Morales suele recordar lo que aconsejara el dirigente que más admira, Fidel Castro. El líder cubano lo aleccionó desde el vamos para que no se aislara de la región y que se valiera del apoyo de Lula y los Kirchner. Morales habló ayer por teléfono con Lula, que estaba acompañado por su asesor Marco Aurelio García, transmitiéndole sus urgencias. El presidente brasileño le comunicó su solidaridad y desplegó a partir de ahí una ronda de telefonemas que incluyó a su par argentina y al mandatario venezolano Hugo Chávez.
Marco Aurelio, a su vez, recorrió el espinel de encargados de política exterior. Los mandatarios de Argentina y Brasil exploraron la posibilidad de enviar una misión diplomática de primer nivel a La Paz, ayer mismo. La realizaría el Grupo de Amigos de Bolivia (Argentina, Brasil y Colombia).
La presidenta argentina convocó al ministro Jorge Taiana en la misma mañana de ayer. Se decidió que el canciller (junto al subsecretario de política latinoamericana, Agustín Colombo, y otro embajador) partiría en la misma tarde. Desde Brasil lo harían el vicecanciller Samuel Pinheiro y el ya mencionado García. Los pasajes para Taiana y sus colaboradores estaban reservados, las valijas hechas, pero a último momento el gobierno boliviano anunció a sus aliados que prefería suspender, por ahora, la visita. Todas las partes concuerdan: esa misión podrá efectivizarse cuando Evo lo requiera. Todo sugiere que se concretará más pronto que tarde.
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La rabia autonomista. En la lectura del gobierno argentino, el factor central de la escalada política es la intransigencia desestabilizadora de la oposición política. “No soportan un gobierno popular, indigenista, el más progresista de la historia, sin precedentes cercanos en más de medio siglo”, mapean profesionales avezados del Palacio San Martín. Agregan un contrafactual, por suerte incorroborable: “En otras épocas, el rupturismo de las clases dominantes de Santa Cruz podía esperar un guiño de Brasil. Y los de Tarija, uno nuestro”. Ese horizonte es hoy imposible, lo que no obsta para que en Tarija opongan a la legalidad constitucional y a dos elecciones contundentes, los dictados separatistas de una apolillada Constitución de 1825.
Dueños de la riqueza y de la autoridad desde siempre, reconvertidos a la rama energética, los autonomistas no soportan, literalmente, la existencia de un gobierno que desafía sus privilegios.
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En otras palabras. El Palacio San Martín tradujo esa visión en un comunicado, con otras palabras pero con firmeza sugestiva: califica como “sabotaje terrorista” a las acciones que segaron ayer la vida de al menos nueve personas. Y “exhorta a la comunidad internacional a que se pronuncie a favor del respeto al orden constitucional y la integridad territorial de Bolivia, y a condenar las acciones violentas impulsadas por autoridades locales, así como todo intento exterior de buscar la desestabilización de gobiernos populares…”. La alusión al Departamento de Estado es inequívoca y más que justificada. “La embajada” hizo de las suyas. Un especialista en secesiones, que estuvo destinado antes en Kosovo, desplegó su desmesura en el Altiplano, dejando a Spruille Braden reducido a la magnitud de un poroto. Ni las formas cuidó Philip Goldberg, ahora expulsado por Evo: se aposentó en Santa Cruz. Se nota que al hombre le agrada jugar de local.
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Reclutamiento. La violencia sería bastante grave si las regiones díscolas tuvieran fuerzas de choque armadas hasta los dientes. Pero hay aún más: según información disponible para el Gobierno argentino, los autonomistas han innovado en un rubro de importaciones, los mercenarios. El mundo alberga entre muchas otras minorías ominosas, a fogueados militares, prontos a guerrear en cualquier comarca, a cambio de buena paga. Diz que unos cuantos recalaron en Santa Cruz y que adiestran a enfervorizados militantes, mayormente jóvenes, de la derecha. Es simple dar con ellos, explican fuentes calificadas a un cronista profano, hay lugares de encuentro sacralizados en capitales europeas. O, si uno es más modernito, puede hacer contacto en una publicación on line, Soldier of Fortune, una suerte de mercado libre de perros de la guerra.
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Evo es millones. Las apetencias destituyentes de la derecha boliviana podrían convertir a la región, no sólo a su sufrida patria, en un polvorín. Pondría en jaque (acaso en jaque mate) a la perspectiva de integración energética racional, desataría reacciones proporcionales y podría producir flujos emigratorios inmensos a países limítrofes.
La falta de perspectiva sistémica de sectores sociales locales, acompañados por diplomáticos del big stick, hace zozobrar logros históricos de las últimas décadas. Los países sudamericanos, los más desiguales del orbe, vienen logrando edificar una etapa promisoria. Relativa estabilidad democrática, una proporción bajísima de conflictos armados internos (comparados con su historia previa y con los standards actuales en otras latitudes del planeta), incremento de la cooperación regional y de la integración económica. Esos avances, siempre insuficientes y en riesgo, vienen de la mano de gobiernos de firme base popular, con tonalidad política reformista o revolucionaria, pero siempre validados por elecciones limpias.
Un ataque minoritario contra Bolivia, clasista, divisionista, con lazos en el exterior, es una apuesta regresiva de consecuencias impredecibles.
Argentina y Brasil atraviesan una época sin precedentes: sus relaciones políticas y económicas son las más intensas de su vida en común. Entre los muchos desafíos que trajinan juntos, es prioritario el de preservar la vigencia de un proceso popular que es orgullo de cualquier sudamericano democrático y progresista. Amén de una reivindicación de la mayoría de la población boliviana, sojuzgada durante siglos.
Quienes vienen bregando para apuntalar la gobernabilidad en Bolivia testimonian que hablar civilizadamente con la oposición es entre muy difícil e imposible. “Tienen un nivel de sectarismo y de racismo explícito asombroso para nosotros. Lo expresan con desenfado y naturalizan que ‘ellos no pueden recibir órdenes de un indio’”, apunta un empinado funcionario argentino adiestrado en esos escarpados paliques.
A eso, a rancia discriminación (amén de a gas) huele la revuelta autonomista que hace alzar la guardia a los gobernantes democráticos de las naciones vecinas de Bolivia.
Por Mario Wainfeld
Un grifo con válvula política
Cualquier movimiento político o decisión administrativa en el área de los hidrocarburos que toma un gobierno de la zona tiene impacto en el conjunto del sensible mapa energético regional. El ataque de los autonomistas bolivianos a pozos y ductos en las últimas horas habría obligado a reducir a la mitad los envíos de gas a Brasil y comprometió los magros despachos a la Argentina, al menos, por veinte días. Este episodio coyuntural tiene como marco la aspiración proclamada por los prefectos de la Media Luna, opositores a Evo Morales, de que se duplique el precio de exportación a estas dos naciones, llevándolo a 18 dólares el millón de BTU. Lo curioso es que semejante avidez se fundamenta, entre otras razones, en lo que Buenos Aires le cobra a Chile por el gas que le vende hoy.
Bolivia es la gran reserva gasífera de la región, pero las posibilidades de aprovechar ese tesoro bajo tierra dependen, entre otras cuestiones, de que las petroleras privadas, en mayor medida, o YPFB, en menor, inviertan en el desarrollo de los campos. Los 41 millones de metros cúbicos por día que produce aquel país se destinan prioritariamente a Brasil (31 millones) y a atender el mercado interno (7 millones, aproximadamente). El saldo no alcanza ni para cubrir los 7,7 millones de metros que por contrato debería proveer a la Argentina, aunque le pague por ello más que cualquier otro.
Con temperaturas altas y recursos energéticos alternativos –compras de fuel o gas licuado, básicamente–, la falta del gas boliviano no traerá consecuencias demasiado dramáticas sobre la economía local. Pero el episodio arroja luz sobre las dificultades para contar con este recurso.
La estatal Enarsa importa el gas boliviano disponible a 10 dólares el millón de BTU (unidad calórica equivalente a unos 28 metros cúbicos). Este valor está por encima de lo que oblan los brasileños que, sin embargo, tienen la prioridad a la hora de ser atendidos. Pero es apenas la mitad de lo que paga Chile por el escaso gas que Argentina le envía, desde que la escasez obligó a Planificación a priorizar el mercado interno y forzar a las productoras que exportaban a mermar sus despachos.
Esas restricciones justificaron en su momento las protestas del gobierno de Michelle Bachelet, que pasó de la desesperación por el recorte del suministro argentino a buscar otras fuentes sustitutas. No le fue mal. En particular, si se considera que hoy se le cobra a esa nación casi 20 dólares el MBTU, de los cuales el grueso queda en la caja de Enarsa. De ese modo, la empresa estatal compensa lo que paga por el gas boliviano, que internamente provee luego a las petroleras locales a menos de un quinto de aquel valor: la diferencia es subsidio. Mucho más, sin embargo, le cuesta el gas licuado que importa.
En la última revuelta encarada por los prefectos de las provincias más ricas en hidrocarburos de Bolivia, sus seguidores destruyeron un ducto en Tarija que dificultó la entrega a Brasil y a la Argentina. No es extraño que los autonomistas golpeen en un lugar tan sensible. Desde la nacionalización, la administración de Evo Morales logró revertir la ecuación imperante, que implicaba una millonaria fuga de renta petrolera al exterior hacia las matrices de las empresas radicadas allí: hasta fin de 2005, Bolivia se quedaba con 300 millones de dólares de las exportaciones; ahora ese monto subió a 1600, producto de un cambio en el régimen de regalías que tributan las empresas.
Bien saben los gobernantes rebeldes que cerrando el grifo de la venta al exterior de hidrocarburos horadan el poder de la administración central privándola de recursos vitales. Sólo la merma del suministro a Brasil y a la Argentina implica una disminución de ingresos de alrededor de 7 millones de dólares por día. Según Santos Ramírez, el titular de YPFB, la empresa estatal tardará no menos de 20 días en reparar los ductos malheridos, tarea que le costará 100 millones de dólares, que se añaden a los 140 que deja de percibir por la menor venta. En este sentido, el golpe de los autonomistas fue bien asestado.
Por Cledis Candelaresi
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