La presencia de tropas de los Estados Unidos en territorio nacional, bajo cualquier supuesto, es un acto que violenta a todo el país. Aquí una lectura tríptica que en forma de caleidoscopio nos acerca al trasfondo que alimentó la decisión tomada por un gobierno empecinado en volver por los pasos de su tutor.
La noticia cayó como baldado de agua fría. El 27 de mayo la Embajada de los Estados Unidos en Colombia anunció el traslado al país de tropas élite, en este caso una unidad militar conocida como “Brigadas de asistencia a la fuerza de seguridad” (Sfab, por sus sigla en ingles) y que en primera instancia operará en el territorio nacional durante 4 meses. Su misión específica, según la fuente estadounidense: “colaborar en la estrategia contra el narcotráfico”.
Noticia preocupante, ya que se sabe dónde empieza una intervención de tropas, en este caso una “asesoría”, pero nunca se tiene seguridad de su terminación. Pero también preocupante ya que la derrotada guerra contra las drogas deja ver así que tras de ella descansan otros intereses. Precisamente, afirma Ricardo Vargas, investigador en el tema de drogas en el informativo La vacuna https://cutt.ly/UuYyWPp, “[…] si nos quedamos en el tema de drogas no es posible entender el por qué de este tipo de medidas”, lo que lo lleva a abrir la lente y enfocar dos factores detrás de la medida tomada: a) el regreso a la narcotización de esta relación entre ambos países y, b) el interés común sobre Venezuela.
Narcotización y Acuerdo de Paz
Las decisiones de gobierno no son gratuitas, y así queda claro en lo decidido por el encabezado por Duque, que justifica la llegada de estas tropas con el tema de los cultivos ilícitos pero oculta otros objetivos, entre ellos, por ejemplo, desconocer los Acuerdos de Paz.
Como podrá recordarse, enfatiza Ricardo Vargas, “[…] en los Acuerdos de Paz el tema de las drogas fue abordado reconociendo que el mismo tiene un origen socio-económico asociado con la estructura agraria, con la propiedad de la tierra; un reconocimiento que desmonta la militarización y el recurso a la violencia como medio expedito para afrontarlo y superarlo. Un reconocimiento que abre el espacio para el diálogo con las comunidades sobre la reducción de los sembrados, la sustitución de los mismos, etcétera; un diálogo con el Estado que abre espacio para la inversión social”.
Con este horizonte alentando el desmonte de los cultivos ilícitos, comenzó a cerrársele el espacio a la tradicional asociación entre narcotráfico y financiación de grupos armados, producto de la cual, como conclusión diabólica de la Doctrina de la Seguridad Nacional, los campesinos productores de hoja de coca eran asociados como amigos directos de narcotraficantes y de la guerrilla y, por lo tanto, asumidos como agentes del conflicto.
Enemigo de lo acordado en La Habana, el actual gobierno propende por retomar la vieja Doctrina, abriendo así espacio para nuevos escenarios de conflictos y de guerra. No es casual su maniobra, recuerda Vargas, quien aclara, “Si algo caracteriza al modelo utilizado por la extrema derecha colombiana es que necesitan un ámbito de inseguridad, miedo, desprotección de la gente, para poder justificar procesos de militarización y de control disciplinario de las comunidades y del uso de la fuerza”, en lo cual la guerra contra las drogas encaja a perfección. Los más afectados por tal viraje, sin duda, los campesinos que habitan los territorios donde acompañaran operaciones la unidad llegada desde el país del Norte, haciéndolos parte del conflicto. En lo inmediato verán y padecerán acciones y políticas que pasan por la erradicación manual forzosa y militarización, criminalización, aspersión aérea, y de nuevo desplazamientos, muertos, encarcelados, y todo lo asociado a este tipo de escenarios.
Otro beneficio que obtiene el gobierno al regresar a políticas y guerras fracasadas, retoma su diagnóstico Ricardo, “[…] es levantar una muralla para contener la presión social sobre la tierra, para garantizar la prevalencia de los intereses privados en algunos territorios…”, para lo cual las FF.AA. actúan como instrumento que favorece a inversores internacionales y nacionales, a mercaderes de la tierra, a intereses ligados a procesos globales. Y en ese proceder las tropas del Norte aparecen como factor simbólico, así en primera instancia luzcan como instructores para reentrenar a las tropas criollas.
Una presencia alentada por el siempre argumentado consumo de narcóticos en el país del Norte pero, hay que enfatizarlo, indica Ricardo Vargas con la seguridad de quien conoce de lo que habla, “Para la presencia del cuerpo militar de los Estados Unidos no hay evidencia ninguna que demuestre que el crecimiento de las áreas cocaleras en Colombia corresponde con un crecimiento del consumo de cocaína en los Estados Unidos. El problema de salud pública en este país tiene que ver más con su deficiente política preventiva que con un problema de descontrol de la gran demanda de opiáceos sintéticos; el crecimiento de áreas de coca en Colombia tiene que ver con un mercado internacional en auge y que aún en tiempos de pandemia no ha dejado de mantenerse activo. Es decir, ni siquiera desde un modelo de reducción de la oferta hay argumentos válidos para justificar la presencia de las tropas en Colombia”.
El factor Venezuela
Desde finales del siglo anterior, Venezuela se transformó en obsesión para ambos Estados, de ello da cuenta el conjunto de conspiraciones en que han participado buscando quebrar sus gobiernos, unas y otras fracasadas en su propósito final. La llegada de los militares tiene ese mismo ingrediente, en este caso desplegando operaciones en las Zonas de integración integral del Estado o Zonas Futuro, en las cuales tenemos dos escenarios principales: Catatumbo y Arauca, puntos fronterizos en los que harán presencia, lo que les facilitará a los especialistas estadounidenses valorar sobre el terreno posibles acciones por desplegar a futuro. Con seguridad nada será inmediato, pero en lo que decida Colombia, como país trampolín, seguirá propiciando, además de su territorio, todo tipo de apoyos. En todo caso, y con las elecciones presidenciales de noviembre próximo en los Estados Unidos, un posible desfavorecimiento de Trump podría alentar acciones más duras en contra del país suramericano.
En todo caso, Venezuela hoy, como Cuba en los últimos 60 años, está convertida en factor electoral, en voto duro en La Florida, y ello pesará en las decisiones que tomen en la Casa Blanca respecto al país caribeño en los meses que vienen.
Otros beneficios
No dan puntada sin dedal, podríamos decir, y como sastres de una gran factoría, con la decisión tomada también crean el ambiente para, de ser necesario, seguir manejando el país a través de estados de excepción, que tan útiles les han resultado en meses recientes, así como para tapar escándalos –que precisamente tienen que ver con el narcotráfico: financiación de la campaña electoral de Duque a través de lavado de activos, Ñeñe Hernández, los problemas de Uribe por los procesos que en su contra adelanta la Corte Suprema de Justicia, entre otros ejemplos. Ahondan, al mismo tiempo y de esta manera, el tipo de gobernabilidad implementada años atrás por Uribe.
Es una operación que, como ya fue anotado, llama la atención Ricardo Vargas, “También es un mecanismo óptimo para socavar el Acuerdo de Paz, y así se observa en la comparación entre los Planes de desarrollo con enfoque territorial (Pdtes) –más allá de todos los problemas acumulados en su concreción y desarrollo–, pero en su espíritu abren expectativas de participación comunitaria–, y las Zonas especiales de intervención integral que regresa a la planeación y orientación desde Bogotá, desde el alto nivel hacia abajo –para definir sobre las regiones–“.
Para ese giro, precisamente, retoman el viejo discurso –y en ello es bastante útil la guerra contra las drogas– que resalta el tema del conflicto, de la presencia de variedad de grupos criminales en estos territorios, la misma muerte de líderes sociales –como una simbología también importante para ellos–, etcétera. Y la cura para todo ello: la intervención estatal en marcha, con asesoría gringa directa. Esta es la promesa, indica Vargas, “[…] pero en realidad se trata de un interés por aproximarse mucho más a que las inversiones destinadas para estos territorios no vayan para el favorecimiento de los campesinos y sí para el de los intereses privados…”, los que llevarán estas zonas al “desarrollo”, conectándolos con los circuitos internacionales.
Vino nuevo en odres viejos. No hay duda. Estamos ante una reedición de los modelos de consolidación en donde se caracteriza estas Zonas Especiales o Zonas Futuro, como territorios en disputa, como en su doble mandato lo hiciera Uribe en disputa con las Farc.
“Aquí hay una asimilación bastante manipulada de esas dos situaciones –aclara Ricardo–, en tanto hoy estamos frente a unas dinámicas muy distintas a las de décadas atrás, pero así actúan para justificar la intervención desde las Zonas especiales. Por fuera de lo decidido queda una caracterización rigurosa de la existencia hoy día del conflicto, que es lo que correspondería: ¿de qué hablamos hoy cuando aludimos al conflicto?”.
Y así proceden tras objetivos precisos, entre ellos –hay que reiterarlo–, restablecer un escenario de conflictividad, de militarización y de soslayar prácticamente la participación de la comunidad, creando de esta manera un escenario de guerra permanente en estos territorios. Y tras todo esto, la inversión de capital privado, la entrega de decenas de miles de hectáreas a multinacionales del agro y de la minería, denegando los Acuerdos de Paz y con estos los Pdtes.
Erradicación forzada y derechos humanos
Para el análisis actual del factor cultivos ilícitos debemos tener en cuenta otros aspectos presentes en la coyuntura que sobre el particular estamos viviendo, entre ellos la violencia contra los liderazgos sociales, indica Pedro Arenas, integrante de la Corporación Viso Mutop, en conversación con Alirio Uribe y Ricardo Vargas.
Como es público, indica, desde el pasado 1 de febrero el gobierno nacional retomó la erradicación forzada, con una meta: eliminar entre 90 y 100 mil hectáreas de coca. En tal fecha tropas de la Policía Nacional fueron desplegadas en Tumaco (Nariño), y desde ese mismo día sus pobladores denuncian el incremento de actos violadores de los derechos humanos.
Ese primer día del segundo mes del año, Segundo Girón, miembro del Consejo comunitario del Río Mejicano –jurisdicción de Tumaco– y opuesto a la erradicación forzada, recibió en su humanidad un disparo de parte de la policía allí desplegada. Así va resumiendo Pedro Arenas las denuncias llegadas desde distintas partes del país.
En el mismo mes hay registro de muertes violentas o heridos asociadas con la resistencia a este tipo de erradicación, en Sardinata (Cúcuta), Indas, Sabaneta –Resguarda Awá–, Anorí (Antioquia), Vista Hermosa (Meta, vereda Tercer Milenio) donde el saldo es de varios heridos. También se informa de campesinos heridos en zonas de Catatumbo, Putumayo, Río Inírida y Guayabero.
En estas zonas han desplazado, unas veces tropas de la policía, en otras del ejército y contratistas en otras. Pero, llama la atención Pedro, entre la Policía y el Ejército ya no hay gran diferencia y la primera proyecta una imagen militarizada en su proceder, tanto por el armamento que porta como por las formas con que opera y se relaciona con la población.
Ante todo ello, las comunidades reclaman respeto a sus vidas y a sus bienes, así como opciones de desarrollo. Arenas llama la atención que la fuerza pública no sabe o no alcanza a responder a estos reclamos, lo que genera choques con la población opuesta a la erradicación forzada, sobre todo por la ausencia de alternativas para su economía.
Son choques, resistencia de quienes habitan tales territorios válidos para ello de palos, que el gobierno denuncia como choques (como si estos campesinos integraran cuerpos de combate), cuando lo que en realidad realzan allí son campesinos resistiendo a tropas helitransportadas.
Esta desigual realidad, comenta Arenas, el exceso de fuerza, lleva a los campesinos a exigir la presencia de la Defensoría del Pueblo, así como de otros organismos defensores de derechos humanos, pero ni una ni otros llegan producto del confinamiento obligatorio. Es decir, la cuarentena aporta para que estos hechos pasen en silencio. Exceso de fuerza que tiende a empeorar pues la meta propuesta no admite reparos. Pero, además, no hay que olvidar, llama la atención Pedro, que el ministro de Defensa, Carlos Holmes, aseguró que las tropas respetan los derechos humanos y que no pararán las operaciones. Como tampoco puede dejarse de lado que el imaginario o matriz que pretende imponer el gobierno es que quienes se oponen a la erradicación forzada son personas por fuera de la ley, que bloquean el desarrollo y las tareas de las instituciones y que le hacen un favor a los delincuentes. Fíjense, reclama Arenas, que ese decir gubernamental es la misma matriz de opinión manejada en los años 90 y usada cada vez que alguien se opone a este tipo de erradicación.
Mientras así actúa, el gobierno se niega a brindar alternativas de desarrollo, así como abrir cupos para que nuevos grupos de campesino se vinculen a programas alternativos.
Las aspersiones con glifosato, de nuevo en el ojo
Para Alirio Uribe, abogado integrante del Colectivo José Alvear Restrepo (Cjar). el propósito es uno: marchar al ritmo del deseo de la Casa Blanca y complacerlos con miles de hectáreas erradicas, de ahí el afán por regresar a la desastrosa práctica de fumigar los cultivos de coca con glifosato, sin reparar en sus consecuencias ambientales, humanas y de otros varios órdenes.
Estamos ante un gobierno “sin memoria”, de ahí que pretendan volver 15 años atrás, cuando con estas aspersiones –en realidad guerra química– obligaron al desplazamiento de miles de campesinos, propiciando de paso el despojo de cientos de miles de tierra. Hay que recordar, comenta Alirio Uribe, que el glifosato utilizado para esta práctica, de por sí ya venenoso en su presentación “normal” y prohibido en infinidad de países, para el caso de estas operaciones de guerra química es más fuerte, reforzado con otros componentes, es decir, muchos más desastroso para el entorno humano y ambiental. En las altas esferas gubernamentales no reparan en nada de esto y están decididos a la ruptura del Derecho Internacional Humanitario en tanto con estos agentes químicos no solo se agrede los “cultivos malditos” sino que también se afecta a la población civil, a bienes civiles, a cultivos lícitos, generando con ello problemas de seguridad alimentaria, y sumiendo amplias áreas del país en prácticas de guerra.
La decisión del actual gobierno está tomada y proyectan operar sobre 104 municipios. Pero hay que recordar, trae a colación Alirio, que las aspersiones aéreas están prohibidas y para retomarlas tendrán que cumplir con las nítidas condiciones impuestas por la Sentencia T-236/17, en la cual los jueces retomaron el tema ambiental, el de la salud humana, además de ser bastante explícitos con la necesaria consulta previa.
Precisamente, recuerda Alirio, esta Sentencia suspendió las aspersiones por no estar precedidas de la consulta previa. Pero, afanado por sus compromisos con los Estados Unidos, el gobierno de turno insiste ante la Corte Constitucional –con la complacencia del fiscal Néstor Humberto Martínez–; la respuesta de la Corte fue un Auto, donde precisa las condiciones para poder regresar a esta práctica –de guerra, podríamos decir.
Las condiciones
Regulación independiente, que evalúe riesgos para la salud y para el medio ambiente;
– Establecer un mecanismo de revisión que alerte sobre nuevos riesgos que puedan desprenderse de las aspersiones;
– Que previo a su posible ejecución, la comunidad cuente con espacios para la deliberación, para sentar su opinión; una participación reforzada por parte de las comunidades potencialmente afectada por las aspersiones.
– Tomar en cuenta investigación científica, rigurosa, imparcial, para evaluar los riesgos.
– Si se retoman las aspersiones, garantizar un procedimiento de queja (independiente, imparcial), tomando en cuenta que en años anteriores los mecanismos de queja no eran independientes ni imparciales, de lo que da fe el hecho de las 17.600 quejas interpuestas, 17.000 de las cuales fueron rechazas a pesar de evidenciar las afectaciones que estaban generando para la subsistencia de quienes allí habitaban.
– De llegarse a retomar las aspersiones hacerlo en cumplimiento del Acuerdo final de Paz (Punto 4).
La tutelas
La realidad es que mientras el gobierno presiona para retomar las aspersiones poco o nada hace por impulsar el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el cual está totalmente desfinanciado para el 2020, de lo cual da cuenta que apenas han apropiado, en los primeros cinco meses del 2020, el 3 por ciento de los recursos previstos para el mismo.
Una persistencia oficial en una práctica de desastrosas consecuencias que no toma en cuenta que erradicar una hectárea de coca demanda 300 millones de pesos, mientras que un campesino obtiene por su labor mensual para la siembra y recolección de la hoja escasos 4 millones de pesos. Es decir, acordar con ellos un programa de sustitución sería mucho más viable, beneficioso para el medio ambiente, sin daños para la salud humana y de los otros seres que habiten el territorio, y menos oneroso para el erario nacional.
Bien, sin reparar en todo esto y ajena a su misión principal, la Autoridad nacional de licencias ambientales –Anla– da el brazo a torcer y autoriza al gobierno para que proceda con su guerra química. Con la autorización en su mano, el gobierno da paso a varias audiencias, de las cuales realizó 3 preparatorias virtuales, y el cierre del proceso, también virtual, estaba previsto para el 27 de mayo.
Alertados por esta posibilidad, las comunidades actúan con rapidez e interponen tutelas. Una la radicaron en Policarpa –Nariño–, firmada por la asociación de limoneros del municipio, la Junta de acción comunal y los cacaoteros. Otras fueron presentadas en Bogotá, firmadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientalistas, como por personas a mutuo propio. Otras tutelas también fueron radicadas.
Ante esta realidad, el juzgado segundo administrativo de Pasto las acumuló y decidió tutelar los derechos de todas estas personas. Con su fallo concedió la tutela al considerar que se habían violado los derechos humanos fundamentales, al debido proceso, a la participación, a la consulta previa, al acceso a la información de las comunidades potencialmente afectadas, y ordenó la suspensión del procedimiento ambiental hasta tanto se garanticen condiciones reales y efectivas de participación.
La tutela es rica en probar, explica Alirio Uribe, que las comunidades indígenas, afro y campesinas que habitan los territorios y que debían participar de este proceso virtual no cuentan ni siquiera con teléfono fijo, mucho menos con internet; las familias no cuentan con computador y no pueden llegar a la cabecera municipal pues el confinamiento es obligatorio.
Valga recalcar, llama la atención Alirio, que el problema no era solamente que la audiencia fuera virtual sino que eran necesarios muchos momentos de participación para que en efecto estas comunidades participen y no solo escuchen al Estado; participación necesaria para que su voz y conceptos realmente sean tenidos en cuenta al momento de evaluar los impactos y las medidas por implementar para minimizarlos.
Es así como al momento está suspendido el procedimiento ambiental. Por la manera como procedieron se ordena a la Anla y a la Policía presentar disculpas a las comunidades por violar sus derechos fundamentales. Además, la Anla debe hacer accesibles documentos públicos sobre estos tópicos y que han pasado ocultos.
Como puede verse, la aspersión no está liquidada, es una posibilidad real, y en ello la presencia de tropas gringas tiene su peso simbólico. Pero, además, la erradicación forzada violenta se mantendrá y ahí, de manera directa, las tropas gringas rediseñaran procedimientos en compañía de sus pares nacionales.
De esta manera, el reto está abierto para el resto de la sociedad: hay que parar la erradicación forzada violenta, hay que poner en marcha acciones legales; hay que apoyar también la acción administrativa de la Procuraduría delegada para asuntos étnicos, que le pidió al gobierno nacional la suspensión de este tipo de erradicación forzada y violenta. Y al mismo tiempo, las comunidades que habitan estos territorios tienen el reto de movilizarse para evidenciar su rechazo a la decisión del gobierno Duque.
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