Comienzan a emerger a la luz pública los primeros escándalos por malversación de recursos provenientes de la sobretasa a los combustibles.
Hechos humo. Así quedaron 27 mil millones de pesos que debieron entrar a las arcas de la alcaldía de Pasto producto del cobro a la sobretasa a la gasolina que realizaron los expendedores de gasolina de esta ciudad.
La cifra es inmensa, pero no recoge el total del dinero que, como por un exosto, fue a parar a los bolsillos de particulares. Investigaciones posteriores determinaron que otros miles millones –por igual concepto– sufrieron idéntico destino. La denuncia por esta realidad, que ya acumula varios años, llegó con ánimos conciliatorios ante los jueces el pasado 10 de diciembre, pero la alcaldía de la capital nariñense no mostró ánimo alguno para dirimir de manera pronta el litigio.
Motor a millones
El origen de lo que hoy es un cuento que demuestra una vez más que existen pastusos que vuelan con gasolina propia, nos lleva al 29 de abril de 2005, cuando la alcaldía de Pasto presidida por Raúl Delgado Guerrero y la auditora GS, suscribieron un contrato, No. 050536, que pretendía proporcionar al ente municipal toda la información necesaria sobre el manejo que los distribuidores minoritarios de gasolina de esta ciudad le habían dado a los recursos recolectados, a nombre de la sobretasa a la gasolina, durante los años 1999 y 2004. La unión temporal GS desarrollaría las intervenciones pertinentes para lograr luces sobre el manejo del dinero, y si el resultado de sus acciones conducía a que fueran recuperados recursos que el municipio no había recaudado.
La auditoría* adelantada por GS demostró que durante los años en cuestión las estaciones de servicio vendieron alrededor de 6’560.637 galones de combustible por encima de la cantidad declarada y comprada al mayorista en Yumbo. Pudo establecerse, luego de auditar 32 estaciones de servicio que solo cinco de ellas habían cumplido con todas sus obligaciones, las demás tuvieron ventas de combustible por encima de lo declarado, sin poderse establecer aún hoy de dónde salió la gasolina corriente y extra vendida, y qué se hicieron los 27 mil millones de pesos recaudados por la sobretasa a estos carburantes y que debieran de haber terminado en las arcas municipales.
Con paciencia y diligencia, tras un poco más de un año de iniciado el proceso, en el 2007, GS entregó los resultados de su labor auditora y comenzaron a llevarse a cabo una serie de actos administrativos orientados a recuperar el dinero adeudado al municipio de Pasto por las estaciones de servicio. La larga y tortuosa batalla legal desencadenada por la negativa de muchas de las estaciones a reconocer como legítimos los montos que adeudaban, llevó a algunas de estas a interponer acciones de tutela y demandas en contra de la administración municipal, acciones jurídicas con las que fueron derrotadas durante el transcurso de los años.
Justicia administrativa coja. Poco antes del año 2011, cuando aún era alcalde de Pasto Eduardo José Alvarado Santander, comenzaron a presentarse algunas actuaciones dudosas por parte de la alcaldía municipal, en palabras de uno de los profesionales de la Unión Temporal GS: “[…] una actuación lenta en la administración municipal y esos procesos tienen unos tiempos, una vez que se hace un cobro y hay una demanda hay unos tiempos que si se dejan pasar pierden vigencia y ya se pierde la oportunidad de cobro […] nosotros siempre estuvimos advirtiendo , allí están las notas claras, oportunas, de advertencia a los entes de control, la Contraloría Municipal se enteró, advirtió al municipio, mire actué […]”, pero contrario a lo esperado –y a pesar de todas las advertencias de los organismos de control– el municipio de Pasto no actuó a tiempo y solo tres estaciones de servicio, algunas de las que menos dinero debían a la ciudad, accedieron a cancelar sus obligaciones girando una cantidad de dinero que no alcanzaba siquiera a los 100 millones de pesos.
Humo espeso
Hacía finales del 2011 ganó las elecciones Harold Guerrero López, el tercero de los alcaldes que encabeza la administración municipal después de iniciada la auditoría de GS. Sobre este alcalde comenta el profesional de GS entrevistado: “Recuerdo que en esa campaña uno de los contendores le dijo al candidato Harold Guerrero: pero es que usted no puede ser alcalde, usted le debe una plática al municipio […]. Alcanzaron a decirle eso, usted no está a paz y salvo, señor Guerrero López, y él no dijo nada pero días después dijo, aquí está mi paz y salvo”. El documento expedido por la administración municipal fue suscrito para acreditar al entonces candidato a la alcaldía, precisamente uno de los propietarios de algunas de las estaciones de servicio que no pagaron la sobretasa de varios años; el paz y salvo certificaba, supuestamente, que había cumplido con sus obligaciones con el ente municipal.
Sorprendente. Eduardo Alvarado, aún en ejercicio de sus funciones como burgomaestre local, “Además de lento –según el entrevistado– terminó expidiéndole un paz y salvo a los dueños de las estaciones, incluido entre ellos Harold Guerrero López […]”, propietario de cuatro estaciones y uno de los mayores deudores por la causa investigada.
La norma lo establece. El funcionario no podría expedir este tipo de paz y salvo pues por Ley no está permitido que concilien sobre los tributos del Estado; pese a ello los tribunales de justicia otorgaron concepto favorable por lo actuado. Ante tal realidad, la Unión Temporal GS apeló el caso ante el Consejo de Estado, de donde lo devolvieron a la instancia local ante la evidencia de las serias fallas cometidas al perdonar la deuda a las estaciones de combustible.
Aunque la alcadía había procedido así, antes de finalizar la administración de Eduardo Alvarado, la alcaldía solicitó a GS que capacitara a un grupo de funcionarios para que auditaran, con la misma técnica empleada por GS, el manejo de los recursos de la sobretasa correspondientes a los años 2005-2008. Así fue hecho. Una vez capacitados pusieron manos a la obra, el profesional de GS describe: “[…] también hicieron hallazgos donde el municipio pierde otra vez más de $8.000 millones de pesos y eso está documentado; quienes hicieron eso finalmente renunciaron al proceso porque sufrieron amenazas de muerte […]”. El robo del dinero de la sobretasa es mucho más grande e infame de lo que había sido contemplado.
En la actualidad hay un litigio entablado entre GS y el municipio de Pasto, al que la auditora demandó por incumplimiento de los términos del contrato firmado entre las partes el 29 de abril de 2005. Entre las formulaciones de declaraciones y condenas que vincula la demanda, se encuentran: “SEGUNDA.- Se declare mediante sentencia que el MUNICIPIO DE PASTO […] incumplió el contrato Número 050536 del 29 de abril de 2005, con sus correspondientes adiciones y/o prorrogas […] cuando omitió deliberadamente la realización de todos los actos necesarios para el cobro de la sobretasa al combustible automotor adeudados por las estaciones de servicio, los intereses y sanciones quienes a pesar de haberlos recaudado del consumidor final no lo declararon y no cancelaron en su oportunidad al MUNICIPIO, dejando operar figuras como la prescripción en el cobro dentro de los procesos de fiscalización; a pesar de la insistencia de parte de mis poderdantes, conforme a los informes de auditoría presentados, a los requerimientos y solicitudes personales y escritas realizadas a diferentes funcionarios del municipio”.
De esta manera se vislumbra que una de las estrategias jurídicas de GS es presionar con la demanda de incumplimiento del contrato para que finalmente puedan llevarse a cabo las actuaciones que sean necesarias para que la ciudad recupere los dineros concernientes al recaudo de la sobretasa de la gasolina ilegalmente apropiada por los propietarios de las estaciones de servicio e ilegalmente condonada por la administración municipal.
Proceso que no será fácil de adelantar, toda vez que, como explican los profesionales de GS, hay actuaciones de funcionarios públicos que no facilitan hacer justicia y vencer la corrupción, principal lastre del municipio y las que hacen prever que el caso puede tener repercusiones del orden nacional.
Ante este caso y experiencia, es necesario preguntar, ¿en cuántas otras ciudades y durante cuánto tiempo habrá ocurrido similar situación?
* Fueron revisadas las facturas de las ventas de gasolina en cada una de las estaciones de servicio, cotejadas con las facturas de los mayoristas que dispensaban los hidrocarburos a cada una de las estaciones; además fue desarrollado un arqueo sobre los contadores de las maquinas surtidoras en cada una de las estaciones.
Leave a Reply