Luego de superar las arteras modificaciones a que fue sometido por la mayoría uribista de la Comisión Primera de la Cámara, desestimadas por la plenaria, el referendo por el agua volverá a ser debatido por la mencionada Comisión Quinta, encargada de los asuntos ambientales, a partir de su texto original.
La discusión tendrá lugar el próximo 24 de noviembre y desde ahora el gobierno nacional ha enfilado baterías contra la iniciativa a través de su Ministro de Hacienda. En oficio dirigido el pasado 18 de octubre al Presidente de la Comisión, el alto funcionario le pide a ésta no aprobar la convocatoria del referendo, pues “los costos generados por este proyecto no se encuentran contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y desbordan las posibilidades fiscales de la Nación”.
Las cifras que maneja el funcionario de Hacienda se basan en valores irreales de la tarifa media nacional, e incluyen indemnizaciones y otros conceptos ajenos a la propuesta, buscando así el Ministro provocar temor entre los parlamentarios. Además, dando por cierto el cumplimiento de las metas del actual Plan Nacional de Desarrollo, concluye que en 2010 sólo un poco menos de tres millones de colombianos carecerán de agua potable, habiéndose reducido el problema a la mitad. Las cifras de Minhacienda contradicen el estudio de la Defensoría del Pueblo, “Diagnóstico del cumplimiento del derecho humano al agua en Colombia”, dado a conocer en abril pasado, según el cual 9.022.276 personas no accedían al vital líquido.
La intervención del jefe de Cartera de Hacienda y un reciente artículo del Subdirector de Planeación Nacional, publicado en Portafolio, se encaminan a amedrentar a la mayoría de la Comisión Quinta de la Cámara que, no obstante ser afecta al Gobierno, se inclina por convocar el referendo con modificaciones ‘blandas’ del texto original. De éste conservan el mínimo vital gratuito, aunque únicamente para personas de menores ingresos, el carácter de bien común y público del agua, y todo el bloque de protección ambiental, incluido el agua como parte integrante de los territorios étnicos, con la salvaguarda del interés público y la propiedad del Estado sobre el conjunto del recurso hídrico. Pero eliminan el derecho humano al agua, que se convierte en “condición esencial para la vida”, y el retorno de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a la esfera exclusivamente estatal y comunitaria.
Aunque la línea de modificación moderada del texto original no satisface al Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que promueve el Referendo, es indudable que el Gobierno no acepta ni siquiera esta posición conciliadora aunque insuficiente.
Por lo anterior y por el respeto a este mecanismo constitucional de participación, al cual se acogieron más de dos millones de firmantes, el mencionado Comité ha decidido mantener la defensa del texto original, apoyado por la ponencia minoritaria suscrita por tres ponentes del Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal en la comisión que atiende este trascendental asunto.
Para hacer efectiva la movilización en defensa del texto original y expresar el respaldo que tiene, se ha realizado una firmatón durante el presente mes de noviembre, cuyos resultados, cercanos a las 15.000 firmas en todo el país, serán entregados a la Comisión Quinta el 24 de este mes, al igual que una carta suscrita por más de 100 organizaciones de importancia nacional y regional.
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