Impunidad, violencia, muerte de varios niños en la Guajira por desnutrición y falta de acceso a agua potable, paramilitarismo, violencia guerrillera, transformación de las Farc en partido político, son algunos de los aspectos que resalta en su informa anual Human Rights Watch, al tratar el caso Colombia.
El pasado jueves 18 de enero, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó su informe anual de análisis sobre la situación de derechos humanos en el mundo. Algunos de los elementos centrales que destaca el informe se relacionan con el aumento del racismo y la xenofobia a causa de la crisis de refugiados en boga en Europa y Medio Oriente, que según esta ONG internacional, la han aprovechado líderes populistas para incentivar la implementación de políticas de extrema derecha en estos países.
Es preciso resaltar que el informe resalta que grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y Chinam guardan silencio o obstaculizan investigaciones en contra de violaciones masivas de derechos humanos en países que les representan intereses económicos o políticos. Esto ha influido en la forma en que los organismos de control internacional, como la Corte Penal Internacional o la Asamblea General de las Naciones Unidas, investigan dichos crímenes.
Si bien Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, recalca en sus intervenciones sobre el Informe de 2018 el papel de los líderes populistas como impulsadores de situaciones de vulneración de los derechos humanos, también se centra en la ciudadanía organizada y movilizada como actor clave en la defensa de los mismos; sin embargo, el panorama general demuestra que a nivel mundial persisten graves violaciones a la vida y dignidad de las personas.
En el apartado referente a la situación de derechos humanos en Colombia, el informe presenta los siguientes elementos de análisis:
– En relación al Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno y las Farc–ep, HRW señala que ésta guerrilla ya finalizó su proceso de dejación de armas, haciendo en septiembre del año pasado el lanzamiento público de su partido político. Sobre el componente de justicia del acuerdo final, HRW menciona que existen deficiencias que podrían permitir impunidad a criminales de guerra, y se centra en criticar la Jurisdicción Especial de Paz en relación con su apartado de responsabilidad de mando, ya que considera que “se aleja de las normas establecidas por el derecho internacional de un modo que podría menoscabar seriamente la rendición de cuentas”.
– Sobre el Ejército de Liberación Nacional–Eln, HRW retoma violaciones a derechos humanos por parte de ésta guerrilla en contra de la población civil. Pero, además, señala el inicio de la mesa de negociaciones de Quito, Ecuador y el anuncio del cese bilateral al fuego, que duraría desde septiembre de 2017 hasta enero de este año.
– Sumado a lo anterior, el informe resalta que existen en el país grupos armados sucesores del paramilitarismo que en ocasiones actúan en complicidad y tolerancia de agentes estatales. Sobre la Ley de Justicia y Paz menciona que sólo 182 de los 30.000 paramilitares desmovilizados han sido condenados y respecto a los casos de parapolítica, indica que han sido 63 los legisladores condenados por nexos con grupos paramilitares.
– Referente a los abusos a la población por parte de la fuerza pública, HRW hace hincapié en que los altos mandos del Ejército relacionados con las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales han sido ascendidos, siendo condenados únicamente mandos medios y bajos. En este punto también se refiere al abuso de la fuerza por parte de la Policía en jornadas de protesta y movilización social, resaltando el asesinato de 7 campesinos en el municipio de Tumaco en el marco de una protesta por demoras en la implementación de la sustitución de cultivos de uso ilícito.
– Respecto a la garantía de la vida de líderes y lideresas sociales, periodistas y sindicalistas, HRW señala que entre enero y octubre de 2017 fueron asesinados 53 líderes sociales y 1 periodista, sin embargo la acción de la Fiscalía ha sido ineficiente, ya que de 80 asesinatos documentados de líderes sociales, únicamente han sido resueltos 5.
– Adicionalmente, HRW señala que la Ley de Restitución de Tierras ha tenido una lenta implementación, ya que de las 106.000 demandas presentadas, sólo se hay sentencias en 5.400 casos.
– Sobre los sujetos de especial protección como mujeres, indígenas y población Lgtbi, el informe menciona que en Colombia los responsables de delitos de género son pocas veces llevados a la justicia y que 24 niños y niñas de la etnia Wayuu –Guajira– murieron de desnutrición durante el 2017, por el acceso limitado que tienen a agua potable.
– Por último, se resalta que el gobierno de Estados Unidos es el actor internacional que más influencia tiene en el país, y que actualmente está tramitando un fondo de ayuda de 390 millones de dólares, que serían destinados a la lucha contra el narcotráfico.
En su amplio informe, sin embargo, HRW no realiza referencia alguna al estado actual de incumplimiento por parte del Gobierno en el proceso de implementación del Acuerdo Final de paz. Negligencia que profundiza la violación de derechos humanos a mano de grupos armados ilegales, que están ocupando los territorios dejados por la guerrilla de las Farc. Por ejemplo, la persecución y amenazas a líderes y lideresas sociales por parte de grupos paramilitares en todo el país.
Hay que resaltar que HRW tampoco cuestiona la distribución de la riqueza en el país y el modelo extractivista actual, directos causantes de serias violaciones de derechos humanos que padece la población colombiana. Así, cuando el informe referencia el caso de La Guajira, olvida mencionar la responsabilidad directa de las mineras dueñas de la explotación de carbón en El Cerrejón.
Es clave tener en cuenta que la situación de vulneración de los derechos humanos en nuestro país no es únicamente resultado del conflicto armado, como lo insinúa HRW. Esta crisis viene, parafraseando a Absalón Machado, desde que existimos como Nación; y es consecuencia de la desigual distribución de la tierra y la riqueza y la enquistación de las élites políticas y económicas en el poder; problemas estructurales a los que debemos dar solución de manera urgente.
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