A menos de 24 horas de ser suscritos por segunda vez los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, siguen cayendo líderes de derechos humanos y de comunidades campesinas en territorios de alta incidencia del Conflicto Armado en Colombia: 3 homicidios el pasado fin de semana, 70 asesinatos durante el año, 279 amenazas y 28 atentados. Continúa el proyecto de “pacificación” de territorios a tiros por parte de actores que ven a estas organizaciones como un estorbo para sus intereses de explotación-acumulación. En cuestión la capacidad de los acuerdos para proteger a estas comunidades.
El asesinato de un líder defensor de derechos humanos en muchos países bastaría para suscitar estupor y rechazo general de la población, pero en Colombia en el transcurso del año han sido asesinados 70 defensores sin que esto haya generado mayor sorpresa. La situación no es muy diferente a lo acontecido en los últimos años, la diferencia radica en que mientras las muertes siguen llegando fatídicas e infames, el país empieza a transitar por caminos de paz y reconciliación con el silenciamiento definitivo de los fusiles, la suscripción (por segunda vez) de un acuerdo de paz ‘definitivo’ entre el Gobierno y las Farc. Enorme paradoja.
A los muertos se suman 279 amenazas y 28 atentados sobre igual número de actores sociales, que en muchas de estas personas dejan secuelas para toda su vida, atentados que contribuyen a incrementar las estadísticas de victimización de estos ciudadanos que tan solo en el tercer fin de semana de noviembre, fueron blanco de tres asesinatos y tres atentados en distintas comunidades rurales del país. Una avanzada que no tiene nada de casual ni de fortuita. Es una avanzada en vísperas de la firma de los acuerdos anunciada por darse en Santa Marta; todo un mensaje de lo que posiblemente vendrá en el futuro cercano para quienes ahora están en vísperas de dejar sus armas. Al tiempo que avanza la paz comienzan a vislumbrarse enormes posibilidades de renta sobre espacios específicos en los que hacen presencia organizaciones que una vez más deben aterrorizar y someter; comienza a asomarse la realidad del pos–acuerdo.
“Plan pistola” denominó el Secretariado Mayor del Estado Mayor Central de las Farc a estos asesinatos, ejecutados contra líderes populares en todo el país. Precisan la Farc: “Es muy dramática y preocupante la situación: más 200 muertos en lo que va corrido del año, con un total manto de impunidad. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”.
Los nombres de las víctimas
Tan solo en las últimas 72 horas fueron asesinados 3 líderes y se cometieron tres atentados en diversos lugares. Rodrigo Cabrera, Didier Losada Barreto, Erley Monroy, son los nombres de las tres últimas víctimas fatales de este accionar delictivo que antes lejos de desaparecer sigue proliferando en Colombia.
Comienzan a esbozarse las primeras hipótesis. Alejandra Pérez, abogada y defensora de derechos humanos de la Fundación DHOC afirma que: “[…] el líder campesino del Caquetá Erley Monroy “había denunciado la aparición de panfletos y de pintas de las autodefensas de los grupos paramilitares en varios caseríos de la zona, así como también el rearme y reagrupamiento de estos grupos en una zona que está fuertemente militarizada […]”. Según las palabras de Alejandra Pérez, Erley Monroy “denunció la extracción petrolera en la Serranía de la Macarena y la recuperación de un baldío por la resolución 810 del 2015 que pretende ser recuperado por el gobierno para temas de inversión en Zidres”(1).
Rodrigo Cabrera, líder campesino de Policarpa, Nariño, fue asesinado el pasado sábado sobre las 6 de la tarde cuando se desplazaba en una motocicleta en el sector de Altamira donde fue atacado por hombres armados que le propiciaron la muerte. Pero sobre este hecho la alcaldesa de Policarpa Claudia Inés Cabrera señaló: “[…] que tras un Consejo de Seguridad las autoridades establecieron que la persona asesinada no tenía un nivel de liderazgo, y tampoco era defensor de derechos humanos ni tampoco hacia parte de la marcha patriótica y que su homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas”. Argumento bastante conocido y funcional a las cifras de victimización oficiales. Por su parte, Didier Losada Barreto, líder comunitario del municipio de la Uribe, Meta, fue asesinado hacía las 9:30 de la noche del día viernes cuando hombres encapuchados penetraron a su vivienda y le dispararon frente a su mujer, hijo y un trabajador (2).
Por fortuna no hubo más asesinatos. La semana anterior se cometieron atentados contra Argemiro Lara de Fensuagro en Sincelejo, contra Danilo Bolaños, líder de Astracan en Nariño y, contra Víctor Hugo Cuéllar en San Vicente del Caguán, Caquetá. Tres acciones contra líderes campesinos, sujetos predilectos de la violencia intimidatoria y de exterminio que busca seguir minimizando las resistencias frente a intereses particulares en muchas regiones propias con altas afectaciones por el conflicto armado en el país.
¿Quiénes están atentando contra líderes y defensores de derechos?
En su carta al Presidente, el Secretariado de las Farc detalla su versión de los recientes y dolorosos hechos: “Señor Presidente, es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país; son los mismos para quienes, no hay, ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe, para seguir acrecentando más privilegios y poder […] No es admisible, que tomando nombres como “Los Úsuga” o las “Águilas Negras”, se mantenga una cortina de humo para ocultar la responsabilidad de determinadores agazapados en el Bloque de Poder Dominante”.
Por otro lado, Alejandra Pérez, resalta que los asesinatos y atentados son: “[…] la manifestación propia del momento histórico que se está viviendo, que no refleja la voluntad real y de garantías para el ejercicio de la oposición política, es necesario y urgente la implementación del punto 3 y 4 del acuerdo firmado en La Habana, que propone unas medidas mínimas de seguridad de la personas que propenden por un país distinto” (3) .
Intereses locales específicos que chocan con la actividad de líderes campesinos, defensores de derechos humanos y del territorio, parecen seguir siendo los determinantes de estos atentados que siguen produciendo víctimas entre singulares protestas pero en la habitual impunidad. La permanencia, incluso el incremento de estos asesinatos plantea serias dudas sobre la real vocación de paz propia de múltiples actores que siguen depositando en el dolor, en la muerte, en el desarraigo, la puerta de entrada la acumulación de tierra, recursos y dinero en regiones en disputa, golpeadas por el conflicto armado en el Colombia.
Atentados y asesinatos de líderes que deben ser asumidos como actos violentos y de intimidación en contra del conjunto del movimiento social y popular. Cada actor social es un luchador por un país mejor, y eso es lo que debe pesar a la hora de plantear la denuncia, superando las militancias particulares.
¡Que el Gobierno responda por estos hechos! ¡Cero impunidad!
[1] http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/11/20/colombia-el-asesinato-de-campesinos-refleja-la-inexistencia-de-garantias-para-el-ejercicio-de-la-oposicion-politica/
[2] http://justiciaypazcolombia.com/Asesinato-del-senor-Didier-Losada-Barreto
[3] Ibíd.
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