Aunque las misiones de paz ganan espacios mediáticos por los abusos sexuales de los cascos azules, detrás se observa la subordinación del país receptor, así como del que envía soldados, a una estrategia de disciplinamiento que los desborda y está fuera de su control. Con la bendición eventual de todos los progresismos.
“El fin de la Guerra Fría desató una búsqueda por todo el mundo de nuevas misiones militares y de fundamentos para tales misiones”, se escribía hace casi dos décadas en la Military Review, portavoz de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Sentenciaba, además: “Una de las misiones más importantes es la de mantenimiento de la paz” (Military Review, número 5, 1997, página 50).
En el más reciente número de la misma publicación, en un artículo llamado “El poder estadounidense en transición”, el coronel Isaiah Wilson III señala: “Las intervenciones militares de Estados Unidos desde 1989 han fomentado cambios tectónicos en el sistema internacional. Han desafiado las normas, principios, reglas y procedimientos de toma de decisiones tradicionales que han proporcionado estabilidad en el sistema en los últimos 60 años. En particular, las intervenciones de Estados Unidos han desafiado lo que una vez fue considerado sumamente inviolable: la soberanía territorial” (Military Review, marzo-abril de 2015, página 25).
Con su proverbial transparencia (e impunidad), el coronel Wilson III, director del Programa de Gran Estrategia en la academia militar West Point, destaca que a partir de la década de 1990 se produjo la internacionalización de los conflictos domésticos, o sea la utilización de dichos conflictos para proceder a intervenciones militares. “La característica definitoria de muchas de las intervenciones militares de los años noventa –Somalia, los Balcanes, Haití, Ruanda, Kosovo, Timor del Este, entre otros– ha sido la convocatoria y la concreción de intervenciones extranjeras contra estados soberanos en nombre de los ciudadanos y comunidades dentro de dichos estados”, concluye Military Review (página 26).
HAITÍ. Las 60 “misiones de paz” de las Naciones Unidas en el mundo, la mayor parte en África, se relacionan con este objetivo de resolver los problemas creados por las sucesivas intervenciones militares de Estados Unidos. Tanto en África como en el Caribe, además de contener los desastres generados por la destrucción de estados-nación previamente debilitados por una dolorosa historia colonial, se trata ahora de hacer lo posible por frenar el avance de China.
En ese esquema se inserta el “liderazgo extraordinario” que tendría Uruguay, según dijo en Montevideo Victoria Holt, subsecretaria de la oficina para Organizaciones Internacionales de Estados Unidos, durante la conferencia regional sobre “operaciones de mantenimiento de la paz”, realizada el 6 y el 7 de mayo. Los militares de México y Colombia se aprestan a sumarse a las misiones de paz. El “progreso” que la funcionaria estadounidense atribuye a la misión en Haití no se condice con las denuncias de organizaciones internacionales sobre las permanentes violaciones que cometen los cascos azules, y que incluyen a los uruguayos.
En una presentación realizada en la Facultad de Ciencias Sociales el 7 de mayo, el analista institucional Fernando Moyano, integrante de la Coordinación por el Retiro de las Tropas de Haití, explicó que de los 115 mil cascos azules presentes en 15 misiones en todo el mundo, 77 por ciento están “en puntos fallidos de las periferias de África” y el 10 por ciento en Haití, donde “no hay un conflicto armado sino un conflicto político que se quiere contener por la intervención militar”. En su opinión, las misiones de paz “no son neutrales, son fuerzas combatientes a favor de un lado” y “no buscan la paz sino derrotar a un bando”.
Uno de los argumentos centrales de quienes defienden este tipo de intervenciones militares es que una retirada de las tropas provocaría, al día siguiente, el estallido de una guerra civil. Esa fue, exactamente, la pregunta que el entonces vicecanciller uruguayo Luis Porto le formuló al senador haitiano Moïse Jean Charles en octubre del año pasado. “No tema usted por Haití –respondió el senador–. La Minustah (misión de paz de la Onu en Haití) no cubre la totalidad del territorio, sólo las grandes ciudades. Tampoco se ocupa, allí donde está, de los problemas de la población que demandan atención policial, responden ‘nosotros no estamos para eso’. Están solamente para los problemas políticos, como reprimir protestas populares. La Minustah no es una garantía para la realización de elecciones democráticas sino una traba.”
En rigor, el único beneficio que tiene la población de Haití es la presencia de los médicos cubanos, que atienden al 75 por ciento de la población. Una verdadera ayuda humanitaria, no militarizada, que contrasta con la epidemia de cólera introducida por los soldados extranjeros que se cobró la vida de 8 mil haitianos y enfermó a 600 mil. Moyano mostró en un cuadro los resultados de la ayuda cubana, que consiguió reducir la mortalidad infantil y materna a menos de la mitad y aumentar la esperanza de vida de 54 a 61 años entre 1999 y 2007.
EFECTOS COLATERALES
El 2 de mayo se conoció la denuncia de una Ong francesa que asegura que niños haitianos de 4 a 10 años son secuestrados y vendidos como esclavos sexuales. “Muchos de los usuarios son miembros de las Naciones Unidas”, destaca la denuncia, a vez que asegura que el organismo internacional conoce la situación. Es apenas la última de una larga lista de denuncias de abusos que afectan a los cascos azules en Haití. La misión en Congo enfrenta denuncias similares de abusos sexuales: 14 militares franceses han sido encausados
“Imperialismo sexual” es el término acuñado por el profesor colombiano Renán Vega Cantor para describir la consecuencia de la presencia militar estadounidense en su país. En 2007, 53 niñas colombianas fueron abusadas por militares estadounidenses, situación que se repite en Filipinas, Corea del Sur, los Balcanes y las siete bases que Estados Unidos posee en Colombia, mostrando que no se trata de excesos puntuales sino de una política sistemática que convierte al ejército de la superpotencia en “el mayor proxeneta del planeta” (Página 12, 4-V-15). Parte de las conclusiones de Vega Cantor engrosan el informe de 800 páginas de la Comisión Histórica de Conflicto y sus Víctimas, de Colombia.
Uno de los problemas que plantea el accionar de estos soldados extranjeros, tanto los de las misiones de la Onu como los que operan en bases estadounidenses, es la impunidad. Ninguno puede ser juzgado por leyes y jueces locales, lo que establece una relación asimétrica, colonial, que propicia abusos y violaciones.
Aunque la violencia sexual suele ganar los titulares de los medios, existen otros efectos colaterales de las misiones de paz, y en concreto de la Minustah, que suelen ser sigilosamente ocultados. Las misiones modelan a las fuerzas armadas que participan en ellas y, de modo más indirecto, influyen sobre la población.
Desde el punto de vista cuantitativo, alrededor del 10 por ciento de los efectivos de las fuerzas armadas uruguayas participaron de la misión en Haití. Pero a esa cifra deben sumarse esfuerzos y personal dedicados a preparación y recuperación, logística y servicios, que Moyano estima en un tercio del personal militar total. Las misiones, además, “marcan el paso” en lo relativo a renovación de armamento, incorporación de nuevas tecnologías y entrenamiento de los efectivos. Por último, un soldado en Haití percibe un salario de 1.500 dólares, casi 40 mil pesos. Un buen imán.
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