El debate por la seguridad y la violencia en Medellín, trasciende el plano de la aparente realidad y penetra los hilos del poder. La sociedad civil debe ser más activa.
El 10 de febrero de 2010, los medios de comunicación soltaron la chiva: a partir de la iniciativa de una comisión de notables, unos personajes que son buscados por el gobierno nacional y local como jefes de bandas, alias Valenciano y alias Sebastián, además del hoy detenido Frank Triana, habían suscrito una tregua que comenzaba a regir desde el 10 de febrero para detener los enfrentamientos entre ellos y que trascendían no sólo a Medellín sino asimismo en el Valle de Aburrá.
La noticia explotó y llevó al Alcalde de Medellín a exponer públicamente el nombre de los comisionados (no sin antes advertir que conocía del tema pero se mantenía al margen del mismo, porque su apoyo era para el cuerpo policial): Francisco Galán (reconocido ex miembro del eln), Jaime Jaramillo Panesso (con una extensa carpeta institucional en materia de reconciliación y paz), Jorge Gaviria (ex asesor de Paz de Medellín y hermano de José Obdulio Gaviria) y monseñor Alberto Giraldo (hombre de humanidades).
La comisión, expuesta, devela en rueda de prensa algunos detalles sobre los acercamientos con estos señores pero advierte un aspecto de trascendencia: todo se realizó con autorización expresa y escrita de Frank Pearl, asesor de Paz, es decir, con pleno conocimiento y el aval del presidente Álvaro Uribe. Y expone con contundencia la disminución en la tasa de homicidios en Medellín y el Valle de Aburrá (luego, la Secretaría de Gobierno de Medellín exhibió un descenso del 50 por ciento entre enero y febrero –debe ser mayor, puesto que estas son cifras totales, no sólo las atribuibles al conflicto). El acuerdo ostentaba tres puntos: No matar, no pagar para que maten y “encaletar” las armas. El segundo punto, aunque extraño, es relevante, toda vez que alias Valenciano no tenía una estructura para sus quehaceres delictivos y debía pagar para ello. Es importante aclarar que la tregua tenía por soporte la vida, no la cesación de hechos delictivos.
Con el tema expuesto, se deviene un sinnúmero de declaraciones de apoyo al Plan Cuadrantes de la Policía (plan reciente cuyo espíritu consistía en detener los índices delincuenciales en el Valle de Aburrá) por parte del Alcalde de Medellín y reclamar resultados, al igual que del Comandante de la Policía Metropolitana e incluso de la Policía Nacional. Por su parte, algunos funcionarios de la ciudad defendían los resultados de la tregua. Parecen hechos lógicos por parte de todos: unos reclaman autoría institucional, y para otros la disminución en los homicidios les es altamente rentable política y económicamente.
Pero el gran salto lo da la Presidencia de la República, cuando a través del Comisionado de Paz advierte que la autorización demandaba sometimiento (lo que no es cierto, como lo demostraron físicamente los integrante de la Comisión). Eran pasos de avanzada para retirar la autorización, como efectivamente se dio, dejando a la Comisión en una especie de riesgo jurídico que podía tipificarse como concierto para delinquir (sin mucho asidero jurídico), pero que la llevó a replantearse su rol en Derecho y que comenzó a postular desde la propia Constitución, que ordena a los ciudadanos “defender la paz” (art. 22), y que en su papel de representantes de la sociedad civil, o un sector de ella, seguirían haciéndolo. Hasta aquí la cronología
Tres de cuatro no está mal
Desde esa misma fecha, el gobierno nacional autorizó a la Iglesia para que adelantara acercamientos en todo el país, con un primer ejemplo en Montería. La comisión, aprovechando un rosario por la vida en la zona nororiental, convocado conjuntamente por la Iglesia y combos del sector, se decidió por ese camino y adelantó gestiones ante la Arquidiócesis de Medellín para realizar uno de mayor envergadura en la Metropolitana. ¿Y los estamentos civiles?
En reuniones con alcaldías, concejos municipales y otras organizaciones eran informados de las buenas acciones de la comisión de notables. Ahí, la Comisión perdió la pelea por la independencia y se sometió a las pautas presidenciales. Perdió su fuerza y su esencia civil, y entró en un bache del que quizá no salga. Claro está que en un comunicado público de Sebastián y Valenciano se manifiesta la intención de continuar la tregua luego de revocada la autorización a la Comisión.
Pero esa manifestación tiene una realidad: menos muertes favorecen a ambos bandos: el desgaste de una guerra incesante que tocaba a hermanos y familiares ya no daba más: fue la razón natural de la tregua, pero trae beneficios adicionales, comerciales y de seguridad, de eso no hay duda. Pero, ¿sometimiento? No ante las autoridades colombianas, está claro. Por eso aceptaron la invitación inicial de los comisionados.
Pero, ¿por qué la Comisión omite acciones de compromiso civil de carácter propositivo como tomas de calles, de barrios, cabildos abiertos, foros permanentes, todo ello por la vida? ¿Por qué con el reconocimiento logrado no lidera propuesta contundente para que grandes movilizaciones como las realizadas en España y Sicilia sucedan y se desate una presión social de gran envergadura para detener este rótulo de muertes cíclicas? ¿Por qué no lidera movilizaciones institucionales en los concejos municipales y simplemente les informa a sabiendas de que ello blindaría a los alcaldes del Valle de Aburrá para que desde su propia institucionalidad aprueben cualquier manifestación a favor de la vida, sea cual fuere su nombre: tregua, acuerdo, manifiesto conjunto, intento de reconciliación o cualquier otro?
La institucionalidad debe respaldarse mutuamente o, si no, midan las implicaciones en el sistema si, por ejemplo, el alcalde de Medellín desconoce la labor de la Policía. Pero una cosa es verdad: hoy puede dedicarse a otros frentes en el tema de seguridad (incluye la captura de Sebastián y Valenciano, y cada muerte menos es un costo político menos para él y el candidato Sergio Fajardo).
De ahí la pregunta ¿Hizo Uribe una jugada política al llevar el tema a la Iglesia y aprovechar su cercanía por lo menos con tres de los integrantes de la Comisión sometidos a sus designios? Recordemos los integrantes: Jorge, hermano de José Obdulio Gaviria; monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo (quien reemplazó al integrante original y es muy conocido por su cercanía a la doctrina papal benedictina); y Jaime Jaramillo Panesso (hombre con su corazón en el Presidente). De alias Pacho Galán, el cuarto integrante, difícilmente pude asegurarse lo mismo. Es necesario advertir que el movimiento del representante de la Iglesia transforma totalmente su participación en la Comisión, pues es bien sabido que monseñor Giraldo ha sido afecto a la doctrina social de la Iglesia pero con asomos de Teología de la Liberación en algunas oportunidades. Tres de cuatro no está mal.
Sin abusar de nuestra memoria, en la visita de Andrés Felipe Arias a Medellín en su campaña, concentró la atención en atacar la política de seguridad del alcalde Salazar, sucesor de Sergio Fajardo, su ahora contrincante a la Presidencia. Los señores Vargas Lleras y Juan Manuel Santos tampoco han sido tímidos en el tema. Todos tienen una causa común con el presidente Uribe: mano dura y cero negociaciones públicas y con algunos sectores. “Capturas y bajas, mis generales”.
Con el desplazamiento del tema a la iglesia católica, el Gobierno adquiere maniobra, y con el guiño a la Comisión se quita un problema de encima, porque se veían venir otras propuestas similares en el orden nacional. Manifestaciones en ese sentido se dieron a conocer desde Cali, por ejemplo.
¿Quiénes son los grandes perdedores con esta posición? Los candidatos alternativos como Fajardo y Mockus, entre otros. Son candidatos que proponen autoridad pero creen en la civilidad. Su propuesta no puede reflejar, así tengan coincidencias ocasionales, la posición uribista.
La Comisión ha sido validada como la mesa por la vida, que le sirvió para nacer, pero debe abandonar ese papel. Es hora de que el ejercicio social supere la coyuntura con hechos políticos, que permitan que la tregua se sostenga pero que la sometan a los designios de un movimiento popular, social y académico con jerarquía. Ya se conocen ejercicios muy interesantes como “el día sin muertes” en Medellín, y que, pese a que no alcanzó el número 0, mostró una disminución en las cifras.
De cualquier modo, el tema supera a Medellín, y los movimientos deben desarrollarse en la totalidad de la región, si no se quiere caer en prácticas focales de mediano alcance.
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