“[…] el día “D” es el día de hoy…”, así lo oficializaron el pasado 1 de diciembre en Comunicado Conjunto Gobierno y Farc. La condición sine qua non para así proceder era la refrendación del Acuerdo por parte del Congreso de la República, el cual le dio visto bueno el 30 de noviembre.
La precisión de esta fecha, que en el curso de los últimos meses generó tanto debate, pues una y otra vez el gobierno nacional afirmó que tal día ya estaba establecido, y una y otra vez las Farc afirmaron lo contrario, es de suma importancia pues a partir de la misma empiezan a correr los días para la concreción del Acuerdo de paz firmado, finalmente, el pasado 24 de noviembre.
Dentro de estas concreciones, para el gobierno la fundamental es el desarme de la insurgencia, que deberá concretarse el dia D+180 días, suma de días que desde ahora puede confirmarse que el 19 de mayo no culminará en su totalidad con el desarme guerrillero pues su concentración de tropas no ha podido concretarse en la forma que fue diseñada por fallas logísticas y de otro tipo. ¿Cuántos días más y hasta cuál mes se tomarán para ello?, la respuesta está en manos del Gobierno y de sus obligaciones según lo establecido.
Conforme a lo estipulado en los acuerdos, la verificación internacional de esta concentración de tropas, la amnistía y los indultos para la guerrillerada y para los mandos, son condición fundamental para que la suma de los días establecidos tenga concordancia con la realidad.
En tal lógica, los responsables de la misión internacional de verificación ya están en el país, ubicados en las respectivas zonas donde la guerrilla deberá concentrar a sus combatientes. Al mismo tiempo, el gobierno radicó el proyecto de ley para conceder la amnistía y los indultos que le permita a los insurgentes movilizarse por el país y hacer vida púbica sin temor a ser detenidos por autoridad policial o militar alguna, el cual fue finalmente aprobado por el Congreso de la República el pasado 28 de diciembre en el marco de sus sesiones extraordinarias. Ahora corresponde a los jueces estudiar las solicitudes de libertad carcelaria y expedir las amnistías e indultos correspondientes.
Al mismo tiempo, el pasado 2 de diciembre fue instalada en Bogotá, en la sede de Caprecom, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del Acuerdo Final y el Consejo Nacional de Reincorporación. Comisión que inició funciones de inmediato, como lo estipularon en el comunicado oficial:
“En el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del Acuerdo Final, el Consejo Nacional de Reincorporación y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MM&V, a partir del día de mañana (3 de diciembre) se revisará el estado de avance del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos que han tenido contratiempos en su cronograma de cumplimiento dado el resultado del plebiscito que llevó a reabrir las conversaciones y se precisarán los compromisos adicionales necesarios para asegurar el cumplimiento del cronograma acordado”.
A su vez, a partir del 7 de diciembre, y a lo largo de este mes, el gobierno expidió la suma de decretos que legalizan las zonas veredales transitorias de normalización, al igual que los Puntos Transitorios de Normalización, condición legal fundamental para que la guerrilla pudiera dirigirse a los mismos, así como para que el gobierno procediera a la dotación de la infraestructura que cada una de ellas demanda.
La concreción del Acuerdo no será tarea sencilla, empezando por las garantías para la vida y la oposición política, que como ya está visto a través del mar de asesinatos y atentados contra dirigentes sociales sucedidos a lo largo de 2016, con más énfasis en su segundo semestre, será sometida a pruebas de bala por los sectores del establecimiento, y los paramilitares, opuestos a un final feliz de este proceso de paz.
Esta concreción tampoco será sencilla, pues lo acordado, así no favorezca de manera plena a los sectores campesinos, indígenas y afro presentes en las zonas de guerra, y mucho menos al conjunto social, sí tiene incorporado un conjunto de reivindicaciones económicas, políticas, sociales, etcétera, que pondrán a prueba máxima al aparato estatal, obligándolo a una coordinación en detalle de toda su maquinaria para no entrar en contradicciones, y para no llevar a la dilación en los tiempos de su misma implementación.
Está visto, por tanto, que en estos momentos lo fundamental para las Farc es que el Gobierno cumpla con todos y cada uno de los compromisos, iniciando con la legalización de las vías para poder realizar vida pública, es decir acción, política.
Para la comprensión de lo acordado entre Gobierno y las Farc, y poder dimensionar sus distintas aristas, presentamos a continuación una síntesis infográfica del mismo.
* En esta edición, garantías que otorga el Gobierno a las Farc-EP una vez firmado el Acuerdo.
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