Tribunal falló a favor del pueblo colombiano. Por una soberanía de la sociedad civil

Resulta hoy imposible eludir la importancia de las empresas
transnacionales. Su papel de cabeza de proa del capital internacional y de
injerencia en la apropiación de los recursos naturales vitales para los pueblos
milenarios y mestizos, se repite por doquier. Injerencia que se traduce, no
sólo en la apropiación de la vida ambiental, cultural, incluso genética de los
seres vivos, sino además en el apoyo directo a las fuerzas más reaccionarias de
cada una de las sociedades a las que llegan con sus capitales, alimentando y
financiando conflictos socio-políticos con fines privados, lucrativos y en no
pocas ocasiones geopolíticos.

Se sabe, por ejemplo, que transnacionales como la Anglo Gold Achanti,
Angloamerican y la Glencor Xtrata, presentes hoy en Colombia, participaron
directamente en las dos guerras por el control de las riquezas minerales que
causaron en el Congo la muerte de 4 millones de personas, con la ayuda de ejércitos
ilegales; o en Indonesia las empresas madereras devastaron el 80% de la selva
originaria, expulsando a 6 millones de campesinos con el apoyo directo de
paramilitares.

Colombia no es una excepción a esta regla de violencia y afán de lucro.
El neoliberalismo se erigió desde el inicio de la década de los 90 sin trabas
por medio de un marco legislativo favorable, con el beneplácito del gobierno
encabezado por César Gaviria y hoy avanza de manera abrumadora a favor de los
intereses del capital financiero, socavando los derechos colectivos y las
riquezas minerales y alimentarias del país. Esta inserción supuso un incremento
considerable de la inversión extranjera en el país, la misma que se tradujo en
la pérdida de la soberanía nacional, cediendo su Estado derechos inalienables
tan importantes como los culturales, ambientales, genéticos y laborables.

Así lo estima el TPP, para el cual: “Se instauró un nuevo régimen cambiario que permitió un tratamiento tal a
la inversión extranjera que la equiparaba a la nacional, permitiendo que
tuvieran acceso a subsidios del Estado, a sus líneas de crédito y a utilizar
sistemas especiales de importación / exportación estimulados por el Estado. La inversión, en su mayoría proveniente de paraísos fiscales, se
concentra en las finanzas, los servicios públicos, industria, minería e
hidrocarburos. En este período la inversión extranjera pasa de 500 millones de
dólares en 1990 a 6.966 millones en 1997, es decir, se da un crecimiento de
1.300%”. (Fallo audiencia final)

La extinción de 28 comunidades indígenas, el desplazamiento masivo de
aproximadamente 4 millones de campesinos a las medianas y grandes ciudades, así
como en busca de refugio a los países vecinos, el aniquilamiento del sector
sindical, con una cuota de 4.000 asesinados en los últimos 20 años y la
precarización y terciarización del trabajo, con sus consecuentes despidos
masivos así como de pauperización de las condiciones de trabajo, que implican
que el 32% de los trabajadores laboren hoy día sin ningún tipo de contrato, que
el 60% sean informales y que el 44% no tenga ningún tipo de seguridad social.
Un ejemplo más de esta descomposición social aduce que entre junio – julio de
2002 y julio de 2006, 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas al
margen de los combates, son algunas de las
manifestaciones más evidentes y dolorosas de la dinámica de inequidad,
violencia y despojo en que han colaborado estas multinacionales, para lo cual
se sirvieron del proyecto paramilitar en curso en Colombia desde los años 80 del
siglo XX.

Otro hecho que salta a la vista y que desdice de la inversión extranjera
es que, según el informe 2007 del PNUD, 20 millones de colombianos viven en
estado de pobreza y seis millones más superviven con menos de un dólar diario,
mientras el 0,3% de personas son dueños de más de la mitad de tierras (4
millones de hectáreas expropiadas ilegalmente).

De esta manera, se destacan algunos de los casos graves atribuidos a las
empresas petroleras y mineras como la ya citada Anglo Gold Achanti, la Kedhada,
la B.P. en el Sur de Bolívar, Casanare, Putumayo, el Macizo colombiano y el Eje
Cafetero, empresas que han cobrado innumerables víctimas de comunidades
campesinas y resguardos indígenas por el paramilitarismo. Otra denuncia no
menos grave, que tuvo una cierta resonancia en meses anteriores en la opinión
pública, se le atribuyó a la empresa norteamericana Chiquita Brands, que
financió abiertamente a grupos paramilitares del Urabá, Bajo Atrato y el
Magdalena.

Se habla, así mismo, del deterioro de la calidad de vida de bastos
conglomerados humanos, con la implicación de empresas como Unión Fenosa,  Canal
Isabel II, Endesa, Aguas de Barcelona, las cuales compraron las empresas
locales y regionales de electricidad y acueducto, privatizando los servicios
públicos. Así como de los impactos medioambientales y sobre la salud humana,
como es el caso de las aspersiones de glifosato, químico proveniente de la
Dyncorp y Monsanto.

De esta manera, se determinó la explícita participación de estas y otras
transnacionales en delitos de lesa humanidad y derechos fundamentales de los
colombianos, por lo cual se les condena, según el Tribunal, por ”la magnitud de
sus capitales; los índices exorbitantes de su rentabilidad; la proliferación de
sus filiales; los mecanismos técnicos que camuflan su irresponsabilidad, tales
como, los cambios permanentes de razón social, la transferencia constante de
capitales para eludir cargas tributarias, legislaciones desventajosas o riesgos
de contracción de sus ganancias; sus secuelas desastrosas en el medio ambiente;
la persecución y exterminio de sus sindicatos; la puesta a su servicio, con
grandes remuneraciones, de la fuerza pública del Estado, diseñada para proteger
a toda la sociedad; la contratación clandestina de grupos paramilitares; las
ejecuciones extrajudiciales de sus sindicalistas insumisos, de los integrantes
de movimientos sociales que se oponen a los grandes perjuicios causados, como
la reducción de su fuerza laboral, sus sistemas de contratación indirecta y la
consiguiente precarización de sus trabajadores” (Fallo del Tribunal).

Fueron tres días de
nutridos argumentos, que giraron en torno a las flagrantes delitos de estas
empresas en detrimento de la biodiversidad, el medio ambiente, los derechos
laborales, la soberanía territorial, genética y cultural; así como la vida
digna e integridad física de sindicalistas, indígenas y trabajadores de los
derechos humanos.

El Tribunal condenó
a 31 empresas transnacionales y al Estado colombiano por favorecerlas
legislativamente (a través de la fallida Ley forestal, el Código de minas, y
otros marcos jurídicos). El fallo fue dictado, luego de audiencias
preparatorias, testimonios de víctimas y numerosos hechos comprobatorios.

Recuadro

 El Tribunal en sesiones

Después de la aceptación en 2005 por parte del TPP de la acusación
general formulada por un espectro muy representativo de asociaciones y grupos,
a lo largo de más de dos años se han desarrollado seis audiencias temáticas, integradas por la
pre-audiencia sobre la transnacional suiza Nestlé que tuvo lugar en la ciudad
de Berna en el mes de octubre del 2005: transnacionales agroalimentarias (Bogotá 1 y
2 de abril de 2006), transnacionales mineras (Medellín, 10 y 11 de noviembre de
2006), transnacionales que afectan la biodiversidad (Zona Humanitaria de Nueva
Esperanza, cuenca del Río Cacarica en el Bajo Atrato chocoano, 25 y 26 de
febrero 2007), transnacionales petroleras (Bogotá 3, 4 y 5 de agosto de 2007); Servicios Públicos (7 y 8 de abril de 2008);
pueblos indígenas (Atánquez, Sierra
Nevada de Santa Marta, 18 y 19 de julio de 2008).

Recuadro

Las empresas condenadas con sus respectivas filiales:

Por, Julián Carreño