Desde marzo pasado Colombia vive el golpe de la covid-19 y con ella el desnudo de su precario sistema de salud; al mismo tiempo vive una crisis/recesión que agobia su economía. Las dos juntas, la de salud pública y la del aparato productivo, han dado paso a una crisis de calado mayor que restriega los ojos de todos. Así, con ojos libres de cualquier suciedad, es imposible negar o disfrazar el deformado cuerpo de una sociedad tallada por una desigualdad de ribetes descomunales y por unos riscos donde anidan unos pocos que nadan en la abundancia.
Esa es parte de nuestra realidad, la misma que será más espeluznante toda vez que producto de esta crisis millones padecerán empobrecimiento, seguramente sufriendo por prolongados meses desempleo –en caso de haber gozado de trabajo fijo en algún momento–, embargo de sus viviendas o desalojo de la ocupada en arriendo, congelamiento de sus estudios por incapacidad de pago, largas temporadas de mala alimentación, y otras muchas manifestaciones de los efectos de la crisis por ausencia de un gobierno que vele por las mayorías.
Esa es una realidad hoy palpable pero que lo será mucho más en el futuro cercano. La crisis es y será dolor, pero también oportunidad para replantearnos como sociedad, para que pensemos en el país de nuestros sueños, para que nos dispongamos a luchar por él. Una realidad y una posibilidad tal que nos lleva a preguntarnos por un posible plan humano “para los de abajo”. Un plan con medidas económicas inmediatas y mediatas para neutralizar la tragedia social que ya padecen millones y que al seguir acumulándose padecerán muchos más; una tragedia que desnuda, en su real cuerpo e intereses, al gobierno que tenemos y la minoritaria clase que representa.
Un plan que reivindique como propósito urgente y central de nuestra sociedad en el actual momento la disposición de todas sus capacidades y recursos para rescatar a quienes padecen con crudeza los efectos de la doble crisis que desploma al país. Es un plan, por tanto, con medidas de choque y otras de mediano y más largo plazo, proceso en medio del cual debemos afrontar una discusión abierta a toda la sociedad para avanzar en lo que comprendemos por humanidad, sociedad, solidaridad, justicia, vida digna, democracia, salud, etcétera.
Sabiendo que no es posible lograr acuerdo sobre estos tópicos, lo valioso de esta acción política es que alcancemos a comprometer al mayor número de connacionales en reflexiones que implican su vida de hoy y de mañana, estimulando de esta manera su organización como sujeto activo, pasando de la contemplación y pasividad –de quien delega en otros el diseño y administración de su vida– a la acción consciente que asume en sus propias manos su presente y futuro, condición fundamental para avanzar hacia la construcción de sociedades en donde la democracia deja de ser forma, para ser esencia.
Medidas
Inmediatas
• Ingresos
Ingresos. Para enfrentar la actual crisis económica y avanzar en inclusión social: implementar la Renta Básica (RB) que cubra no menos del 50 o 60 por ciento de la población, con beneficio de un salario mínimo a lo largo de los próximos tres meses, y la que luego deberá ser permanente, con una transferencia de al menos el 70 por ciento del salario mínimo vigente*.
* Beneficios de la RB inmediata: al estimular la demanda interna ayuda a reactivar el aparato productivo local y, con ello, a reducir el desempleo. Es de suponer que la primera demanda de los hogares beneficiado de la RB será de bienes de la canasta familiar, especialmente de la canasta básica agrícola, o bienes de consumo abastecidos en su mayoría por producción local.
• Empleo
El Estado debe asegurar que las políticas que está aplicando para enfrentar la pandemia tengan una orientación fundamental: quebrar el ciclo recesivo contraccionista económico y social, para lo cual debe proveer incentivos para la reactivación, invirtiendo en sectores clave relacionados con la seguridad sanitaria y alimentaria, en la transición ecológica, en la reconstrucción del tejido social y de la infraestructura física, todo ello a lo largo y ancho del territorio nacional.
Para así proceder y reunir la suficiente mano de obra que este esfuerzo requerirá, abrir bolsas de empleo por lo menos en el 30 por ciento de los municipios del país, privilegiando a los ubicados en las zonas donde se pondrán en marcha todos y cada uno de los proyectos que implique la inversión en sectores clave de la economía nacional. En algunos casos, para ser más eficientes, deberán acordarse alianzas con organizaciones de la economía solidaria y del rango comunitario, así como otro tipo de organizaciones privadas. Guiar este tipo de alianzas por la máxima: el interés público debe primar por sobre el interés privado.
De igual manera, restablecer el papel del Estado por lo menos en las siguientes áreas:
Salud. Desmercantilizar la prestación de este derecho humano, para que el conjunto social pueda entrar en igualdad de condiciones a su goce. Las clases altas pueden asegurarse privadamente, si así lo desean, pero la gran mayoría de la población debe acceder a servicios de salud eficientes no mercantilizados y para ello la única posibilidad es el Estado como responsable.
La Ley 100/93 hay que replantearla y ver dentro de la nueva función del Estado, que no es volver al estatismo tradicional planificador central de hace unas décadas sino a un Estado proactivo, intervencionista en aquello que debe intervenir pero responsable y eficiente para las condiciones modernas**.
**La pandemia develó, una vez más, las grandísimas falencias en el sistema de salud y la inconveniencia de la Ley 100/93. Desprivatizarlo es condición sine qua non para que en algún momento llegue a cumplir de manera adecuada con los propósitos que le competen.
El Estado debe garantizar este derecho humano fundamental, y organizar su prestación de tal manera que el nivel preventivo destaque, relacionándolo con entornos saludables y alimentación equilibrada. organización territorial, vivienda, alimentación, medio ambiente, atención social; como mínimo estos campos de la vida diaria deberán estar integrados y atendidos de manera conjunta para que la salud deje de ser un asunto de quirófanos.
Educación. Además de la gratuidad para acceder a la educación primaria y secundaria, universalizar este derecho cubriendo, inclusive, la educación universitaria y superior en general. Ampliar la infraestructura instalada en las universidades pública ya existentes, además de fundar nuevas universidades, cada una de ellas con perfiles en investigación y formación académica según las potencialidades de los territorios donde sean edificadas. Crear las bases para un amplio y dinámico proyecto en ciencia y tecnología.
Transporte urbano e intermunicipal. El desestímulo del uso del vehículo privado, y por esa vía avanzar en política ambientales que en efecto descontaminen los centros urbanos y sus alrededores, demanda la construcción e implementación de un eficiente servicio de transporte público. Para el mismo debe privilegiarse la movilidad con base en energías limpias, dejando a un lado el motor diesel y de gasolina. Para el caso urbano, deben complementarse variedad de modelos de transporte entre ellos los troles, tranvías, trenes de cercanías, cables aéreos. Para el intermunicipal hay que recuperar el sistema férreo –ver medidas de largo plazo.
Seguridad alimentaria. Para el caso de nuestro país la pandemia demostró con nitidez que si no hubiera sido por la producción campesina de bienes básicos agrícolas no habría sido posible garantizar la seguridad alimentaria en tiempos de confinamiento. Esto revaloriza la seguridad y la provisión de bienes agrícolas de la economía rural, particularmente de la campesina. Inyectarle fuertes sumas de dinero a este sector, estimulando la producción ampliada de cereales, verduras, frutas, tubérculos, así como la producción en piscicultura y granjas para la producción cárnica a baja escala, recuperando canales de regadío, construyendo otros, diseñando eficientes líneas de mercadeo que acerquen al producto directo a los mercados barriales –reduciendo de esta manera la intermediación y encarecimiento que conlleva–, son retos por acometer de inmediato. El diseño de líneas de crédito a muy bajo costo es una medida que reconoce el esfuerzo de los campesinos y favorezca su labor. Todos estos aspecto, más la misma propiedad de la tierra, son factores clave para la inclusión social del campesinado.
Tierra. Condición fundamental para que el país garantice soberanía alimentaria es la realización efectiva de una reforma agraria que garantice a millones de campesinos el derecho a la tierra que aún les es negado. Un paso paralelo a ello es la formalización de la propiedad de la tierra, entregando sus títulos a quienes la han laborado por años.
Mediano plazo
Agua y luz. En la vida moderna es imposible gozar de vida digna sin tener acceso permanente, con calidad y eficiencia, a estos bienes fundamentales.
Para construir empresas que los garanticen con calidad y eficiencia, hay que propiciar que sean bienes comunes y como tal en su diseño y funcionamiento debe participar la sociedad de manera activa, no solo para fiscalizar sino también para diseñar y proyectar su perfil y funcionamiento. Para garantizar su carácter, la ganancia deja de ser propósito central, su principal objetivo es que ningún hogar quede por fuera de su goce, de ahí que socializar sus ganancias sea uno de los mecanismos para que el conjunto social los pueda recibir a plenitud.
Para así garantizarlo, el Estado puede asociarse con variedad de agentes, por ejemplo con asociaciones comunales como las que ahora mismo velan por los acueductos comunitarios en diversidad de municipios, pero también con agentes privados que se sometan a las condiciones que les establezca la sociedad –por ejemplo, poca ganancia, eficiencia y transparencia en su funcionamiento.
Intervenir el sector financiero y crear bancos de fomento. No es posible tener el más mínimo control sobre la economía sino se cuenta con una regulación estricta que ponga en cintura el sistema financiero. De igual manera, la sociedad tiene que dotarse de instrumentos para administrar, financiar y apalancar el conjunto de sus iniciativas productivas, de organización urbana y rural, de transporte, en todo lo cual son indispensables los bancos de fomento.
Vivienda. Poner en marcha un amplio proyecto de vivienda digna, que supere en espacio, diseño, estética, espacios públicos, lo construido hasta ahora. Dejar como mal recuerdo el modelo de vivienda social implementado a lo largo de las últimas 4 décadas. Vincular al diseño y ejecución de los nuevos modelos de vivienda a toda la población interesada. Abrir amplio debate sobre la propiedad del suelo en los centros urbanos, buscando apoyo social para que su propiedad pase a manos del Estado, eliminando por esta vía el factor fundamental de especulación y encarecimiento de la vivienda.
Recuperar el sistema férreo, que como es reconocido, es menos contaminante, más económico, más eficiente en capacidad de transporte, tanto de población como de mercancías. Aprovechar los tendidos de rieles ya existentes, y sobre ellos renovarlos, reforzarlos y ampliarlos en extensión cubriendo nuevos poblados que hasta hace 40 años –cuando aún existía Ferrocarriles Nacionales– no estaban tan poblados. Integrar este sistema con la red de transporte urbano y con la de cabotaje que también debe recuperarse, logrando en el largo plazo que ríos como el Magdalena sean retomados como una de las principales autopistas acuáticas del país.
Largo plazo
Una masiva política de empleo vendrá de la renovación-reubicación de los principales centros urbanos existentes en el país, buscando con ello calidad de vida, descontaminar, recuperar miles de hectáreas –continuas a grandes poblados– para la producción agrícola, reorganizar su diseño interno, facilitar el transporte diario, ganar para la vida miles de horas que cada año se dilapidan en viajes entre casa-trabajo-casa.
Construcción de nuevos centros urbanos. Hay que regresar al país de regiones y de ciudades que llegamos a ser, impidiendo la existencia de megalópolis, totalmente antinaturales. Construir, por lo menos, dos nuevas ciudades por cada una de las regiones con que cuenta el país, tratando que ninguna de ellas supere el millón de pobladores. Diseñar la ampliación, asimismo, de por los menos 2 o 3 centros poblados de los hoy existentes, a los cuales llegaría parte de la población reubicada de las principales capitales de departamento.
Recursos frescos para financiar este esfuerzo. Para ello:
Reforma estructural tributaria, que cumpla con los principios constitucionales de progresividad financiera, eficiencia y transparencia para los siguientes propósitos:
1. Aumentar el esfuerzo fiscal, de toda la sociedad, es decir la proporción del recaudo respecto del producto interno bruto (PIB), asumida en un periodo de 3 años por los menos 6 puntos del PIB o un poco más.
Para poder hacerlo hay que cambiar la estructura, que debe ser progresiva: que los más ricos paguen proporcionalmente tarifas según su riqueza respecto al resto de la población. Con la actual estructura existente, los más ricos pagan menos tarifas o incluso equivalentes a los que paga la clase media, lo mismo con las empresas. Este cambio llevará a que gran parte del esfuerzo tributario adicional de la población provenga fundamentalmente de los sectores más ricos de la sociedad.
2. Incrementar la eficiencia y la transparencia del sistema. Existe una gran evasión de los sectores ricos de la sociedad, hay una serie de mecanismos con visos de legalidad que propician la evasión masiva de los más ricos de la sociedad. Hacer esto realidad obliga a unas decisiones muy complejas que dependen de la voluntad política de quienes gobiernan, para taponar figuras y formas que favorecen únicamente a los ricos, no a la clase media ni a los pobres. La reforma estructural tributaria no solo debe garantizar un cambio efectivo en al recaudación de impuestos , para darle mayor financiación al Estado, sino también avanzar hacia un Estado social de derecho como pregona la Constitución del 91.
3. La tributación debe cumplir su efecto primigenio que es la redistribución del ingreso. Hasta ahora el sistema tributario colombiano ha demostrado ser regresivo, y aún el impuesto a la renta no redistribuye. Debemos tener un sistema
Hay que replantear la geografía colombiana ya que en dos décadas no será la misma
Cuando hablamos de revalorar y reconsiderar la política de seguridad alimentaria y del desarrollo rural, partimos de reconocer que con el cambio climático que viene habrán muchos territorios hoy agrícolas que dejarán de serlo, vendrán cambios en la configuración agropecuaria, y estaremos abocados a realizar reasentamientos humanos y relocalización de la producción. Una labor que no puede acometerse de manera efectiva si el Estado no estimula una amplia participación social, en consulta masiva con todos los sectores y personas interesadas en tal realidad.
Colombia, cuya riqueza está centrada en la biodiversidad, en la naturaleza, en la ecología, el Estado tiene un papel central en la conducción de la transición ecológica del modelo actual al modelo que privilegie la sustentabilidad socioeconómica del modelo de desarrollo buscando aprovechar, desarrollar y preservar la gran riqueza del 60 por ciento del territorio colombiano que está alrededor de la ecología y a la transición ecológica hacia nuevas formas de consumo y de desarrollo social.
Transición ecológica hacia fuentes renovables dejando los combustibles fósiles y privilegiando otras formas de energía en las sociedades en la cual Colombia, sino acabamos de destruir lo existente, podría tener una gran ventaja intergeneracional y ahí el estado es el único que tiene esa labor responsable para que el sistema de mercado actual no privilegie con sus precios, la conservación de los recursos y el desarrollo de la naturaleza. Si no hay un Estado fuerte, no se podrá realizar esa transición ecológica.
Replantear el papel del Estado
La mercantilización y privatización de algunos ámbitos del Estado, como está demostrado en el mundo, no es lo más adecuado en aras de poder enfrentar de manera socialmente eficiente la crisis generada por la pandemia del covid-19.
Hay que replantear seriamente el papel del Estado en la sociedad, en la economía, buscando nuevas formas de asociación público-privadas y una instancia nueva, cada vez más importante: lo común, que no es público ni privado en estricto sentido, potenciando y garantizando así una participación creciente de la población en la organización, ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste de todo lo que tiene que ver con la vida en sociedad.
Hay un papel fundamental del Estado en la economía. En el modelo neoliberal el Estado perdió ámbitos de competencia, dejando a las fuerzas del mercado amplios campos de la esfera económica que, está visto, no es el mejor camino. La idea no es que el Estado intervenga en todos los campos, pero existen sectores estratégicos –por la significancia de los mismos y por la magnitud de la invesión– donde su presencia es fundamental, así lo demuestra el caso de hidrocarburos con Ecopetrol.
La pandemia ha descubierto, inclusive, que muchos países no tenían seguridad ni soberanía en el abastecimiento del material básico sanitario (respiradores, mascarillas). Una de las importantes lecciones aprendidas es que no van a volver a depender de China, India o de terceros países para su propia seguridad sanitaria. Algo similar sucede con la seguridad alimentaria, ya enfatizan en la necesidad de tener unos estándares de seguridad sanitaria y alimenticia que garantice que haya producción local en amplios sectores de la producción agropecuaria.
A la sociedad como un todo, en una acción dinámica con el Estado, le compete buscar una nueva política rural para garantizar una seguridad alimentaria pero que sea equitativa e incluyente del campesinado, lo cual exige un Estado que no deja en manos de las llamadas fuerzas del mercado lo que ahí pueda suceder, sino que invierte lo requerido para contar en todas las zonas que lo requiere una infraestructura de bienes públicos y créditos para garantizar directamente no solo el bienestar sino también una mejor competitividad de la productividad e ingresos para el campesinado que nos garantice la deseada y necesaria seguridad alimentaria
En toda esta acción, sin dejarnos llevar por las demandas abiertas por la crisis, si bien hay que contar con el Estado no podemos llegar a renunciar a la quimera de su cada vez menor intervención, lo cual tiene que ver con una mayor participación y protagonismo social-comunitario en todo momento y en todos los campos. Debilitarlo, por la vía de fortalecer lo común, es condición esencial para ganar mayor espacios de libertad y protagonismo comunitario, para neutralizar su cada vez mayor autoritarismo y control social, así como el realce que en su estructura tiene todo lo relacionado con lo policivo y militar.
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