La Fiscal, en el dilema de la justicia humana

¿Cumplirá la nueva funcionaria la tarea de impulsar los procesos contra los responsables de la corrupción y la violación de los derechos humanos?

El pasado 2 de diciembre, al filo de la medianoche, la abogada Viviane Morales Hoyos fue elegida Fiscal General de la Nación. Esta decisión se tomó luego de 25 votaciones en las cuales la Corte Suprema de Justicia no logró ponerse de acuerdo para elegir de las dos ternas de abogados conformada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte había argumentado que los ternados no reunían los requisitos para Fiscal General, debido a que “no eran penalistas”. Otros comentarios publicados en los medios hacían alusión a que la Corte no escogía el Fiscal por las contradicciones entre ésta y Uribe, que se manifestó en ataques, montajes y chuzadas ilegales por los ocupantes de la “Casa de Nari”.

La designación de una tercera terna por el gobierno de Santos había sido criticada por juristas cercanos al uribismo, diciendo que el Ejecutivo no tenía facultades para conformar una nueva, pues esta facultad se había agotado y sólo se podía hacer si renunciaban los ternados, amenazando con demandar su conformación. A estas críticas les salió adelante el nuevo ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien informó que el Gobierno le había solicitado concepto a la Sala Civil del Consejo de Estado, que conceptuó que el Gobierno tenía facultad para cambiar la terna, por lo cual la decisión se hallaba blindada.

Por todo lo anterior, la elección de Viviane Morales dio la sensación de alejamiento, e incluso de confrontación, del nuevo gobierno de Santos con su antecesor. La opinión pública, hastiada de la corrupción galopante y la confrontación con el poder judicial, celebró la nueva terna y la elección de la Fiscal, que auguraban una entidad independiente de la anterior administración, lo que supondría garantizar que ahora sí se adelantarán las investigaciones judiciales por la exacerbada corrupción, el pillaje, el fraudes y demás carruseles de delitos del anterior gobierno.

La impunidad como oficio

La Fiscalía en la era Uribe no podía haber sido más desastrosa para la justicia. Durante el primer gobierno de Uribe, estuvo presidida por Luis Camilo Osorio, quien actuó como aliado del paramilitarismo. Desde su llegada, desvertebró la Unidad Nacional de Derechos Humanos, despidiendo a connotados fiscales que contra viento y marea adelantaban procesos por centenares de desapariciones y masacres, a lo cual se sumó la participación de la fuerza pública en esta diabólica alianza que posibilitó el desarrollo del paramilitarismo y la realización de miles de crímenes.

Las primeras víctimas de este protector del paramilitarismo fue el equipo de fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que investigaba al ex general Rito Alejo del Río y había ordenado su captura. Por este golpe al “pacificador del Urabá”, sobre quien recae un mayor número de muertos y crímenes atroces que sobre el general Pablo Morillo, fueron destituidos por el fiscal Osorio, quien entonces se desempeñaba como Vicefiscal, Pablo Elías González, quien tuvo que asilarse en Canadá; Pedro Díaz Romero, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos; Virgilio Hernández, quien había coordinado la Unidad de Derechos Humanos; Lucía Luna Prada, Carmen Maritza González, fiscales que habían recopilado un conjunto de declaraciones en las que se afirmaba que el general Del Río había participado en la conformación de grupos paramilitares. Y también Fernando Niño, quien dirigía la central de información del CTI y estuvo al frente de la detención del ex general.

El paso siguiente del fiscal Osorio fue asumir directamente la investigación contra Del Río y encargar de su trámite al entonces fiscal delegado ante la Corte, Guillermo Mendoza Diago, quien proyectó la preclusión contra el ‘pacificador’ que firmó el fiscal Osorio, dejando en la impunidad todo el proceso del criminal desarrollo del paramilitarismo en Urabá en tiempos de Uribe como gobernador de Antioquia y Rito Alejo del Río como comandante de la XVII Brigada con sede allí.

La impunidad del paramilitarismo en tiempos de Osorio fue total. Entre las muchas investigaciones que no se hicieron en estos ocho años, se cuenta la entrega de las fiscalías al paramilitarismo en muchos departamentos, como sucedió en Norte de Santander con Ana María Flórez, designada jefe de Fiscalías de Cúcuta, ahora prófuga e investigada también por vínculos con los ‘paras’, por homicidios, aun el de su propio esposo, y de integrantes del CTI de aquella ciudad; o el caso de Antioquia, con Guillermo León Valencia Cossio (hermano de Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior de Uribe), destituido director de Fiscalías de las ciudades de Medellín y Tunja, procesado por vínculos con la ‘oficina’ de Envigado, y el paramilitarismo en Córdoba, Sucre y otros departamentos.

Al terminar su período Luis Camilo Osorio, asumió la Fiscalía el doctor Mario Iguarán, quien ejerció funciones entre agosto de 2005 y 2009, para ser reemplazado como encargado –desde el 29 de julio de 2009 y durante 14 meses– por el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, quien deja un balance poco satisfactorio, pese a que durante su gestión se evidenciaron algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos, como fueron los más de 2.500 homicidios fuera de combate cometidos por integrantes del ejército nacional; las chuzadas, amenazas terroristas, seguimientos y montajes por el DAS contra la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, y el escándalo por la entrega irregular de miles de millones de pesos a los amigos del presidente Uribe y sus ministros de Agricultura, el pincher Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, a narcotraficantes y hasta reinas de belleza, a cambio del apoyo a sus candidaturas políticas.

Pocas capturas se produjeron por estos macroescándalos hasta el momento de abandonar su cargo Mendoza Diago, y, lo peor, sus responsables, los ex ministros de Agricultura (Agro Ingreso Seguro), de Defensa, y comandantes militares (miles de muertos fuera de combate) siguen orondos, sin ser procesados, capturados y condenados por sus graves crímenes; y la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado (chuzadas, seguimientos, montajes e intimidaciones a la Corte) anda huyendo (ante la negligencia del fiscal Mendoza de imputarle delitos y solicitar su captura) en Panamá, donde el gobierno igualmente corrupto le brinda protección diplomática a solicitud de su amigo Uribe Vélez. El fiscal Mendoza Diago aparenta hacer justicia con las capturas de algunos corruptos de baja categoría, mientras les garantiza impunidad a los cabecillas, como los ex ministros Arias y Palacios, a comandantes militares como Mario Montoya, a ex funcionarios de la Casa de Nari como Bernardo Moreno y Edmundo del Castillo, o ex asesores presidenciales como José Obdulio Gaviria.

Era tan evidente la complacencia de la Fiscalía con la parapolítica, que los congresistas investigados y capturados por la Corte Suprema de Justicia renunciaban inmediatamente al fuero, a sabiendas de que Mendoza Diago les garantizaba la detención domiciliaria o la libertad inmediata. Al respecto, basta recordar la desfachatez respecto a los procesos contra Mario Uribe (primo del presidente Uribe), Zulema Jattin, Miguel Pinedo Vidal y decenas más que se acogieron a la benevolencia de Mendoza Diago, como lo hizo en los estertores de su mandato con sus paisanos sucreños del grupo Nule, a quienes también les permitió huir a Miami y Panamá, adonde iba a negociar con ellos los principios de oportunidad en vez de solicitarlos en extradición.

Ahora, una Fiscal

Con estos antecedentes, con un ambiente de abierta desconfianza ante la efectividad de la justicia, ocurre la elección de Viviane Morales como Fiscal General por un período corto de dos años y medio. De inmediato, la elección sembró esperanzas de una gestión transparente que haga justicia sobre los escándalos de corrupción y crímenes del pasado gobierno. Pero tales esperanzas, a pocos días de su posesión, tienden a desvanecerse. Es cierto que hay que dejarla actuar, pero algunos procederes chocan contra aquello que dicen “es lo último que se pierde”, y el pueblo colombiano necesita justicia para que disminuyan el crimen y la corrupción, y para que renazca la esperanza.

Sin embargo, han aflorado circunstancias que ponen en duda su independencia del uribismo, sobre las que deben recaer las investigaciones hacia lo pasado. Sobre las actuaciones del actual gobierno Santos, se abre también un compás de espera, ya que no se puede juzgar lo que todavía no ha sucedido, y ojalá no suceda, pero, si sucede, será difícil que investigue al gobierno que la ternó. La Constitución no da otra opción para elegir Fiscal.

Hoy se sabe que Uribe Vélez había considerado a Viviane Morales para incluirla en la terna enviada a la Corte Suprema de Justicia, pero que había declinado por petición del cruzado y fanático Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación, quien la habría vetado por no ser católica sino cristiana, en un acto ilegal de discriminación religiosa. Pero también resulta preocupante pensar que Uribe Vélez no tenía distancia jurídica ni política con la presunta candidata. Ya antes la había designado en una comisión para proponer reformas políticas.

Igualmente, resulta preocupante, como se supo a posteriori, que la terna enviada por el presidente Santos a la Corte Suprema de Justicia hubiera sido consultada con Uribe, lo que explica que no se rompiera la “luna de miel”, como lo advirtió el presidente del Congreso, el uribista Armando Benedetti. Es preocupante asimismo que incondicionales líderes uribistas como Juan Lozano, presidente del partido de la U, respaldaran la nueva terna y luego la escogencia de la Fiscal.

Esperanzas nacionales, retos fiscales

De todos modos, se espera de Morales una buena labor, que debe consistir en perseguir el delito y buscar la sanción de quienes se han apropiado de los dineros públicos, e igualmente a quienes han desplazado a cinco millones de colombianos, apoderándose de seis millones de hectáreas de tierra para criar ganado, sembrar palma africana o banano, o han determinado y perpetrado miles de “falsos positivos”, desapariciones o asesinatos, cuya cifra exacta no se conoce por falta de compromiso de la Fiscalía con el pueblo, compromiso que muchos fiscales sí han tenido con los perpetradores y victimarios.
La parálisis en la elección de Fiscal General, que parecía una negativa a nombrarle funcionario de bolsillo a Uribe Vélez para que le cuidara su espalda, al parecer también tuvo su origen en la puja de algunos magistrados amigos de Uribe y el uribismo de garantizar que las vacantes fueran ocupadas por afectos a sus intereses. Al respecto, ahora se denuncia que el grupo de magistrados que lidera Francisco Ricaurte se opuso a la elección del Fiscal General y la escogencia de vacantes de cuatro magistrados hasta garantizar la de Gabriel Miranda como nuevo magistrado. Ricaurte asistió a actos sociales de Javier Cáceres (preso por parapolítica en la cárcel La Picota) y José Obdulio Gaviria, ideólogo del régimen uribista.

Al respecto, señala la periodista Cecilia Orozco Tascón: “Si la inclusión de este personaje (Miranda) en el Tribunal es parte del pacto Santos-Corte y fue el costo que pagamos por tener Fiscal, el precio es muy alto: el envilecimiento clientelista de una institución que paradójicamente se abstuvo de cumplir con el acto elemental de justicia de elegir como magistrado principal al investigador más valiente de Colombia: Iván Velásquez”.

Debemos recalcarlo: Colombia merece una suerte mejor que lo que hemos vivido en el pasado. Sus pobladores fincamos la esperanza en que Viviane Morales, pese a la oposición y la resistencia que puedan ejercer los empresarios y políticos corruptos (de todos los partidos), los terratenientes y ganaderos victimarios, los violadores de derechos humanos, por su formación ética y profesional, y por su capacidad de liderazgo, tenga la suficiente voluntad personal y política para depurar la Fiscalía y adelantar los procesos contra los responsables de la inmensa corrupción y las grandes injusticias que han azotado a este país.

Abogado, especialista Derecho Constitucional UN, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Defensor Público, Profesor UPTC y Universidad Republicana.

Perfil

La Fiscal se ha desempeñado como conjuez de la Corte Constitucional y senadora de la República entre 1998 y 2002 por el partido cristiano “Movimiento Independiente Frente de Esperanza”, así como representante a la Cámara para los períodos comprendidos entre 1991 a 1994, y 1994 a 1998 por el Partido Liberal. A su paso por el Congreso, Morales fue autora de importantes iniciativas que se convirtieron en leyes de la República, entre las que se destacan la Ley estatutaria de la libertad religiosa, la Ley de las acciones populares y de grupo y la Ley Estatutaria de cuotas para la participación de la mujer en la administración pública. Además, ha sido profesora de la Universidades de El Rosario, Nacional y Jorge Tadeo Lozano. También fue asesora de la Asamblea Nacional Constituyente y viceministra en la cartera de Desarrollo Económico. En resumen, ha sido una destacada profesional que se graduó con honores, y es cristiana en un país de ‘católicos’ y cristianos minoritarios pero fanáticos.