El 4 de abril, una confluencia de 500 organizaciones sociales presentó el informe conjunto de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia, que relata la situación padecida en este campo y en el de derecho humanitario en el país, durante los años 2013-2017. Su conclusión es tajante: “Colombia se raja en Derechos Humanos”.
¿Tiene Colombia una realidad sobre diagnosticada, con una impunidad constante? Tal vez los datos que retoma un informe como el construido para presentar en una instancia multilateral, como es la del Examen Periódico Universal (EPU), ya son conocidos entre organizaciones sociales, académicas y otros segmentos de la sociedad; pero es pertinente retomarlos y ahondar en su análisis, mucho más cuando entran en un campo en disputa, en este caso las Naciones Unidas.
En efecto, este tipo de diagnóstico ya es conocido, pero nunca sobra que nuevamente se ponga el dedo en la llaga, mucho más cuando el Estado también escribe, presenta y difunde su versión acomodada, tanto en el campo nacional como internacional.
La dinámica
A través del EPU, los Estados miembros de las Naciones Unidas declaran cada cinco años las medidas adoptado para mejorar la situación de Derechos Humanos en sus territorios. Sin embargo, la voz de los Estados no es la única tenida en cuenta en este proceso. Las organizaciones sociales desempeñan un rol fundamental en esta labor, al denunciar las violaciones, irrespeto y otras prácticas recurrentes en contra de la sociedad en el campo de los Derechos Humanos, cometidas por el Estado.
Es por ello que el informe presentado el pasado miércoles 4 es un instrumento clave para diagnosticar la situación de los Derechos Humanos en el país. Para ello, aproximadamente 500 organizaciones sociales aportaron conjuntamente a la elaboración de este informe, que presenta el panorama poco esperanzador que deben afrontar diariamente mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes, población Lgtbi, defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.
El informe señala graves violaciones a los Derechos Humanos, cometidas en algunos casos por el Estado. En ese sentido, un elemento que se repite es el desconocimiento de las órdenes de la Corte Constitucional por parte de las instituciones públicas. Como ejemplo de ello está el ex procurador Alejandro Ordóñez, quién además de demandar la nulidad de 7 de las 19 sentencias emitidas por la Corte Constitucional a favor de las parejas del mismo género, ordenó a los servidores del ministerio público “intervenir de manera preferente en todas las solicitudes de matrimonio civil de parejas del mismo género para que fueran negadas”1, y públicamente amenazó a notarios con sanciones disciplinarias si celebraban uniones de parejas del mismo sexo.
Adicional a ello, la falta de acciones concretas para dar cumplimiento a las leyes facilita la violación de los Derechos Humanos. Un caso que así lo verifica es la desprotección que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes a pesar de ser considerados sujetos de especial protección y tener a su favor leyes y tratados internacionales, en términos reales siguen viviendo en graves situaciones de pobreza y abandono estatal. Incluso, su derecho al territorio se ve amenazado por los llamados Planes de Interés Nacional Estratégico, con los cuales el Estado establece proyectos de utilidad pública que posibilitan la expropiación de predios para su realización.
Esta falta de acciones también se traduce en niveles de impunidad que indignarían a cualquiera. En relación a las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares, el informe destaca que frente a las investigaciones penales que se adelantan por las ejecuciones extrajudiciales, solo el 3.2 por ciento se encuentran en ejecución de pena y el 8.3 por ciento en etapa de juicio; frente a los más de 4.000 procesos por desaparición forzada, menos del 1 por ciento se encuentran en juicio y sólo el 0.4 por ciento en etapa de ejecución de penas; en relación a los procesos disciplinarios por violaciones de Derechos Humanos, solo existen 64 investigaciones, de las cuales ninguna ha llegado a una decisión definitiva por parte de las autoridades. Se trata, entonces, de una aparente negligencia que no es más que la complicidad cínica de los entes de control hacia unas fuerzas militares corruptas y criminales.
El asesinato sistemático de líderes sociales, la negación enfermiza de la existencia de grupos paramilitares por parte de las autoridades, los altos índices de pobreza, falta de salud y barreras en el acceso a la educación, la discriminación por condiciones de orientación sexual, la violencia de género y los feminicidios que no paran, permiten concluir que las causas de la violación de Derechos Humanos en Colombia no solo corresponde a las acciones de los grupos armados ilegales, sino que también son responsabilidad directa de un Estado que pareciera miope a la hora de garantizar la vida digna de quienes habitan el territorio colombiano.
1 Circular 013 de 2013. Procuraduría General de la Nación.
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