Noticias del uribismo. ¡Lo que nos faltaba!: el “corporativismo”

 

En los últimos dos meses, aunque de manera casi inadvertida para la opinión, el Gobierno ha logrado formalizar dos organizaciones supuestamente sociales de importancia nacional y vocación uribista. Una de ellas, en el centro de la movilización popular más destacada de los últimos tiempos, la de los pueblos indígenas, busca crear en principio una alternativa al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Se presenta como una organización indígena del Cauca pero quizás, en el futuro, de Colombia, con características que los voceros gubernamentales predican de pluralista o pluriétnica o pluricultural. Al menos, eso parece indicar la sigla escogida, OPIC, cuya exacta traducción no aparece todavía muy clara en las diferentes versiones (¿deliberadamente?). La otra, con iguales ambiciones, la CNT (¿confederación nacional del trabajo?), fue lanzada en una reunión de sindicalistas el 21 de febrero y ya parece haber surtido los correspondientes trámites jurídicos. De ésta, a diferencia de la anterior, se venía hablando desde hace dos o tres años a propósito de ‘organizaciones sindicales’ que respaldaban el Tlc con Estados Unidos y viajaban, de la mano del Gobierno, a suplicar su ratificación. Sería entonces la cuarta confederación nacional, en competencia con las existentes, pero desde una posición claramente uribista y con las ventajas que le da el apoyo oficial.

 

Otras organizaciones “de bolsillo” han actuado en los últimos tiempos. Por ejemplo, de afrodescendientes. Pero tal vez con menores ambiciones. La iniciativa actual, en cambio, parece de mayor envergadura. Se dice que estará en marcha una federación nacional de jóvenes. En las ciudades, tentativas varias de redefinir la acción comunal o de organizar beneficiarios de subsidios de vivienda y microcréditos, y, en el ámbito rural, la organización cívico-política de familias guardabosques o familias en acción. No faltan en todas estas propuestas de ‘encuadramiento’ los lugartenientes que provienen de los ‘desmovilizados’ y ‘reinsertados’. Y detrás, las eminencias grises del pensamiento uribista, (algunos, ex izquierdistas), entre otros, Restrepo, José Obdulio y Libardo Botero. Fácil es imaginar que recuperan la vieja consigna de “meterle pueblo” –organizado– al régimen autoritario.

 

Desde luego, no es la primera vez que los partidos políticos tradicionales y hasta los gobiernos tratan de dirigir las organizaciones sociales, o dividirlas o crear otras. Pero en este régimen la cosa es a otro precio. No hay que olvidar que Uribe, aunque apoyado por el conjunto del bloque de poder (y el Imperio), y, por tanto, en lo fundamental, ha seguido las prescripciones de la tecnocracia neoliberal, práctica más que todo el populismo, pese a no ser enteramente del gusto de esta última. Populismo militarista, con gran contribución de los medios de comunicación pero también populismo asistencialista. Para un gobierno personalista, en marcha hacia un nuevo mandato, nada mejor que capitalizar el apoyo popular, especialmente ahora, cuando parece desmoronarse en las alturas el consenso dominante. Nada mejor que añadirle a las virtudes de la “democracia directa” –referendo– las de la ‘sociedad civil organizada’ (en ambos casos, la voz del pueblo es la voz de Dios), para evitar las contrariedades de la normalidad constitucional, por las sorpresas judiciales o legislativas, o por las desobediencias de los intelectuales y los partidos. Y, si tenemos en cuenta sus ‘eminencias grises’, no es exceso de imaginación sospechar que el proyecto sí se le ha ocurrido.

 

 

En relación con los pueblos indígenas, la táctica puede tener, claro está, una explicación específica. Desde su posesión, la lucha del pueblo Nasa por la liberación de la Madre Tierra es una espina en el zapato de Uribe. Éste utiliza el recurso de la violencia en todas sus expresiones, institucionales y parainstitucionales, pero no logra una verdadera legitimación a los ojos de la opinión nacional y sobre todo la internacional. Como en todos los casos de protesta social, busca la criminalización con el argumento de los nexos con las farc. Sin embargo, ante la evidente toma de posición de estos pueblos indígenas en defensa de su autonomía y contra muchas de las acciones de las farc en sus territorios, el argumento ha dejado de ser convincente. En este año intentó una variante: los nexos pudieran ser más bien con el eln, y en su ayuda concurre la revista Cambio, inventando una ‘comunicación’ en la cual las farc ‘advierten’ la presencia de los elenos entre los indígenas. Entonces, éstos tendrían que ver con “el otro terrorismo”, que para el caso sería lo mismo, con la ventaja de que pueda explicarse su posición como parte del enfrentamiento entre las dos organizaciones insurgentes. Al mismo tiempo, como señal de una nueva etapa de la cacería de brujas, el Ministro de Defensa anuncia que, si 2008 fue el año de la derrota de las farc, 2009 puede ser el del aniquilamiento del eln.

 

La argucia tiene sus limitaciones y es por eso que ha buscado complementarla deslegitimando las razones de la lucha indígena. Una y otra vez insiste en que los pueblos indígenas tienen más tierra que cualquier grupo social, siendo así los mayores latifundistas del país. En ese sentido, su reclamación no puede ser más que el producto de una infiltración externa, extremista y terrorista. Es por eso que en la propuesta de nueva organización se habla de pluralismo, para enfrentarlo a la ‘falta de democracia’ del CRIC. Y aprovecha la vieja disputa con un grupo que al parecer ha abrazado alguna confesión protestante. Pero lo más importante es la oferta económica: en lugar de buscar tierra, lo mejor sería dedicarse a la actividad agroforestal o el monocultivo (palma) de supuestos enormes beneficios en la exportación.

 

Hasta ahí la explicación es muy concreta, reducida a la historia del Cauca. Sin embargo, no se trata solamente de divisionismo, que también ha puesto en práctica en otras regiones, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino de inaugurar nuevas estructuras organizativas. Por eso se habla de que, a partir de esta ‘asociación’, que se apoya jurídicamente en la libertad para crearla, consagrada constitucionalmente, se busca avanzar hacia una nueva relación con las autoridades tradicionales. En la mira está la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Para una nueva ‘autonomía’ y una nueva interlocución con el Gobierno, basada en ofertas económicas, con narcoparaterratenientes y multinacionales.

 

El panorama sindical en Colombia no es muy diferente del de otros países, reducido, como está, a causa de las políticas neoliberales y de desindustrialización. Pero aquí debe añadirse que ha soportado años de violencia inclemente. Es cierto que hay tres centrales, pero en los últimos tiempos éstas han podido obrar de conjunto en el Comando Unitario o en la Gran Coalición Democrática, nacida de la lucha contra la pasada reelección. Han sido, pues, antiuribistas. El divisionismo, sin embargo, es siempre una posibilidad latente y el Gobierno lo ha intentado varias veces, como en el caso ya mencionado de la disputa sobre el Tlc. Y no puede descartarse la existencia de sindicatos (o juntas directivas) uribistas. Por eso, la propuesta de una nueva ‘central’, paso adelante, agresivo y ambicioso, parece alimentarse de algunos de estos últimos, provenientes seguramente de las actuales confederaciones, lo cual obligó, para evitar malentendidos, a un pronunciamiento categórico de la CGT, advirtiendo que ninguno de sus sindicatos, como tales, había participado en la reunión fundacional. Al parecer, se trata solamente de personas. No obstante, hasta donde se sabe –y esto es lo más significativo–, el Gobierno puede tener, como punto de partida para su formalización jurídica, una serie de federaciones, de papel o recién constituidas, formadas, por cierto, con empleados públicos.

 

Se le ha planteado, pues, al movimiento sindical, una nueva dificultad y un nuevo objetivo de lucha. Dada la tradicional interlocución con los gobiernos, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Salarios, no es poca cosa encontrarse ahora con una organización que va a gozar de enorme apoyo gubernamental para disputarles la legitimidad de la representación a las actuales centrales, una supuesta confederación que pueda alcanzar acuerdos para consolidar la “confianza inversionista”. Esta movida audaz del uribismo, sin antecedentes históricos semejantes (la más parecida sería la creación de la UTC), no tiene, de todas maneras, un futuro asegurado. En Colombia, es imposible hablar de sindicalismo sin contar con la CUT y su espina dorsal, Fecode. Es por eso que, históricamente, la táctica fundamental de la burguesía ha sido más bien la cooptación, incluyendo, de manera directa o indirecta, la cuota del Ministerio del Trabajo, táctica que hasta el momento parece vedada para el uribismo.

 

Naturalmente, desde la búsqueda y movilización de apoyos sociales hasta la configuración de un Estado Corporativo hay una enorme distancia. La señal que nos parece advertir en esta iniciativa es la pretensión de encuadrar los apoyos en una forma de ‘participación’ en políticas y proyectos económicos. Pero el diseño completo supone una nueva Constitución. En el nuevo Estado, se acabaría la “palabrería política” para instaurar una gestión ‘técnica’ en la cual la participación se haría directamente a través de los gremios, garantizando, como es obvio, el predominio del capital y la gran propiedad. El antecedente que tenemos en Colombia es el proyecto de Laureano Gómez, en 1951, para su frustrada Asamblea Nacional Constituyente (ANAC).

 

Todo depende del proceso previo. El fascismo, en todas sus formas, comenzó con la liquidación violenta de las organizaciones existentes y la ilegalización de todos los partidos políticos en beneficio de un partido único, aprovechando el descrédito del parlamentarismo. Algo de eso tenemos en Colombia, pero por fortuna la situación no es, a pesar de todo, de tierra arrasada. Es verdad que la presidencia de Uribe es consecuencia, o mejor, coronación del triunfo de la estrategia paramilitar y no su comienzo, pero la resistencia no sólo ha continuado sino que a partir del año pasado se puede hablar del comienzo de un período de acumulación de fuerzas. Además, Uribe llega al Gobierno, como todos, de la mano de una coalición de grupos clientelistas, y el mundo de la política partidista no atraviesa, pese al desencanto generalizado, una crisis de desaparición. Por lo demás, la idea de partido único, aunque seguramente acariciada por las ‘eminencias grises’, nunca cuajó. No es probable, en síntesis, que la gran burguesía colombiana haya escogido ahora una opción corporativista.

 

El peligro, en consecuencia, reside en las fórmulas híbridas: una suerte de corporativismo democrático; para los gremios del capital, innecesario pero útil para enganchar sectores de la población. El peligro, por lo pronto, está en el riesgo de la dislocación de los procesos organizativos populares. Y hacia el futuro, en la oferta, para el tercer mandato, de un nuevo episodio de “refundación de la patria”. Buen tema electoral en tiempos de decadencia e ingenioso coqueteo con la llamada comunidad internacional. Hasta dónde coincide con el proyecto actual del Imperio y de las clases dominantes, es el interrogante. Puede que sea solamente cosa de Uribe y de nadie más.