Foro de las TICs en el Senado. Tecnología de la información y las comunicaciones

 

Como estaba previsto, el 19 de marzo se llevó a cabo el Foro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en las instalaciones de la Cámara Alta. El evento fue convocado por el senador Alexander López Maya y varias organizaciones sociales y sindicales (Sintrateléfonos, Atelca, Sintraemsdes Medellín y Pereira, y Sintraemcali), con el propósito de difundir en el país las características, implicaciones y riesgos de apareja este proyecto.

 

La concurrencia fue nutrida. Diversidad de grupos sociales de la capital del país se hicieron presentes, destacándose los estudiantes por número y preguntas, pero también delegaciones de fuera de la ciudad, lo cual denota el interés que despierta el tema.

 

El Foro se desarrolló en tres bloques: Apertura, Temático y Político. El bloque de Apertura comprendió acto protocolario y estructura operativa del certamen. El Temático contempló: marco de referencia del Proyecto de Ley 112, nivel territorial y de soberanía, asimetrías de la regulación, sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC).

 

En el bloque Político se les dio participación a los directa e indirectamente involucrados en el proyecto, a saber: Superintendencia de Servicios Públicos, Andesco –por el sector empresarial–, Ministra de Comunicaciones, Dane –para verificar el dato estadístico obtenido sobre la encuesta nacional de TICs–, el senador ponente del proyecto en la Cámara de Representantes –Efraín Torrado–, y el senador Alexander López Maya.

 

En este bloque, las organizaciones tuvieron su representación con la ponencia de los usuarios, “Ley de TICs, estratificación, tarifas e impacto”. Los sindicatos con “Tlc y Ley de TICs”. La CUT con Jorge Gamboa, “Telecomunicaciones: comparación con otros sectores”. Se excusaron para este bloque la Ministra del ramo, el senador ponente del proyecto y el Dane.

 

 

Las TICs son una plataforma mediante la cual se debe entrar en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es la interacción de los medios de difusión –particularmente la televisión–, de los diferentes tipos de redes como las de datos, voz e informática; es la integración de estos elementos de manera indivisible. Pero el proyecto no tiene en cuenta los servicios convergentes, es decir, la posibilidad hoy real y cotidiana de enviar voz, datos e imagen por un mismo y único conducto. El Proyecto de Ley, como quedó establecido en la ponencia de la Ministra el 2 de octubre de 2008, separa la televisión como elemento por ser regulado de manera diferente, dejando de entrada dividida la ley en curso (ver recuadro).

 

En otros artículos de esta edición se han expuesto los análisis hechos sobre esta ley, uno de cuyos efectos inmediatos se verá y se padecerá en la educación en general, pero de manera muy especial en el último ciclo de la secundaria y en la universidad. Los estudiantes así lo comprenden y sobre ello formularon constantes interrogantes.

 

En la ley ya impuesta al sector energético se violó el espectro electromagnético, contemplado en la Carta Política de 1991 (artículos 75, 101 y 102), como bien público. Ahora se refuerza ese robo, además de excluir temas fundamentales y estratégicos como la teleeducación, el teletrabajo y la telesalud.

 

 

 

 

 

 

En materia de convergencia institucional, el Proyecto no propone soluciones a los problemas que hoy tenemos; por el contrario, los ensancha al potenciar la dispersión de funciones en varias entidades, entre ellas el Ministerio de Comunicaciones, que en el proyecto se llama Ministerio de las TIC; además, éste asume funciones de control y vigilancia, y la CRT pasa a ser la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Asimismo, desaparece la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y la Superintendencia de Industria y Comercio asume funciones de competencia sobre prácticas restrictivas, abusivas, que ejerzan algunas empresas. Sigue vigente la CNTV y se crea la Agencia Nacional del Espectro, en una situación tal que varias entidades tienen injerencia en el sector. Igualmente, las reclamaciones de los usuarios no tendrán una entidad que las resuelva, evadiéndose la responsabilidad estatal.

 

El Proyecto hace inaplicable la Ley 142 en el servicio de las telecomunicaciones, pues la telefonía fija deja de considerarse un servicio domiciliario esencial, tal como lo califica el texto propuesto. Todos los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos, así como el vocal de control, desaparecen para la telefonía fija, haciéndose inaplicable el régimen de protección de los derechos de los usuarios que prevé la ley.

 

Pero hay más. Cambia la naturaleza jurídica de las empresas, que dejan de ser de servicios públicos domiciliarios, y se presenta un desmonte de los subsidios, además de que se eliminan las funciones de la Superintendencia como entidad especializada en materia de control y vigilancia, que incluyen temas de competencia, prácticas discriminatorias, abusivas. El Proyecto de Ley cambia la naturaleza del servicio de telecomunicaciones, pues ya no se denomina servicio público de telecomunicaciones. A lo largo del proyecto se habla simplemente de servicio de telecomunicaciones, se presenta un desarrollo somero de la protección y los derechos de los usuarios, y se deja en manos de la CRC ese desarrollo. Por otra parte, la relación empresa-usuario queda en un plano de igualdad; y la asignación del espectro, en manos del Ministerio.

 

 

 

Ha sido continua la arremetida de las empresas transnacionales, con el propósito de hacerse con las entidades nacionales de las telecomunicaciones. Esta labor de acaparamiento ha sido posible con el favor de los gobiernos nacionales y distritales.

 

El primer ponqué lo obtuvieron con Telecom. Pero no quedaron satisfechos. Durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá, intentaron capturar la ETB en 15 ocasiones. Igual propósito se tuvo con la EPM, logrando su división: separaron el componente de telecomunicaciones, convirtiéndolo en empresa privada, UNE.

 

Con tentáculos que les permiten operar de manera simultánea, y con el favor de los políticos privatizadores, las transnacionales embistieron sobre Emcali, atacando sin descanso a Sintraemcali para poder dividir –como con la EPM– a las Empresas Públicas de Cali. Su propósito: dividir la empresa, tal como lo consiguieron en Medellín.

 

Ahora intentan de nuevo en Bogotá. La ponencia del concejal Javier Lastra, el mismo individuo que actuó como uno de los liquidadores de Telecom, solicita la venta de la ETB. A la vez, el presidente de la ETB, Fernando Panesso, ex presidente de EPM Bogotá y ex gobernador de Antioquia, en el debate seguido sobre el tema en el Concejo de Bogotá dice que sólo obedecerá los designios de la banca de inversión.

 

No es casual, por tanto, que ahora el Alcalde de Bogotá proponga un socio estratégico para la ETB. Los bancos españoles hacen agua en su boca y sienten cómo se les inflan los bolsillos, y refrendan la propuesta del señor Samuel Moreno Rojas. ¿Y qué dice el Polo?

 

Panorama difícil. Todos a una por las empresas públicas que aún conserva el país, pero la resistencia social dirá la última palabra.