rechazó la propuesta de reconocimiento de las FARC como fuerza
beligerante e insistió en la solución militar para extirparlas como “un
cáncer” a fin de que en 2010 Colombia se convierta en “un país sin
terroristas”. En círculos políticos colombianos, la iniciativa de
Chávez fue cuestionada incluso por constituir una intervención en
asuntos internos colombianos. El portavoz del Departamento de Estado
del gobierno de Estados Unidos, Sean McCormack, rechazó el 14 de enero
la propuesta de retirar de la “lista de organizaciones terroristas” a
las FARC, y la gobernante alemana Angela Merkel fue de la misma
“escéptica” opinión un día después.
Interesante planteamiento el
del presidente Chávez no por imposible de realizar, sino por la
importancia de poner en la mesa de debate nacional e internacional el
sesgado y utilitario concepto de “terrorismo” y descubrir otras capas
de la realidad social en el mundo actual. Particularmente cuando la
“injerencia internacional” de nuestros días no se origina en los
círculos terroristas, sino en los financieros.
La senadora
colombiana Piedad Córdoba expresó, por su parte, el 13 de enero, que
“la gente tiene que entender que efectivamente las FARC son un
ejército, son un sujeto político en el país, son una realidad política
y no podemos olvidarnos de eso, porque en esa medida y de esa manera no
vamos a lograr lo que queremos, que es la liberación de todos los
compañeros”. El argumento es relevante: “son un sujeto político en el
país, son una realidad política”. Ésta es la dimensión que varios
gobiernos en el mundo tratan de eliminar, ocultar o distorsionar en
procesos sociales de oposición o en movimientos de resistencia a
ocupaciones territoriales de fuerzas extranjeras. No es difícil
observar que en Chechenia, Irak, Palestina, Pakistán o Colombia, por
poner algunos ejemplos, hay una práctica de descalificación política
utilitaria a movimientos y procesos sociales. La petición de reconocer
a las FARC en Colombia como fuerza beligerante se relaciona con
numerosos casos de muchos países del mundo, incluido México.
En julio de 1997 fueron divulgados en el semanario Proceso
algunos documentos de Inteligencia Militar, en uno de ellos, en una
tarjeta dirigida al secretario de la Defensa, se lee lo siguiente:
“Entre
los años 1991-1992 acudió a la Secretaría de la Defensa Nacional
(EMDNS5) el doctor Alberto Zékelly, en ese entonces funcionario de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, con la pretensión de que esta
dependencia mostrara su acuerdo para que nuestro país suscribiera el
protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, que regula
conflictos armados de carácter interno. Esta secretaría estuvo en
desacuerdo por considerar que con la firma de ese protocolo se ponía en
riesgo de afectación la soberanía del país y se abría la posibilidad de
una injerencia externa que en un caso determinado, incluso tratándose
de bandas de narcotraficantes, pudieran alcanzar un estatus beligerante
y, en consecuencia, acogerse al derecho internacional. Ante esta
negativa, el doctor Zekelly propuso que se accediera a una petición de
la Cruz Roja Internacional para abrir una oficina en México. Esta
secretaría también se mostró contraria a esta pretensión.”
Queda
claro que la Secretaría de la Defensa se opuso a que México firmara el
protocolo II adicional a los convenios de Ginebra porque había
detectado la presencia del grupo armado que después conoceríamos como
EZLN. La firma del protocolo favorecería, en términos militares, al
grupo armado antes aun de lanzar una declaración de guerra. Pero el
otro argumento era peculiar: tal firma pondría en riesgo de afectación
nuestra soberanía por facilitar la injerencia internacional. El
planteamiento es contradictorio no sólo por la “injerencia” que México
padecía ya desde ese momento con los organismos financieros
internacionales, sino por este simple hecho: que el ejército esté
actuando cada vez más a fondo en la lucha antinarcóticos es resultado
ya de una injerencia internacional.
La ley estadunidense definió
el terrorismo como la “violencia premeditada, políticamente motivada y
llevada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o
agentes clandestinos” y el terrorismo internacional como el “que
involucra a los ciudadanos o el territorio de más de un país”. En
septiembre de 2001 el Departamento de Estado dio a conocer en Estados
Unidos el Informe global sobre terrorismo, que identificaba a
29 organizaciones terroristas en todo el mundo. De ellas, 14 eran de
tendencia extremista islámica y contaban con algún tipo de apoyo
abierto o encubierto de gobiernos de países como Afganistán, Siria,
Líbano, Irán o Libia.
El informe del Departamento de Estado
presentaba en las fichas de cada una de estas organizaciones su
descripción, sus principales actividades, su fuerza estimada, su área
de operaciones y sus apoyos externos. Las organizaciones consideradas
terroristas eran básicamente de fundamentalistas islámicos y de extrema
izquierda. Incorporaron en la lista a organizaciones como las FARC, de
Colombia, ETA, de España, e IRA, de Irlanda.
Según ese informe
las organizaciones fundamentalistas islámicas habían aumentado su
actividad por el estallido de la violencia en el conflicto palestino-
israelí en septiembre del año 2000, dato relevante porque el documento
apuntó que la mayoría de ellas tenían a Israel y a Estados Unidos entre
sus principales blancos. Es decir, el rasgo que tipifica a las
organizaciones que Estados Unidos considera terroristas no es “el
terror” o daño que producen a grupos no combatientes, sino la
descalificación política con que se les proscribe.
En abril del
año pasado consideramos una forma de modernización de las leyes en
México reconocer el delito de terrorismo como una realidad mundial de
cuyo riesgo debemos precavernos, a sabiendas de que el término
terrorismo no es resultado, en términos reales, de un análisis social,
sino que proviene de una descalificación política utilitaria. En México
se pretende asimilar el concepto de terrorismo a los grupos que
emprendan ciertas acciones “que produzcan alarma, temor o terror en la
población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la
seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una
determinación.”
Resulta peligroso referirse al terrorismo como
una fuerza que busca “presionar a la autoridad para que tome una
determinación”. La parte riesgosa es la tentación de confundir el
término terrorismo con la inconformidad social. En la base de esta
tentadora confusión está la explicación de las reacciones inmediatas de
los gobiernos colombiano y estadunidense de rechazar el reconocimiento
de las FARC como fuerzas beligerantes. También la reacción extrema de
César Gaviria, hoy líder del Partido Liberal: “Las afirmaciones del
presidente Chávez constituyen un grave quebrantamiento de la Carta
Democrática Interamericana”. Curiosa reacción, sobre todo ahora que en
México y en el continente entero han venido presionando a todo tipo de
autoridades, con magníficos resultados, las elites financieras e
industriales de nuestros países, el sistema bancario (que en nuestro
caso ha dejado de ser mexicano), los consorcios trasnacionales, los
gobiernos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial. Ante esta presión real para que las autoridades tomen
“una determinación”, la presión de “los terroristas” parece una broma.
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