¿Copenhague, un nuevo fracaso?

Copenhague pasó y dejó una gran decepción entre quienes han creído en las discusiones climáticas iniciadas en Rio de Janeiro hace casi dos décadas. Por el contrario, lo sucedido no hizo más que confirmar el porqué de nuestro escepticismo con estos certámenes. Pero, ¿por qué no avanzaron las negociaciones? ¿Qué rol asumió el gobierno colombiano? ¿Qué expectativas y preocupaciones surgen luego de la COP 15? ¿Hay otros caminos?

Luego de varios días de sesiones, la Décimo-quinta Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 15) terminó con un lánguido acuerdo presentado al final de la Cumbre por Estados Unidos y concertado por algunos otros gobiernos, entre ellos China, India, Brasil y Sudáfrica. El “Acuerdo de Copenhague” no contempla metas ni compromisos vinculantes. Claramente lo expresó Obama ante un grupo de periodistas: “Las negociaciones que tuvieron lugar hoy aquí no nos comprometen legalmente a nada”. En esta forma, se le daría jaque mate a esta última fase del proceso de negociación, corroborando que no existe mayor interés por parte de los países responsables del cambio climático en aceptar las transformaciones que se precisan para ‘enfrentar’ este gran problema global, y, por el contrario, se seguirán promoviendo falsas soluciones fundamentadas en el mercado, haciendo de la atmósfera, el aire y las selvas una mercancía para los negocios ‘verdes’. Haciendo “más grave el remedio que la enfermedad”.

La delegación oficial de Colombia no es ajena a esta lógica. En vez de presentar iniciativas que detengan la amenaza que ya se siente en nuestro territorio (por su geografía, su posición como país ecuatorial y una importante extensión sobre los mares, es altamente vulnerable), opta por respaldar los mecanismos de mercado. La posición de Colombia se pliega a la posición dominante para acceder a los fondos económicos que promueven la Convención y el Protocolo de Kyoto.

 En Copenhague, como en otros temas de la política latinoamericana, Colombia estuvo en total contravía de otros países de la región, que no sólo hicieron una importante crítica a esta mirada mercantil del problema climático sino que además llevaron propuestas novedosas para enfrentarlo. Ecuador, con la Iniciativa Yasuní; y Bolivia, que demandó el reconocimiento de la deuda climática y propuso un Tribunal por la Justicia Climática, ideas surgidas desde los pueblos de los dos países.

 Uribe en Copenhague

 Álvaro Uribe fue uno de los 15 presidentes que intervinieron. Expresando preocupación por la deforestación que causa el narcotráfico y utilizando un discurso maquillado de verde, presentó su propuesta de familias guardabosques como la panacea para la conservación de nuestras selvas. Utilizó a su conveniencia las cifras, presentando a Colombia como paraíso ambiental del continente.

 Su alocución resaltó la extensión de nuestras selvas tropicales (Colombia tiene 606.304 km2) y afirmó que más del 40 por ciento del territorio nacional está salvaguardado del comercio por ser territorios colectivos de comunidades indígenas y negras, una verdad a medias. Y mientras esto expresaba en Copenhague, sus políticas no sólo amenazan los territorios ancestrales sino también la autoridad que la Constitución les reconoce sobre estas tierras a los pueblos indígenas y negros, como bien lo denuncia la minga indígena, campesina y negra que lleva dos años recorriendo el país.

 ¡Grandes contradicciones entre el discurso y la realidad! En los ocho años de Uribe se han ampliado las fronteras minera, petrolera, agrícola y ganadera, a costa de importantes territorios de selva. En el Pacífico, los proyectos de palma aceitera para producir agrodiesel han destruido gran parte de las selvas del Chocó biogeográfico. Los bloques petroleros para la exploración y producción se ofrecen en el Caribe; lo mismo que las selvas del Catatumbo, el Caguán, Putumayo, la costa pacífica, los piedemontes amazónico y llanero, y las sábanas del Caribe, a nuevos planes petroleros. Los proyectos carboníferos avanzan sobre los últimos relictos de bosques en las sábanas caribeñas; las concesiones para la minería metálica se otorgan hasta en reservas forestales, como en La Colosa, en Cajamarca. Se sigue ampliando la frontera ganadera y agrícola a costa de la destrucción de selvas y el desplazamiento de millones de campesinos. Y se promueven proyectos de infraestructura sobre áreas igualmente selváticas, como en el caso de la carretera sobre el Tapón del Darién.

 Más allá de la incidencia del narcotráfico en la deforestación, preocupa la forma como estos proyectos oficiales abren nuevas fronteras de colonización que provocarán la paulatina destrucción de nuestras selvas. Ya se escuchan voces de las comunidades locales que denuncian que los proyectos de “sumideros de carbono” de monocultivos de árboles, verdaderos desiertos verdes –como los llaman los lugareños– más que beneficios están trayendo graves conflictos ambientales.

 Fue tan cuestionado el papel de la delegación colombiana en Copenhague, que las organizaciones ecologistas que diariamente entregaban el premio del “fósil del día”, como una forma de destacar y denunciar a quienes entorpecen el avance de las negociaciones, le ‘reconocieron’ en una ocasión este ‘premio’ a la delegación de Colombia, que conjuntamente con Estados Unidos retrasaban los avances en el acuerdo sobre REDD (Programa de Reducción evitada de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por deforestación y degradación de los bosques, siglas del inglés).

 REDD, una política impuesta e inconsulta

 La delegación colombiana, liderada desde diciembre de 2007 por Carlos Costa, actual ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), ha dado prioridad a los temas relacionados con los bosques, además de financiar actividades de mitigación y crear un fondo de adaptación por parte de los países ricos, para ayudar a pagar acciones en los países pobres. De hecho, Colombia pidió ser uno de los países piloto para implementar la estrategia REDD. El Ministerio y su Grupo de Mitigación del Cambio Climático anunciaron una propuesta que incluye tanto la implementación subnacional como proyectos individuales para el mercado de carbono.

En esta forma, Colombia promueve el financiamiento de REDD con mecanismos de mercado y cuestiona el manejo de nivel nacional, proponiendo en su lugar que esto se haga subregionalmente, con el supuesto interés de que los recursos lleguen directamente a los pueblos y comunidades que habitan las selvas. Lo curioso del asunto es que sólo en la retórica de la delegación oficial está el interés y la preocupación por los pueblos ancestrales. Una investigación realizada por la Global Forest Coalition sobre las realidades de REDD afirma que los pueblos indígenas y negros no participaron en la mesa redonda nacional sobre el tema, y no fueron tomados en cuenta a la hora de formular las políticas, programas y proyectos REDD. Todo el diseño de esta política se ha dado a espaldas de la sociedad colombiana, con la participación de un reducido grupo de organizaciones no gubernamentales ambientalistas.

Ya concluyendo

 Hay dos rutas para abordar la crisis climática: una, que nos propone el capitalismo verde promovido por las corporaciones, y otra, la de los movimientos sociales que se la jugaron a pesar del intenso frío en las calles de Copenhague, que pide “cambiar el sistema y no el clima”.

 Las fuertes nevadas en Europa y las olas de sequía que azotan a esta zona del planeta son evidencia del llamado de la naturaleza, que nos demanda grandes transformaciones si queremos subsistir como especie. Sin duda, ¡la decisión sobre nuestro futuro está en nuestras manos!

Por Tatiana Roa Avendaño*, ambientalista