La intervención militar en Río instaló una polémica por la aplicación de una ley según la cual quienes cometan delitos en la operación, entre ellos violaciones a los derechos humanos, serán juzgados por la Justicia castrense.
La inminente intervención militar en Río de Janeiro instaló en Brasil una polémica por la aplicación de una ley según la cual quienes cometan delitos en la operación, entre ellos violaciones a los derechos humanos, serán juzgados por la Justicia castrense en lugar de la civil ordinaria.
“Esto es una licencia para matar, porque es darle a los militares un tribunal de excepción, para juzgarse a sí mismos”, dijo el abogado Ariel de Castro Alves, especialista en seguridad pública de la Pontificia Universidad Católica y miembro del Movimiento Nacional de Derechos Humanos.
La ley castrense vigente había sido reclamada por el jefe del Ejército, general Eduardo Vilas Boas, a raíz de la participación de esa fuerza armada en la seguridad pública durante los Juegos Olímipicos de Río de Janeiro 2016.
El pedido de Vilas Boas se fundó también en la actuación de los militares como apoyo a la Policía carioca durante el segundo semestre del año pasado.
Por la nueva ley promulgada el 16 de octubre por el gobierno de Michel Temer, cualquier miembro de la Fuerza Aérea, Ejército o Marina que cometa un homicidio en un operativo en su propio territorio será juzgado por tribunales militares, muchas veces ocupados por jefes castrenses que no son juristas.
“Buscamos con la ley –explicó el diputado Espiridao Amin del conservador Partido Progresista y autor del proyecto– darle seguridad jurídica a los militares, porque la normativa no especificaba sus atribuciones en operaciones internas”.
El militar que agreda o mate a alguien fuera de su horario de trabajo o de operaciones internas deberá ser juzgado por la justicia ordinaria y no por los tribunales castrenses.
“El asunto deber ser abordado por el Supremo Tribunal Federal, porque es inconstitucional que haya tribunales especiales para algunos brasileños”, sostuvo el abogado Castro Alves. “Es una licencia para matar, porque la justicia militar es corporativa, resuelve sus mismos problemas”, insistió.
Organismos defensores de los derechos humanos, como la estadounidense Human Rights Watch y la británica Amnistía Internacional, repudiaron esa medida por considerar que viola los acuerdos internacionales de Brasil.
Castro Alves dijo que la operación del Ejército corre el riesgo de fracasar como las Unidades de Policías Pacificadoras que se instalaron en 2008 hasta la actualidad recuperando territorio a los narcotraficantes en las favelas cariocas.
“Los militares están entrenados para la guerra, no para el conflicto de la delincuencia. Una intervención debería ser también en políticas públicas generales, salud, educación, ocio, deportes, tratamiento de pacientes químicos”, subrayó.
“No se puede esperar que un chico que no tiene banco en la escuela de su barrio no acepte ser parte del narcotráfico por lo que sería unos 80 dólares por día”, agregó el especialista de la Pontificia Universidad Católica. Apuntó que uno de los problemas de Río es la corrupción policial pero también la falta de inversión en inteligencia e investigación: apenas 10% de los homicidios se esclarecen en ese estado.
Otro punto al que varios especialistas apuntan es que la mayor parte de los soldados del Ejército son jóvenes con domicilios en favelas y buscarán protección extra para participar de las operaciones, de modo de proteger a sus familias del narcotráfico o de los grupos parapoliciales.
La cuestión de los tribunales militares se da en un contexto en el que se disparó la popularidad del diputado Jair Bolsonaro, un ex capitán del Ejército que pide mano dura y reivindica los regímenes de facto.
Bolsonaro aparece como segundo favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales brasileñas, detrás de Luiz Inácio Lula da Silva, del opositor Partido e los Trabajadores.
En Brasil, los militares que cometieron torturas, muertes y desapariciones durante la última dictadura militar están bajo protección de la ley de Amnistía de 1979, que el propio régimen castrense aprobó como parte de su apertura política para el retorno a la democracia.
La semana pasada, la fiscal general, Raquel Dodge, pidió al Supremo Tribunal Federal revisar la ley de Amnistía para poder juzgar a los autores de la muerte y ocultación del cadáver del diputado Rubens Paiva, en 1971 en Río de Janeiro. Las asociaciones de militares retirados se pronunciaron en contra del pedido de la fiscal general.
Leave a Reply