En el marco de las estrategias contrainsurgentes promovidas por el cuerpo militar asesor (850) Norteamericano que opera en el Ministerio de Defensa, parte del Plan Colombia/Patriota, financiado con presupuesto federal, los grupos paramilitares siempre han funcionado para dejar limpias las manos del Ejército, hasta que se han salido de control y altos oficiales, principalmente generales y coroneles, se han articulado directamente a la “guerra sucia” contra la población campesina y popular, como lo hemos visto con los conocidos “falsos positivos”, que por miles hoy encartan penalmente a prominentes figuras de las Fuerzas Armadas (generales que quieren pasar de agache).
No es cierto que los grupos paramilitares como prolongación del poder político de los militares (Huntingon dixi) hayan desaparecido de la estructura global de dominación de la élite oligárquica imperante en el Estado nacional y regional. Esos conglomerados criminales han sido rediseñados por sus artífices en las Fuerzas Armadas. Son maquinas de muerte imprescindibles del neoliberalismo y la imposición fascista.
Recientes informes de la Defensoría del Pueblo () y de la Fiscalía () registran una proliferación viral de nuevas organizaciones paramilitares y neo (L. Valencia dixi), a las que se ha reconceptualizado maliciosamente como Bandas Criminales/Bacrim. Bacrim es un nombre que igual designa esa realidad de bandas paracas asesinas organizadas por las oligarquías locales y nacionales de manera conjunta con los aparatos armados oficiales.
Es lo que explica que el asunto sea uno de los principales temas a tratar en las próximas rondas de dialogo entre el Gobierno y las Farc en la Mesa de La Habana a propósito del indicado como “fin del conflicto”.
Mas ahora que esta en curso un cese al fuego y de hostilidades indefinido ordenado por las Farc y en que los paras andan como Pedro por su casa en la Costa Caribe, en Norte de Santander, en el Meta, en Caquetá, en Nariño, en Antioquia, en el Eje Cafetero y el Magdalena Medio.
En el Acuerdo especial de La Habana para la superación de la guerra está escrito que: En el marco de lo establecido en el Punto 5 (víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.
En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales (Bacrim) y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre; que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
Parte de los acuerdos debe ser el examen a fondo de la denominada doctrina de la seguridad nacional que sirve de plataforma conceptual y cultural en la formación de los integrantes de las Fuerzas Armadas (Ver Romaña en – ). Esa doctrina de contenido anticomunista y contrainsurgente, es una imposición gringa desde hace muchos años como parte de su dominación imperialista sobre el Estado. Las élites colombianas han sido sumisas y complacientes con ese control que ha tenido gravísimas consecuencias en nuestra sociedad, pues es la fuente de la violencia oficial contra los campesinos y el movimiento popular.
Nota. En Cúcuta y Norte de Santander, en estrecha coordinación con Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de la ciudad, quien paga una larga condena en La Picota de Bogotá por homicidio y conformación de grupos paramilitares, los Urabeños/Usugas están de rumba, han destinado 30 millones de dólares (60 mil millones de pesos) para sobornar políticos, diplomáticos, funcionarios, obispos y miembros de los aparatos armados oficiales, para de esa manera tener el control territorial de la región y la frontera. Ya son la fuerza criminal dominante mediante masacres y asesinatos sistemáticos, tendrán una amplia influencia en las elecciones municipales del próximo 25 de octubre. Mientras tanto el gobierno nacional y los jefes del oficialismo se hacen los de la vista gorda.
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