El análisis comparado de la negociación colectiva, sobretodo en América Latina y el Caribe, nos muestra que uno de los problemas principales que tiene la negociación colectiva es la reducción de su temática solo a la cuestión salarial y a los beneficios económicos. Hay necesidad de enriquecerla con nuevos temas, en virtud de las amplias facultades que le confieren los convenios internacionales como el espacio propio, autónomo y libre de las partes negociadoras.
Ahora bien, el proceso de paz marcha, que estamos a punto de afianzar con los acuerdos de La Habana, nos ofrece la oportunidad de involucrar nuevos temas en la negociación colectiva, tanto del sector público como del privado. Pero sobretodo la oportunidad de hacer efectivos los aportes de los trabajadores, los empresarios y el Estado como empleador al proceso de pacificación, afianzando la cultura del diálogo social y la bilateralidad, y reorientando la concepción que hasta ahora se ha tenido sobre la responsabilidad social empresarial y sindical. Porque los acuerdos con las FARC deben constituir un punto de partida para el proceso de reconstrucción del tejido social del país.
El artículo 22 de nuestra Constitución nos plantea de manera imperativa que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, lo que nos deja de presente la obligación de trabajar por ella desde todos los espacios. Y la negociación colectiva es uno de los espacios más apropiados, teniendo en cuenta que la exclusión de los trabajadores, la falta de diálogo social y la redistribución inequitativa de la renta, han sido condicionantes de la violencia. Así que cualquier intento por lograr una paz duradera debe pasar por la actuación sobre estos elementos básicos y fundamentales.
A los empresarios les conviene la paz
Un elemento positivo que debemos tener en cuenta a la hora de proponerle a los empleadores acciones en favor del proceso de paz y reconciliación, es que los sectores empresariales siempre han apoyado los diferentes procesos de paz en Colombia. Varios de ellos han tenido una participación muy significativa en la facilitación y el desarrollo de los diferentes procesos de paz. De igual manera deberán jugar ahora un papel preponderante en la puesta en marcha de los acuerdos. Y la razón es obvia, como lo ha expresado Sergio Jaramillo, integrante de la comisión negociadora del Gobierno: “No se me ocurre que haya otro sector más beneficiado, como el empresarial, con el fin de la guerra” .
De acuerdo con algunos sondeos realizados en el presente año (por ejemplo los de Estadística y Análisis Ltda. y de la Cámara de Comercio de Bogotá), antes incluso del acuerdo logrado en septiembre sobre justicia restaurativa, el 55% de los empresarios encuestados seguiría apoyando los diálogos así no se alcanzara a firmar un acuerdo definitivo en el 2015. Y de esa porción, el 65% estaría dispuesto a esperar lo que fuera necesario porque consideran que la paz le conviene al país y que el diálogo es la mejor alternativa. Por su parte los empresarios encuestados manifestaron que entre los principales beneficios del proceso de paz estaba, en primer lugar, la atracción de la inversión extranjera, en segundo la aceleración del crecimiento económico, y en tercero el incremento de las ventas .
Así que de entrada debemos considerar que las empresas están interesadas en el desarrollo de actividades y programas encaminados a la construcción de la paz. Además, porque una de las necesidades señaladas por ellas en los sondeos efectuados tiene que ver con “la mitigación del riesgo de un resurgimiento del conflicto”, lo que sin duda se puede alcanzar imprimiéndole la dinámica requerida al diálogo social y a la negociación colectiva laboral, convirtiendo en acuerdos bilaterales y en la práctica eso que la mayoría considera que se puede lograr mediante códigos de conducta y de buen gobierno corporativo.
¿A qué están dispuestos los empresarios?
De acuerdo con el documento “Perspectivas y aportes empresariales para la construcción de paz”, de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Fundación Ideas para la Paz y del Instituto Catalán Internacional para la Paz, los empresarios consideran que solo se les pregunta por su aporte en materia de reintegración de desmovilizados, y ellos creen que su aporte va mucho más allá, que debe ser mayor y con enfoque de largo plazo, cumpliendo un rol de ciudadanos corporativos. Esta apreciación es muy importante porque le puede dar una mejor perspectiva a compromisos en materia de cohesión e inclusión en el marco del diálogo social y la negociación colectiva.
Lo cierto es que, sin descartar ninguna posibilidad, hay un consenso en el sentido de que la empresa privada tiene mucho que aportar en el denominado post conflicto, generando empleo decente y trabajo digno; y que la inversión correrá básicamente a cargo de este sector y ellos están dispuestos, con el aporte del Estado en materia de incentivos y con la ayuda internacional. Dentro de este marco consideran importante reorientar su enfoque acerca de la responsabilidad social empresarial para incorporar la agenda hacia la paz y la resolución pacífica de los conflictos, actuando en sus entornos con sentido social, más allá de las concepciones filantrópicas.
Con respecto a este tema, es de anotar que existen posibilidades de acciones conjuntas, de acuerdo con las asociaciones público privadas (APP) reglamentadas mediante la ley 1508 de 2012, y que le puede dar marco a las acciones y alianzas territoriales para la intervención social y la búsqueda de la paz .
Los temas para la negociación colectiva
Es de esperarse que no todas las empresas participen en el mismo tipo de actividades, porque tienen diferentes condiciones en el contexto de sus operaciones. Pero todas deberán hacer su aporte, reorientando su concepción sobre la responsabilidad social empresarial. A todas les convendrá generar condiciones que les permitan mejorar tanto su imagen como su desempeño económico.
Ahora bien, el Estado como empleador debe cambiar la actitud frente a los empleados públicos, ampliando la posibilidad de negociación de las condiciones laborales de sus servidores, y así dar cumplimiento pleno al Convenio 151 de la OIT sobre negociación colectiva en la administración pública. El Estado debe ser ejemplo de sometimiento a las normas internacionales del trabajo, de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política sobre libertad sindical, de las sentencias de la Corte Constitucional y las normas legales sobre formalización laboral.
El Estado, además, debe fortalecer su capacidad regulatoria y de control, la inspección y vigilancia de los derechos laborales individuales y colectivos, para garantizar su cumplimiento y ejercicio pleno.
Como ideas para acordar e incluir en la negociación colectiva laboral, y por ende en los convenios y acuerdos laborales, dejo las siguientes:
1. El compromiso del Estado, como empleador, en buenas prácticas laborales.
2. Partiendo del compromiso de las partes y de la comunidad de intereses en el propósito de la paz, se puede acordar como declaración el compromiso con esta, por una cultura democrática y por el aprovechamiento del proceso de paz para la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales como aporte al nuevo país incluyente y solidario que todos queremos.
3. Acordar el impulso de procesos pedagógicos, formativos y de sensibilización con relación al proceso de construcción de la paz. En el primer periodo se debería trabajar para sensibilizar a la población trabajadora en la necesidad de refrendar los acuerdos con la insurgencia, impulsando en general en la sociedad una perspectiva de reconciliación y una cultura de la negociación, independientemente de las ideas políticas.
4. Lograr compromisos en materia de la implementación de prácticas empresariales responsables en los marcos ético y legal, como condición para la contribución al proceso de transformación y canalización de los conflictos, desechando la violencia, proyectando este comportamiento también a la cadena de valor y a la comunidad.
5. Acordar y fortalecer los espacios para el diálogo social y la negociación colectiva. Donde no existan, se deberán propiciar los espacios con los representantes de los trabajadores en los lugares de trabajo; promover, o por lo menos no obstaculizar, procesos organizativos y su articulación con espacios regionales y sectoriales de negociación y diálogo social, interiorizando la autonomía de las partes y su capacidad para generar normas con estatura de ley.
6. Desarrollar los acuerdos sobre formalización laboral, privilegiando la vinculación laboral directa, en el sector público y privado como elemento esencial del trabajo decente.
7. Acordar programas de formación y capacitación de la población en estado de vulnerabilidad en los entornos de las empresas, lo mismo que la capacitación de victimas para mejorar su empleabilidad.
8. Acordar e impulsar proyectos de reconstrucción de zonas afectadas por el conflicto.
9. Revisar y acordar posibilidades para apoyar la reinserción de desmovilizados y excombatientes, brindándoles formación y oportunidades laborales.
Si no se aprovecha el proceso de construcción de paz para fortalecer la negociación colectiva como alma y nervio del diálogo social, difícilmente se puede pensar en una paz firme y duradera.
Publicado 30 noviembre de 2015.
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