El “Plan reglamento” aplicado desde el pasado 4 de agosto por el sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–, y las huelgas de hambre declaradas por más de 5 mil reclusos concentrados en las carcelarias de doce departamentos, colocan de nuevo el dedo en la llaga de la crisis carcelaria que desde hace más de 16 años padece el país, y sufren de manera directa quienes terminan encerrados en los llamados “centros de resocialización”.
Quemando colchonetas, las docenas de detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata –URI– de Los Mártires de la ciudad de Bogotá, protestaron este lunes 27 de octubre por el hacinamiento que padecen en el centro de reclusión, debido al congelamiento de traslados y remisiones ocasionado por el “Plan Reglamento” ordenado por sindicato del Inpec.
Un barrido realizado por la Defensoría del Pueblo, a través de sus 36 regionales en el país, logró establecer que la tercera parte de la población reclusa, es decir alrededor de 52 mil internos, han sufrido alguna afectación por la parálisis. Lo que también ha provocado una ola de inconformismo por parte de éstos, desencadenando jornadas de desobediencia civil y huelgas de hambre, como ocurre en los centros de reclusión de Cómbita y La Dorada. Acciones que buscan denunciar públicamente el pésimo tratamiento al régimen de visitas, las condiciones de hacinamiento, la falta de atención en salud y los problemas de alimentación que padecen, todo lo cual han sido valorado una y otra vez por la Defensoría del Pueblo y por los mismos jueces como una violación sistemática a los derechos humanos.
El caso más reciente que evidencia la constante violación de sus derechos –en verdad el conjunto de la Carta de Derechos Humanos–, puede constatarse con la muerte del recluso José Luis Polo, ocurrida el sábado 25 de octubre como resultado de un tratamiento médico inadecuado. Según los familiares del detenido, Polo ya había ganado varias acciones de tutela que ordenaban su atención médica, ya que padecía una afección pulmonar. Sin embargo, a pesar de los fallos a su favor, no hubo una atención y tratamiento oportuno, por lo que su estado de salud se deterioró y fue solo a través de la intervención de la Defensoría del Pueblo que fue valorado y diagnosticado con tuberculosis avanzada.
Debido a la crisis por la que pasa el sistema carcelario, los presos crearon el Movimiento Nacional Carcelario, que también cuenta con un pliego de exigencias dirigidas al Gobierno Nacional, dentro de las cuales se cuenta la instalación de una mesa de concertación como espacio de diálogo en donde garanticen la solución al problema carcelario como conjunto, pero además, donde también existen demandas puntuales como la aprobación del proyecto de ley de rebaja de penas, beneficios administrativos para cada preso, visita semanal de ocho horas y dignificación de las mismas, y solución definitiva e inmediata a las condiciones de salud.
Entre las cárceles más grandes sumadas a esta protesta están La Ternera de Cartagena, La Modelo de Bogotá y Tramacúa, en Valledupar.
Ya desde el 24 de agosto, el defensor del pueblo, Armando Otálora, había efectuado un llamado a las instancias gubernamentales “esta es una ausencia de políticas de Estado, no de este Gobierno, de todos los gobiernos, por eso le hemos planteado al Gobierno Nacional que tiene que acudir a la figura de emergencia social. No podemos hablar de respeto, de reconciliación, de procesos de paz, cuando por el otro lado les estamos maltratando y desconociendo sus derechos”.
Escuche la carta de un preso de la cárcel La Picota, miembro del Movimiento Nacional Carcelario:
https://soundcloud.com/zonapublicatv/carta-de-un-preso-de-la-picota-perteneciente-al-movimiento-nacional-carcelario
¿Por qué se reanudó el “Plan Reglamento” del sindicato del Inpec?
El reclamo inició el 17 de mayo de este año, mes en que La Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP declaró el “Plan reglamento” de manera ‘indefinida’, hasta que se cumplieran los cuatro puntos exigidos en su pliego: garantías laborales –como reclasificación–, nivelación salarial y derecho a pensión para determinados funcionarios y el fortalecimiento institucional en temas de vehículos, cursos para los guardias, armas y transporte.
El “Plan reglamento” aplicado por el sindicato del Inpec causó en pocos días el congelamiento del sector judicial; el 28 de mayo el Gobierno firmó el pliego de peticiones, comprometiéndose a cumplir las demandas elevadas por la organización sindical. Sin embargo, luego de meses de incumplimiento, la UTP decidió retomar el “Plan reglamento” en búsqueda de soluciones concretas.
Los cuatro problemas que hoy enfrentan los presos
Un acumulado de años. En 1997 un ciudadano alemán recluido en la cárcel de Barranquilla sufrió un grave deterioro en su salud debido a que el centro penitenciario no contaba con baños para personas en sillas de ruedas, como él. La solución del Inpec fue trasladar al recluso a La Picota, donde tampoco existían las condiciones para una persona en silla de ruedas. El agravamiento de su situación obligó a un acuerdo con la Embajada Alemana y trasladarlo a su país natal.
Fue este hecho el que produjo que en 1998, la Corte Constitucional declarara un fallo de tutela sobre las violaciones a los derechos fundamentales que padecían los internos en todos los centros penitenciarios del país. La sentencia T-153 ordenó remediar la situación de forma urgente, debido a que según sus declaraciones “en las cárceles colombianas se vivía un estado de cosas inconstitucionales”, sin embargo, luego de 16 años de este fallo, la crisis en los centros de reclusión sigue y se agrava.
Las principales problemáticas que enfrentan los presos, pueden resumirse, según la Defensoría del Pueblo, en cuatro aspectos: la atención en salud, que es precaria, entre otros centros de reclusión en el de Anayanci –Quibdó–, donde desde mayo de 2014 no hay personal médico, no tienen farmacia ni medicamentos para reclusos con tuberculosis, VIH, hipertensión o diabetes; la infraestructura carcelaria, retomada en un fallo de la Corte donde señala, como ejemplo, que 158 reclusos de La Picota de Bogotá tenían que realizar su visita conyugal, en un mismo día, turnándose en una sola celda; el hacinamiento, en muchas ocasiones superior al 150 y más por ciento; la falta de proyectos de reintegración social, y la ausencia de programas de resocialización y reinserción adecuados para que los reclusos puedan volver a integrarse a sus comunidades al finalizar su condena.
Por su parte, el último pronunciamiento del director del Inpec ante la situación que padece el sistema carcelario, fue realzar ante la W Radio la disminución, en lo que va de este año, de un 9 por ciento del hacinamiento en cuestión, agregando que “los sindicados son quienes crean el hacinamiento”.
Las peticiones de la UTP y del Movimiento Nacional Carcelario aún están a la espera de ser atendidas. Mientras tanto, y como se ha dicho tantas veces y durante tantos años, el sistema carcelario enfrenta “la mayor crisis carcelaria de la historia”, según la afirmación del Defensor del Pueblo.
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