Los grandes medios de comunicación están convertidos en verdaderos partidos políticos. Su monopolio y poder es evidente. ¿Hasta cuándo será así? Es necesario un debate en todo el país sobre esta realidad, así como el diseño y aprobación de una ley que conciba, por ejemplo, los espacios televisivos como derechos básicos y que permita la participación de operadores comunitarios, así como la extensión de una red de producción de artistas con proyecto de país.
“Habrá tercer canal”, afirmó el ministro de las TIC Diego Molano, ante el remezón generado por la reapertura del tema con el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo –PND– 2015-2019. Desde hace un par de semanas la polémica retomó fuerza en el país ante la posibilidad de transformar a Canal Uno en un tercer canal, pero a la vez, por la posibilidad de licitar una nueva frecuencia en la televisión colombiana.
Dentro de los polémicos artículos del proyecto del segundo PND del gobierno Santos, están incluidos al menos dos que alteran el panorama de la televisión nacional. El primero menciona que el Canal Uno redistribuirá su participación para que los nuevos concesionarios de los espacios televisivos ocupen un 25 por ciento de la parrilla. Esta acción triplicaría la participación máxima reinante hasta el día de hoy, que es, tan solo, de un 8 por ciento. El segundo artículo reduciría la cuota de producción nacional los días domingo, pasando de un 70 por ciento de la programación a un reducido 30.
El Canal Uno no deja de estar envuelto en polémicas
La concesión de espacios televisivos de Canal Uno está por realizarse de nuevo. En el 2014 habían otorgado franjas transitorias con validez de un año, decisión política y económica que acrecentó el poder de NTC, en cabeza de Daniel Coronell, y excluyó a las programadoras pequeñas, entre ellas Programar S.A.
La polémica toma cuerpo porque empresas como Programar adujeron el derecho a prórroga por 10 años para el conjunto de participantes en los espacios de televisión de dicha frecuencia. Sin embargo, en pos de monopolizar una mayor cantidad de franjas NTC y Yamid Amat prefirieron una prórroga de 365 días. Hoy, el dilema es mayor pues la Autoridad Nacional de Televisión (Antv) concesionará de nuevo el conjunto de espacios televisivos.
Según el jefe de la cartera, Diego Molano, Canal Uno no será el tercer canal. Para él hay claras diferencias, ya que el Canal Uno es un “[…] canal público que otorga la producción a privados, mientras que el tercer canal, sería un canal público otorgado plenamente a un privado […]”.
Simples palabras, pues la realidad es otra. La frecuencia pública ya está privatizada permitiendo ver que solo grupos de poder específicos, como la diada Daniel Coronell – Yamit Amad, pueden competir por espacios televisivos concesionados. Esto, a costa de tener una relación fluida con el alto gobierno, lo cual implica negociar la independencia y, desde luego, dejar de lado opiniones de democratización de la producción y tenencia de espacios televisivos en el país.
Forma de actuar que no es nueva. Como es conocido, el Gobierno Nacional nunca ha concesionado espacios a organizaciones sociales y políticas, u obligado a las empresas que tienen las franjas para que abran espacio para la producción independiente de miles de artistas, o de las facultades de cine y televisión del país. Por el contrario, lo que genera es una mayor centralización al reducir las empresas que manejan el espacio de las parrillas en estos canales.
De esta manera, entre negociación y renegociación, entre supuestas licitaciones, ¿quiénes quedan? Es claro, quedan los amigos del gobierno, y quedan las familias que se han prolongado como castas en el negocio comunicativo del país, menoscabando los intereses de las pequeñas y medianas empresas.
El tiro por la culata
A pesar de las múltiples adecuaciones y negociaciones entre el grupo liderado por NTC y CM&, al día de hoy no es del todo claro si la concesión de los espacios televisivos del Canal Uno les serán otorgados. La reapertura de la licitación entrama varios misterios.
Ante el frenado proceso de concesión del tercer canal, debido a la decisión del Consejo de Estado por fallas procedimentales y, claro está, por la presión de RCN y Caracol para no tener más competencia, la concesión de espacios del Canal Uno es una oportunidad para grandes inversores internacionales y nacionales. Lo único que necesitan es estar abiertos a disputarse hasta un 25 por ciento de la parrilla.
Para pesar de Daniel Coronell, se habla de acuerdos por separado de CM& liderado por Yamid Amat, así como el creciente interés de la Casa Editorial El Tiempo, liderada por Sarmiento Angulo, para quedarse con estos espacios de televisión abierta. Claro, sin olvidar a las productoras internacionales como la mexicana Televisa, que busca un acuerdo con una productora nacional para aumentar su participación en el mercado colombiano.
A su vez, como lo afirman diversas fuentes adscritas al Departamento de Planeación Nacional, es claro que los artículos del PND que tocan el mercado televisivo del país han sido promovidos directamente por los Gaviria, quienes gozarían de un espacio de negociación con socios distintos a CM& y NTC. Aunque Diego Molano sea un súper ministro, sus diversas disputas con los canales televisivos han dejado ver cómo el negocio de la TV no es una prioridad en su agenda, propiciando que otros políticos e intereses al interior del ejecutivo se muevan con mayor fluidez en este punto.
El modelo de la televisión colombiana y el derecho a ella
El modelo de la televisión en Colombia está privatizado. Los canales con mayor rating hacen parte de concesiones privadas que conforman un campo de comunicación que moldea las ideas políticas, de cultura y de entretenimiento. RCN y Caracol, que son los canales más vistos, están convertidos en partidos del orden, donde la cautiva televidencia milita con tesón.
A pesar de ello, el ministro Diego Molano no se preocupa por el tema. Él se encuentra determinado en su labor de extensión de la red de internet y en la promoción de los intereses de las cableoperadoras privadas. Tanto así, que muestra como suyos los logros de una suscripción a plataformas como Directv o Clarotv, entre otras. Un negocio que está en más del 50 por ciento de los hogares colombianos.
El jefe de la cartera de las TIC pretende promover un modelo en el cual el acceso a la televisión dependa cada vez menos de la financiación y el subsidio estatal, como pasa con la televisión digital terrestre y análoga. Quiere que el acceso se realice a través de cableoperadores. Es decir, extender la condena del pago al derecho de acceso a frecuencias públicas mayoritariamente privatizadas.
Este escabroso panorama de entrega de espacios televisivos a privados, corruptelas, con acuerdos económicos y políticos para garantizarlos, convoca, de manera imprescindible, a un debate nacional alrededor de la democratización de los medios de comunicación en Colombia.
Un debate que arroje resultados claros. Por ejemplo, es necesaria una ley que conciba los espacios televisivos como derechos básicos y que permita la participación de operadores comunitarios, así como la extensión de una red de producción de artistas con proyecto de país. Donde, claramente, la televisión sea entretenimiento, más no seducción como partido del orden. En el conjunto del continente este camino está abonado por leyes como la ecuatoriana o por discusiones como la ya vivida en Argentina. En Colombia definitivamente, es tiempo de sintonizarnos con la hora americana.
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