El último día del mes de julio fue suspendido por 10 espacio de meses Luis Miguel Cotes gobernador del Magdalena, gracias a la viciada licitación de la Vía de la prosperidad que cruza por su departamento,en la cual beneficiaba al consorcio Rivera Este, dentro del que tiene intereses la familia de José David Name, actual presidente del Senado de la República.
El jueves 31 de julio sonó la nota final del acordeón de Luis Miguel “el mello” Cotes en la gobernación del departamento del Magdalena. Una decisión de la Procuraduría primera delegada para la contratación pública lo removió de sus funciones, al demostrar que la licitación que otorgó la construcción de la Vía de la prosperidad, que transita por el Magdalena, fue adjudicada modificando las exigencias a los proponentes, para favorecer al consorcio Rivera Este, además el departamento no contaba con el total de recursos necesarios para adelantar la obra.
El entierro del gobernador
Luis Miguel Cotes Habeyches conocido en la costa Atlántica por dos razones: la primera, por ser heredero del clan de los Cotes, encabezado por su padre Álvaro y su tío Luis Miguel Cotes Vives, apodados “los conejos”, conocidos empresarios y varones electorales en la región, involucrados en la financiación y apoyo de personajes como el exgobernador Trino Luna y el ex alcalde de Santa Marta, José Francisco “Chico” Zúñiga -quien además es su cuñado- condenados por su nexos con el paramilitarismo; la segunda, “el mello” es un referente de la parranda samaria, desde los cuatro años toca acordeón y estuvo dispuesto a alejarse de sus estudios universitarios en Administración de Empresas en la Universidad del Norte de Barranquilla para profesionalizarse en su labor musical. Sin embargo, sus aspiraciones reñían con los intereses de su familia, la que decidió realizar un concurso entre “el mello” y su hermano Álvaro para decidir quien sería el heredero político de la dinastía, de esta manera Luis Miguel terminó por convertirse en 2007 en diputado a la Asamblea del Magdalena y en 2010 gobernador del departamento.
En la carretera. El 8 de enero de 2013 fue abierta la licitación LP-DM-07-2012 para construir la Vía de la prosperidad que bordearía 52.6 kilómetros del río grande de la Magdalena, abrazando a los corregimientos de Palermo y Guaimaro que están atravesados por el nudo del municipio de Sitio Nuevo. La carretera era una antigua promesa para el campesinado y los ganaderos del departamento, agilizando el paso desde el interior de la región hasta la costa Atlántica, además de funcionar como dique para evitar las inundaciones en el margen oriental de la principal arteria fluvial del país. El costo inicial proyectado de la carretera fue por 466.000 millones de pesos, de los cuales 200.000 saldrían de las regalías del Magdalena y el resto del presupuesto sería derivado del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte. Tres fueron los consorcios presentados para hacerse con este jugoso negocio: la Unión Temporal Vial del Magdalena, el Consorcio de la prosperidad Magdalena y el Consorcio Rivera Este, el cual terminó ganando la licitación.
Los problemas comenzaron rápidamente. El 13 de agosto de 2013, el juzgado 34 civil de Bogotá ordenó paralizar el proceso de desembolsos al consorcio Rivera Este por parte de la gobernación. Sin embargo, menos de un mes después el Tribunal Superior de Bogotá, junto con el juzgado 12 laboral del circuito de Barranquilla, revocaron el fallo del juzgado 34 civil, permitiendo que el gobernador Luis Miguel Cotes girara el 2 de enero de 2014 un anticipo de 66 mil millones al Consorcio Rivera Este, a pesar de las contradicciones con el Invías y de las declaraciones de la directora de regalías del Departamento Nacional de planeación –Amparo García– quien afirmó “pedimos a la gobernación no hacer desembolsos hasta la definición legal de este proyecto, y hasta hoy ese proceso contractual no ha sido resuelto”.
La situación se agudizó, pues el fallo del Tribunal Superior de Bogotá llevó a que la ministra de transporte Cecilia Álvarez-Correa radicara una tutela de consulta ante la Corte Constitucional, cuyo fallo suspendió de manera provisional el proceso de construcción de la Vía de la prosperidad. La novela, que no termina ahí se tensó cuando la máxima entidad de control constitucional concluyó que el procedimiento de otorgamiento de la vía fue irregular, ante lo cual el 11 de marzo del año en curso a las 5:48 pm se firmó el acta de suspensión de la vía de la prosperidad, sólo 3 minutos después de firmada el acta de inicio del contrato 617 con el cual quedaba habilitada la construcción de la misma.
Es en este contexto que la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo a Luis Miguel Cotes Habeych por 10 meses. Es decir, hasta mayo 28 de 2015, dejando al clan de los Cotes en una profunda debilidad para la campaña electoral regional del próximo año que ya remueven la política nacional. Junto con el gobernador fueron sancionados Claudia Janeth Orjuela, asesora jurídica, quien elaboró y estructuró la licitación, y el secretario general de la gobernación, Rodolfo Enrique Sosa, quien en la fecha ostentó la calidad de gobernador encargado y abrió el proceso licitatorio para la construcción de esta vía.
La vía de la prosperidad sus problemas, más que contractuales
Según la Contralora Sandra Morelli, en advertencia publicada en diciembre de 2013, la construcción de la Vía de la prosperidad –tal y como está planeada– dañaría el Sistema Delta estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, conllevando la destrucción de un sistema de acuíferos del que incluso proviene el agua que consumen los samarios.
Así, en palabras de la Contralora se produciría un daño en el “ingreso de los flujos de agua y el nivel del río Magdalena en época de crecientes, lo cual podría llevar a que las aguas inundaran zonas que antes no presentaban esta situación y que, por lo tanto, no están protegidas de forma correspondiente para tales eventos”. Palabras más palabras menos, para desinundar algunas zonas premeditadamente se avocaría a la inundación del margen izquierdo del río, próximo a Barranquilla, afectando a cultivadores, ganaderos y campesinos de la región.
A los dilemas ambientales deben sumarse el hecho que la licitación fue otorgada al Consorcio Rivera Este representada por Gary Rivero Espitia, quien en 2010 fungía como gerente de la firma Coinses S.A. que hizo parte de la concesión Unión Temporal Plazas que recibió el contrato No. 0135-2010-000272 de $37 mil millones para la mejora de 16 plazas y parques del departamento del Magdalena, el mismo que terminó incumplido.
Adicionalmente, el consorcio Rivera Este está compuesto por las empresas Assignia Infraestructura, Compañía de Seguros y Negocios S. A., Constructora FG S. A. y Consultores del Desarrollo S. A. (Condesa), esta última representada po rManuel Gómez López, pero en verdad dirigida por la familia Name, de la cual procede el presidente del Congreso, senador José David Name.
La firma Condesa S.A es una de los grandes actoras en el mundo de las concesiones, a ella le han otorgado obras como la nueva vía Cartagena-Barranquilla y la interventoría del Proyecto Hidroeléctrico Porce III en Antioquia. Empresa, por demás,instituida como la base de múltiples escándalos entre ellos la entrega de 150 millones de pesos para financiar el proceso de recolección de firmas del referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez en 2010.
Como sucede desde siempre en nuestro país, política y negocios, nepotismo y corrupción, poder y economía, están finamente ligados. ¿Hasta cuándo seguirá siendo esta la tónica en esta democracia de papel?
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