Trump en la Casa Blanca.
Donald Trump empezó el segundo año de su presidencia con el gobierno federal clausurado, el Congreso incapacitado, una investigación que sigue sobre la injerencia rusa en la política de Estados Unidos, y el retorno de una historieta de adulterio.
El viernes 19, después de que el presidente Donald Trump y dirigentes de ambos partidos en el Congreso dijeron y se desdijeron en la búsqueda fingida de un acuerdo presupuestario, el primer año de la gestión del magnate que todo lo resolvería con sus artes de Supremo Negociador concluyó en caos.
Pero no es del todo justo achacarle a Trump la disfunción del sistema político de Estados Unidos. Su elección misma fue resultado de esa disfunción, y Trump sólo ha contribuido a incrementarla. Tanto el Partido Republicano, que ahora no sólo controla la Casa Blanca sino que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y ha logrado la designación de una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de Justicia, como el Partido Demócrata, que supuestamente debería estar unificado en la oposición, han demostrado en los últimos 12 meses que son incapaces de formular políticas.
Entre tantos asuntos que podrían conducir a un choque entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, le tocó el turno al de los alrededor de 800 mil jóvenes que, nacidos en otros países, fueron traídos a Estados Unidos siendo menores de edad y que ahora encaran la deportación a países que prácticamente no conocen.
Estos jóvenes se han educado en Estados Unidos, muchos de ellos sólo hablan inglés, y muchos más han tenido carreras brillantes en sus estudios, han iniciado su tarea en alguna profesión, se han incorporado a las fuerzas armadas. Y muchos de ellos recién se enteraron de su situación como inmigrantes indocumentados cuando, a los 16 años de edad, fueron a tramitar la licencia de conductor, o a los 18 debieron preparar sus solicitudes de ingreso a la universidad.
TOMA Y DACA. En junio de 2012, y dado que el Congreso no hacía nada para resolver la situación de esta gente, el presidente Barack Obama firmó un decreto titulado “Acción diferida para los llegados en la infancia”, más conocido por su sigla en inglés Daca. Los jóvenes se han llamado a sí mismos dreamers, los soñadores que tienen la esperanza de una vida próspera en Estados Unidos. El 78 por ciento de ellos proviene de México o América Central, el 11 por ciento de América del Sur y el Caribe, el 9 por ciento de Asia y el resto de otras partes del mundo.
El Daca dejaba en suspenso la deportación a condición de que estas personas se registraran con las autoridades, dieran un domicilio fijo, no tuvieran antecedentes penales, y estuvieran estudiando o trabajando. Por supuesto, al registrarse de paso también entregaron a las autoridades información sobre sus familias, los padres y madres que los trajeron.
El Daca y los dreamers se han convertido en pelotas para el juego político: los sectores más conservadores proponen su deportación inmediata. El ex jefe de policía del condado Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, famoso por sus abusos contra los inmigrantes, sostiene que, una vez deportados, los dreamers serían excelentes embajadores culturales de Estados Unidos, y que desde ese allá, donde quiera que sea, podrán solicitar su visa para retornar al país.
Los demócratas, por su lado, han hecho de los dreamers una bandera para contrariar todo lo que propongan los republicanos en materia de inmigración.
Trump entró en este duelo con la propuesta de construir una Gran Muralla a lo largo de la frontera con México, que, según el magnate de la fantasía edilicia, impedirá el cruce de las huestes morenas.
Tal como suele suceder cuando un asunto es complicado, la simplificación en dos opciones sólo ha servido para adelantar ninguna. Trump no acepta negociar algo si no consigue miles de millones de dólares para su absurda muralla, y los demócratas dicen que no negociarán nada que no abra para los dreamers una senda a la legalización y, eventualmente, la ciudadanía.
En setiembre pasado Trump dio un paso correcto: abrogó el decreto de Obama, fijando su fecha de expiración para marzo, y le encargó al Congreso que produjera una ley sobre los dreamers. Fue un paso en una buena dirección, porque sin una legislación apropiada el destino de esta gente seguirá sujeto a decretos que firma un presidente, anula el siguiente, y supuestamente firmará su sucesor. La legislación daría una solución definitiva.
Pasaron los meses y los republicanos y demócratas en el Congreso no fueron capaces de producir una legislación razonable, con la complicación de que también pasaron los meses para resolver otros asuntos, entre ellos la aprobación del presupuesto del gobierno federal. Vencidos algunos plazos, el Congreso –recuérdese, con mayoría republicana en ambas cámaras– aprobó extensiones cortas de los gastos del gobierno.
A la luz de encuestas que muestran que Trump tiene el nivel de aprobación popular más bajo que cualquier otro presidente, los demócratas se sintieron corajudos y al aproximarse otro plazo de terminación de gastos plantearon que no permitirían que se alcanzara la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar el presupuesto, a menos que la ley para ello incluyera una solución para los dreamers.
TODOS CONFUNDIDOS. Y así en la semana pasada se llegó a una de esas situaciones dramáticas –o de reality show– que son las favoritas de Trump.
En una reunión con legisladores, que Trump autorizó fuera mostrada en vivo y en directo por televisión, el presidente les dijo a demócratas y republicanos que él promulgaría cualquier ley que le presentaran, aun una que no le gustara. También les dijo que él estaba dispuesto a recibir todas las críticas, a pagar el precio político por lo que los legisladores aprobaran.
Al día siguiente, cuando dirigentes del Congreso le trajeron una propuesta negociada entre demócratas y republicanos, a puertas cerradas Trump se enfureció porque no había tanto dinero para su muralla como el que él pedía. Y, según algunos participantes, utilizó epítetos que hicieron más ríspida la polémica nacional. Dicen los que dicen, que el presidente calificó a Haití y los países africanos como “naciones de mierda”, y preguntó por qué es que a Estados Unidos no viene más gente como los noruegos. Si alguien sospecha que el comentario es racista, es pura coincidencia.
Durante el resto de la semana hubo tantas versiones de la discusión como participantes. Trump se plantó en que no firmaría una ley de presupuesto que no garantice fondos para la muralla, y los demócratas se plantaron en que no aprobarían una ley sin solución para los dreamers.
Simultáneamente siguieron saliendo a luz detalles de la investigación –que conduce el ex director del Buró Federal de Investigaciones (Fbi) Robert Mueller– sobre los contactos que haya tenido, o quizá no, la campaña presidencial de Trump en 2016 con agentes de gobierno ruso y/o con oligarcas rusos de mala reputación.
DES-CONFIANZA. Y, también simultáneamente pero con menos notoriedad, saltó a la luz una encuesta realizada por el Instituto Marista de Opinión Pública para la cadena Npr de radio pública, que encaró varios aspectos del primer año de la presidencia trumpiana. Uno de los aspectos enfocados por los encuestadores fue el grado de confianza que los estadounidenses tienen en sus instituciones.
El 54 por ciento de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en la presidencia de la república. El 71 por ciento manifestó poca o ninguna confianza en el Congreso.
El 51 por ciento de los encuestados expresó mucha confianza o algo de confianza en el sistema judicial, mientras que el 45 por ciento mostró poca o ninguna confianza en los tribunales.
El 68 por ciento expresó poca o ninguna confianza en “los medios” –a quienes Trump ha calificado de enemigos del pueblo estadounidense– y sólo el 30 por ciento de los encuestados mostró confianza en la prensa.
El 68 por ciento expresó poca o ninguna confianza en el Partido Republicano y el 62 por ciento poca o ninguna confianza en el Partido Demócrata.
Sólo 49 por ciento de los encuestados tiene confianza, un poco o mucha, en los sindicatos, y apenas el 39 por ciento tiene confianza en las grandes empresas. El 44 por ciento no tiene confianza en el sistema de educación pública, y el 48 por ciento tampoco confía en los bancos.
En medio de este deterioro de la confianza de los estadounidenses en su propio sistema político, la encuesta del Instituto Marista encontró que el 87 por ciento de los ciudadanos confía en las fuerzas armadas, y apenas el 12 por ciento expresa algo de desconfianza hacia los militares.
CHUSMERÍOS. Como corresponde en la saga del astro rubio del reality show, la semana pasada salió al público una historia picante que varios medios han conocido por años, pero que no habían corroborado a satisfacción de sus normas éticas.
Según el chisme, el año pasado un abogado del entonces candidato presidencial republicano le pagó 130 mil dólares a Stormy Daniels, una estrella de películas pornográficas, para que no hablara sobre sus encuentros sexuales con Trump, algunos supuestamente ocurridos cuatro meses antes de que Melania Trump diera a luz al hijo de la pareja.
El 20 de enero, cuando se cumplió el primer aniversario de esta presidencia, Melania envió por su cuenta de Twitter un saludo de conmemoración que agradece a la nación por la gran experiencia… pero no nombra a Trump.
El lunes 22, cuando la pareja cumplió su decimotercer aniversario de casamiento, no hubo celebración.
Y el martes se anunció que, por razones de calendario, Melania Trump no iría con Donald Trump al encuentro de los súper ricos y mandamases en Davos, Suiza.
Mal empieza la semana para quien recibe un sartenazo el lunes.
Leave a Reply