El procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, arribó hoy a Ferguson, Misuri, por órdenes del presidente Barack Obama, para supervisar la investigación federal de la muerte del joven afroestadunidense desarmado Michael Brown por un policía blanco el pasado 9 de agosto, lo cual ha detonado protestas y enfrentamientos durante los últimos 12 días en escenas que muchos han calificado de zona de guerra.
Mientras Holder prometió una investigación plena sobre la muerte de Brown, lo que ha captado la atención nacional e internacional no es sólo el incidente en sí –algo no tan inusual en este país–, sino la respuesta violenta de las autoridades locales al enfrentar los disturbios con fuerzas de seguridad pública equipadas y capacitadas como si fueran un ejército de ocupación.
Eso ha provocado –junto con la investigación de la muerte del joven– un debate nacional sobre las consecuencias de la militarización de las policías en este país, algo que se ha acelerado desde que se declaró la guerra contra el terrorismo a partir del 11 de septiembre de 2001.
El presidente Barack Obama declaró el lunes que ante lo sucedido en Ferguson se tiene que mantener la distinción entre la policía y los militares, ya que hay una gran diferencia entre nuestros militares y nuestra seguridad pública local, y no queremos que esas líneas se hagan borrosas.
Hace unos días, Holder también señaló que en momentos en que se tiene que restablecer la confianza entre las fuerzas de seguridad pública y las comunidades, estoy muy preocupado de que el despliegue de equipo y vehículos militares envíe una señal conflictiva.
La militarización de las fuerzas policiacas locales es cada vez más visible, por ejemplo, con las operaciones de las unidades esencialmente paramilitares llamadas SWAT en la gran mayoría de ciudades (según algunos informes, se realizan unos 50 mil operativos de SWAT cada año), pero también en respuestas policiales represivas a las manifestaciones altermundistas en Seattle y Washington en 1999 y 2000, y más recientemente contra el movimiento Ocupa Wall Street, entre otros.
Con la declaración de la guerra contra el terrorismo se intensificó la militarización de las fuerzas de seguridad civiles, hasta el punto en que el mismo equipo militar empleado en las guerras de Irak y Afganistán ahora está desplegado en las calles de Estados Unidos.
El Departamento de Defensa fue autorizado en 1990 a trasladar equipo militar excedente a policías locales, estatales y federales, inicialmente con la justificación de la guerra contra las drogas. En 1997 se amplió este programa para incluir esfuerzos antiterroristas, explica una investigación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El monto de equipo militar trasladado a fuerzas locales de seguridad pública se ha disparado: en 1990 el Pentágono entregó un millón de dólares de equipo, para 2013 el total fue casi de 450 millones. En total el programa ha trasladado más de 4.3 mil millones en equipo a policías estatales y locales.
Después del 11 de septiembre, no sólo se continuó el programa de traslado de equipo militar, sino que el Departamento de Seguridad Interna empezó a ofrecer fondos a policías locales para la compra de armas y equipo tipo militar; hasta la fecha ha distribuido más de 34 mil millones en estos fondos con los cuales policías locales han comprado desde rifles de asalto hasta drones, transportes y tanquetas blindados y artillados e incluso un tanque militar, según una investigación del Centro para el Periodismo de Investigación.
En la región del condado de San Luis, Misuri, incluido el suburbio de Ferguson, se han gastado más de 9 millones de los fondos federales para equipar las fuerzas policiacas locales, que incluye helicópteros, aparatos de visión nocturna y armadura corporal. Más allá de eso, el Pentágono ha trasladado camiones blindados, aeronaves, ametralladoras y más. En los acuerdos oficiales para la compra y uso de este equipo el enfoque es terrorismo, pero no hay prohibición para su uso en otros tipos de disturbios, reportó el New York Times.
La militarización policial es una creciente amenaza nacional. Si el gobierno federal no actúa para detenerlo, el futuro de la seguridad pública en todas partes se verá muy parecida a la de Ferguson, afirman los investigadores Elizabeth Beavers y Michael Shank, de la organización anti-guerra Comité de Amigos sobre Legislación Nacional, en un artículo de opinión publicado por el Times.
La policía estadunidense se ha vuelto innecesaria y peligrosamente militarizada a través de los programas federales, concluye ACLU en su informe sobre el tema emitido en junio y advierte que “la militarización de tareas policiacas lleva a que oficiales adopten una mentalidad ‘guerrera’ y considerar como enemigos a la gente que supuestamente están sirviendo”. El informe.
El envío de Holder elevó el perfil de la participación federal en los acontecimientos en Ferguson, donde más de 40 agentes de la FBI ya estaban realizando una investigación en paralelo con la de las autoridades locales. Holder subrayó que a diferencia de la investigación criminal de autoridades judiciales locales, su investigación se enfocará en posibles violaciones de leyes federales sobre derechos civiles.
Holder, en una carta abierta a la comunidad publicada en el St. Louis Post Dispatch, se comprometió a impulsar una investigación que será plena, imparcial e independiente y que más allá de esta tarea buscará trabajar con la policía local, líderes de derechos civiles y con el público “para asegurar que esta tragedia pueda permitir un nuevo entendimiento –y acción robusta– destinado a establecer puentes sobre las brechas persistentes entre oficiales de seguridad pública y las comunidades que servimos”.
Holder llegó a Ferguson después de lo que autoridades locales consideraron una noche más tranquila que las anteriores, a pesar del arresto de otras 47 personas. Se han hecho 155 arrestos desde el inicio de las protestas.
A la vez, el proceso judicial estatal para la formulación de cargos contra el agente de policía Darren Wilson, quien mató a Brown, dio inicio hoy ante un gran jurado.
Advertencia internacional
Cuando el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó este lunes a que las autoridades aseguren la protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y libertad de expresión, la sorpresa es que se refería a Estados Unidos en el caso de los sucesos en Misuri. Su vocero, Stepahne Dujjaric, agregó que el titular del organismo mundial también instó a las autoridades de seguridad pública a cumplir con las normas estadunidenses e internacionales en el manejo de los manifestantes.
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