido y denunciado “paseo de la muerte”: mendigar atención médica de hospital en hospital, sin encontrar respuesta ni positiva ni inmediata.
Es una cuestión no menor que vive diariamente una gran parte de la sociedad a causa de un sistema que no sólo niega la existencia de los menos favorecidos sino que además hace caso omiso del derecho fundamental a la vida. Múltiples casos que exhortan a la acción.
Por Julián Carreño
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