En Ecuador . Terrorismo de Estado a la colombiana

Reza un refrán popular: “Una naranja podrida pudre las demás”, y eso parece que está ocurriendo con el ejército ecuatoriano, que en zona de frontera opera en forma coordinada con el ejército colombiano, a espaldas del gobierno ecuatoriano y bajo la dirección del Comando Sur de los Estados Unidos. Los pobladores fronterizos lo confirman: “Desde que ambas tropas se comunican la vida en frontera se ha hecho más difícil”, relata un campesino del recinto de Puerto Mestanza.

 

Pero la acción que rompió el sacó ocurrió el pasado 18 de enero a eso de las 10:30 a.m. Una embarcación que llevaba tres habitantes del sector y que se desplazaba por aguas del río San Miguel fue interceptada a tiros de fusil por integrantes de las Fuerzas Militares de Ecuador. El resultado, dos colombianos y un ecuatoriano muertos. Ellos respondían a los nombres de Sabiro Timote Pérez, Orlando Tapia Molano y Francy Tamayo Omitar.

 

Al igual que en Colombia, los militares ecuatorianos informaron a sus superiores que habían dado de baja a tres guerrilleros. De inmediato, el general Hugo Villegas Torres, comandante de la IV División del Ejército Amazonas, Ejército de Ecuador, informó del hecho al mando militar, y éstos a la vez al presidente Rafael Correa. La noticia recorrió el mundo. Casi de manera instantánea llegaron las felicitaciones del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, pero, como suele ocurrir, “más rápido cae un mentiroso que un cojo”. La comunidad de la ribera del río San Miguel lo denunció y la Fiscalía General de Ecuador lo confirmó. No se trató de un combate ni de guerrilleros; eran habitantes del sector, ejecutados y presentados como positivos, como suele ocurrir en nuestro macondiano país.

 

Según los militares ecuatorianos, los ocupantes de la embarcación que estaban uniformados les dispararon y aceleraron su embarcación al dar la orden de detenerse. Sin embargo, en las pesquisas del fiscal Felipe Villota que, entre otras cosas, recibió declaración juramentada de al menos 15 testigos, las tres personas no estaban uniformadas, no portaban armas, no había señal de que hubiesen disparado. Relata Villota: “Tengo las pruebas y no estaban armados ni tenían uniformes militares, y, si son insurgentes, con las investigaciones que se hagan se establecerá”.

 

Pero este hecho no es único. Según el Delegado para Sucumbíos de la Defensoría del Pueblo Alberto Rivadeneira Muñoz, reposan en su despacho múltiples denuncias por tortura y muerte de colombianos a manos del Ejército ecuatoriano. Esas investigaciones son archivadas y no proceden a ninguna sanción contra los militares responsables, afirmó Rivadeneira. Pone como ejemplo el caso de una mujer colombiana que fue detenida por uniformados ecuatorianos, violada y posteriormente asesinada.

 

La represión no es sólo contra los colombianos. Relata un campesino ecuatoriano de la zona: “El problema no es únicamente contra los colombianos; es también contra nosotros los ecuatorianos. Por el hecho de uno vivir aquí, los militares piensan que somos guerrilleros; nos detienen, nos quitan nuestros alimentos, nos maltratan”. Por su parte, otro campesino ecuatoriano relata que “un día llegó el Ejército al mando de un teniente, a quien le pregunté por qué nos trataban mal, que si acaso el país no estaba cambiando con Correa, y él me respondió: ‘Yo no obedezco a Correa. A ese comunista vamos a tumbarlo”. 

 

 

Varios colombianos refugiados coinciden en agradecerle al Estado ecuatoriano haberles aceptado su condición de refugio (aunque este es un deber según tratados internacionales) y reconocen que sus condiciones de vida han mejorado con la llegada de Rafael Correa a la Presidencia, pero el temor aún los asalta con los excesivos controles, la creciente xenofobia y la violación de los derechos, aunque reconocen que hay excepciones. Señala una refugiada: “Yo salí de Colombia porque el Estado quería matarme; llegue sin nada acá (Ecuador). Al principio les corríamos a las autoridades de este país porque éramos indocumentados, pero ya me dieron el refugio. Pensé que las cosas iban a cambiar pero me da susto el Ejército ecuatoriano porque está actuando igual al colombiano. En la ‘vara’ (control militar entre el recinto de Puerto Nuevo y Lago Agrio), “los militares nos piden el pasado judicial, el apostillado del pasado judicial, la cédula colombiana; y si estamos refugiados en Ecuador, cómo vamos a ir a Colombia a sacar el pasado judicial y apostillarlo. Esto es ilógico”. 

 

Otro campesino señala: “Algunos militares de acá hacen lo mismo que los de Colombia: no nos dejan pasar las remesas, nos las quitan, nos llaman guerrilleros, nos amenazan”. Un campesino colombiano recuerda que un militar ecuatoriano se le acercó y le ofreció disculpas. Le contó que él vivía en Quito en un barrio pobre, que no estaba de acuerdo con lo que hacían sus compañeros pero que eran órdenes superiores. “A nosotros nos dan la orden de aburrirlos para que se vayan; nos dicen que si ustedes se amañan en el Ecuador, van a quitarnos el empleo y el país se nos daña como en Colombia”.

 

Muchos colombianos con nacionalidad ecuatoriana se sienten traicionados por Correa. Señala uno de ellos. “Aquí vinieron en época electoral diciendo que votáramos por Correa, que la condición de los refugiados y de la provincia de Sucumbíos en general iba a mejorar, pero hasta ahora nada. Se habla de muchas cosas pero en concreto nada se hace. Es cierto que a algunos compatriotas les dieron el refugio pero eso es temporal y con múltiples trabas; además, los humillan, los ultrajan, les roban sus cosas, los tratan de lo peor”.

 

Una gran preocupación de los refugiados colombianos en zona de frontera con Ecuador es que el Gobierno piensa establecer una franja de 20 kilómetros en que los refugiados no podrán ubicarse. Si eso ocurre, señala un refugiado, “se rompen las relaciones con nuestras familias, nuestros amigos, nuestras tierras, con todo lo que hemos construido por años y que por culpa del Estado (colombiano) hemos tenido que dejar […] No es justo que por culpa de las petroleras, los narcotraficantes y los palmicultores, nos alejen de nuestras tierras. Si nos sacan de la frontera, todo esto hay que darlo por perdido”.

 

Ante las contradicciones entre las políticas del Gobierno y las Fuerzas militares, una experta en temas de frontera señala: “Parece que hay dos agendas, que no están concertadas, o el Gobierno implícitamente acepta que los militares mandan en esa región. Partiendo de la primera hipótesis, la agenda 1 es la del Gobierno; la 2, de las Fuerzas Militares. La primera promueve el desarrollo social, la segunda el control militar. En la primera se les concede a los colombianos una condición temporal de refugio, pero en la segunda se les ve como delincuentes. 

 

Los primeros hablan de proyectos sociales, los segundos de restricciones. Se les concedió el status temporal de refugiado por un año, pero los militares adoptaron formas de control sugeridas por el Comando Conjunto del Sur de Estados Unidos. Es muy difícil en un país cuando el Gobierno dice querer el bienestar de los ciudadanos y refugiados, y los militares están bajo las órdenes de los norteamericanos, o al menos eso es lo que ocurre en Sucumbíos”. Continúa: “Lo que está pasando en Sucumbíos es semejante a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación de Colombia en su componente militar. No olvidemos que ambas fuerzas militares son concebidas por el mismo ‘padre’, la Escuela de las Américas”.