La reforma más regresiva en las últimas décadas

La Ley 100 de 1993 completa más de 15 años y todavía hoy se nos dice que el problema es que no hemos sabido reglamentar “la mejor ley con los mejores principios”. En estos días, con la emergencia social decretada por el Gobierno, vuelve a ponerse al orden del día la discusión sobre si el problema es coyuntural –y si se resuelve con las medidas– o es estructural, y lo que hay que discutir a profundidad es el “modelo de salud” propuesto por la reforma de 1993, inservible para nuestro país, debiéndose concertar uno nuevo que garantice el Derecho a la Salud de todas las personas que habitan a Colombia.

 

Las medidas tomadas por el Gobierno significan para muchos la consolidación del modelo de privatización de los hospitales públicos; para otros es el fortalecimiento de las grandes aseguradoras y la defensa de los intereses de multinacionales de medicamentos e insumos hospitalarios. Los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, perciben que cada vez reciben menos servicios de salud y en cambio tienen que cofinanciar más lo que es una obligación estatal.

 

 

El problema esgrimido por el Gobierno no es nuevo. Siempre ha habido problemas en flujo de recursos, altos costos de intermediación, barreras de acceso al servicio y la mala calidad en la atención. El objetivo de las aseguradoras y de las prestadoras de servicios es dilatar al máximo el servicio y restringirlo: problemas con bases de datos, inaccesibilidad geográfica, incapacidad de las personas para pagar cuotas moderadoras o copagos. Todas las barreras posibles para evitar gastar recursos en atender a los usuarios se volvieron el manual de eficiencia de los dueños de los recursos del Sistema.

 

Las atenciones no contenidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) –que son el origen del problema esgrimido por el Gobierno– aparecen como si fueran responsabilidad de las personas que abusan del “mejor sistema de salud del mundo”. Sin embargo, lo que no se dice es que, al contrario de lo que ordenaba la ley, el Ministerio de la Protección Social y los entes encargados de la reglamentación del POS, no actualizaron el Plan de Beneficios y la UPC al perfil epidemiológico, ni con medidas costo efectivas, sino más bien respondieron a las necesidades de los grandes grupos económicos como ACEMI, que tenían asiento en el ente regidor de estos aspectos.

 

Por otro lado, cuando se analizan “las tutelas desbordadas” de que habla el Ministro, se puede evidenciar que más del 60 por ciento de ellas se invocó para solicitar servicios contenidos en el POS, que las aseguradoras no querían cumplir con sus usuarios.

 

 

Cuando la Corte Constitucional ordenó equilibrar los planes de beneficios subsidiado y contributivo, muchas personas en el país (gremios profesionales, médicos de los hospitales públicos y usuarios) no escondieron su alegría: por fin se le hacía un reconocimiento al Derecho a la Salud como Derecho Humano Constitucional, lo que debería poner en cintura a los grupos financieros aseguradores. Sin embargo, algunas pocas voces llamaron la atención sobre el peligro de no debatir sobre el modelo de salud del país y pretender responder con ese mismo modelo a la garantía del derecho a la salud.

 

Las aseguradoras y el capital financiero que las respalda no perdieron el tiempo y, en vez de preocuparse ante lo exigido por la Corte, comenzaron un trabajo de lobby político y de opinión pública para generar el ambiente propicio para convertir una amenaza –la sentencia de la Corte– en una oportunidad para seguir acumulando y encontrar nuevas oportunidades de negocio que aumentaran sus ganancias. Y aparece la Emergencia Social, porque las aseguradoras se van a quebrar por la prestación de servicios no POS… Pero, y para ser reiterativos, a finales de 2009 no parecían tan mal financieramente:

 

– Cinco EPS estaban entre las 100 empresas más grandes de Colombia. En sólo 10 años de operación, traspasaron a todos los iconos del empresariado colombiano.

- En 2007, todas escalaron posiciones de privilegio en el selecto grupo de las 100 más grandes empresas en Colombia.

- En 2007, todas las EPS incrementaron realmente sus activos.

- Todas las EPS ganaron en el consolidado 39 posiciones en el top de las 100 empresas más grandes de Colombia.

- Mientras la economía creció en un 2,5 por ciento en 2008, los ingresos operacionales de las cinco EPS más rentables crecieron en términos reales un 9,31.

 

Ahora, todas están como la pobre viejecita, sin nadita que comer, y entonces los colombianos tenemos que aportar nuevos impuestos para que conserven y profundicen las ganancias logradas en los últimos años. Vale la pena preguntarse en este punto si en la “encrucijada del alma” de nuestro salvador, las EPS y los capitales financieros que las respaldan tomaron partido por el Referendo y por su nueva reelección, y por su Ministro de la Protección Social, y si ese respaldo se transformó en la Emergencia Social. 

 

 

Pierden los territorios y los hospitales públicos. ¿Dónde queda la autonomía administrativa y fiscal de los entes territoriales cuando el administrador financiero girará directamente a EPS, sin situar Fondos para los municipios? Aumenta la centralización Se retrocede en delegación, desconcentración y descentralización, en contravía de la Constitución de 1991. Nunca hubo emergencia para salvar los hospitales públicos que se han cerrado en el país ni para el Seguro Social. La emergencia, en cambio, es para “salvar a las EPS”. ¿Les parece conocido al salvamento de los bancos y corporaciones que se hizo el año pasado en todo el mundo por “la crisis”?

 

Pierden los usuarios y los profesionales. La creación de órganos técnico-científicos que serán un filtro para las Prestaciones Excepcionales de Salud puede convertirse en una talanquera que favorezca a las aseguradoras.

 

Pierden los usuarios, que tienen que pagar con impuestos al consumo la emergencia social y también aumentar el gasto de bolsillo, pues, si se enferman, de lo que no esté contenido en el POS tendrán que pagar con sus cesantías, con sus ahorros, con sus bienes, o bien con sangre, plasma u órganos la osadía de enfermarse. Cómo plantea Jaime Peláez, “el mecanismo de Prestaciones Excepcionales de Salud es un eufemismo que inaugura la restricción a servicios necesarios y desplaza de tajo la posibilidad de recurrir a la tutela para acceder a la mediana y la alta complejidad en salud”*. El derecho a la salud desaparece y se vuelve artículo de lujo.

 

Ganan los conglomerados financieros, pues la gente de las clases media y alta tendrá que buscar la medicina prepagada para cubrir las contingencias. Lo que conduce al doble aseguramiento: el POS para cubrir lo general y las prepagadas para las contingencias. Los pobres simplemente tendrán que morirse. 

 

Esto quiere decir que perdemos todos los colombianos, pero no desde ahora sino desde 1993, cuando dejamos que se impusiera un modelo en el cual el derecho a la salud se convirtió en un bien transable, donde los que ganan son los agentes económicos con mayor poder: las EPS y el capital financiero que las respalda. 

 

Tarea prioritaria 

 

Revisar el modelo de salud que le conviene al país y su modelo de desarrollo para resolver la pobreza, el desempleo, la informalidad, la desigualdad y la inequidad es la tarea presente. No se trata de pelear para echar a atrás la emergencia social, porque vendrán otras medidas propuestas por las EPS, ACEMI, el centro de gestión hospitalaria, etcétera –todas con el discurso del conocimiento científico-técnico, de la costo-efectividad y la escasez de recursos para grandes necesidades en salud–, para seguir ganando dinero asaltando el derecho a la salud. Se trata de frenar ya el modelo de la Ley 100 y proponer una discusión sobre un modelo realmente basado en el derecho de todos y de todas. Esto se cruza también por romper la hegemonía y el contubernio entre el capital financiero y la clase política para seguir ganando con la desgracia de los pobres y los trabajadores del país.

 

* Algunos datos y argumentos de este recuadro provienen de la presentación del Dr. Jaime Alberto Peláez Quintero en el Foro que realizó la Facultad Nacional de Salud Pública.