
Finales de 2019. Desde la fecha en que el “covid-19” “sorprendió” al mundo, el debate frente a las libertades individuales y personales, limitadas con fundamento en que es necesario combatirlo, controlarlo o al menos contener su avance, está al orden del día; un debate mucho más intenso a partir del mes de marzo del año 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el inicio de una pandemia.
Las prohibiciones impuestas desde el primer momento fueron extremas, por ejemplo, para movilizarse entre países y al interior del propio territorio; pero también se impusieron un conjunto de obligaciones de todo tipo, empezando por la exigencia de reportar información sensible e inscribirse en diferentes plataformas si se pretendía obtener autorización para salir de la residencia, una especie de bases de datos que encontró pronto rechazo social toda vez que no se sabía el paradero final de la misma, en fin, un conjunto de restricciones vividas y padecidas por todos.
Ahora surge otra, la obligación de vacunarse, y la posibilidad de limitar importantes derechos a quienes no la acepten. El debate en nuestro país y en el mundo entero está abierto, y parece que otra vez la libertad individual debe ceder. Diferentes naciones en el mundo ya impusieron el “pasaporte covid” o un “pase verde”, una especie de tarjeta sanitaria que se exige para entrar a un café, un restaurante, un cine, un gimnasio, un museo, para utilizar el transporte público, para subirse al tren o a un avión.
Está claro que la imposición de una obligación tal vulnera de forma evidente los principios que soportan a un Estado constitucional y democrático, que está fundado en la dignidad, la autonomía y el pluralismo. El Estado no puede, aún bajo el presupuesto de proteger a otros, obligar a una persona a vacunarse.
Los mandatos constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, son suficientes para sostener esta posición.
Incluso, si faltaran argumentos, la jurisprudencia los brinda, basta acudir a las sentencias de la Corte Constitucional para encontrarlos, porque en ella se ha reconocido que en una sociedad fundada en la inviolabilidad, dignidad y autonomía de las personas. toda intervención en el cuerpo de un individuo debe en principio contar con la autorización del propio afectado (principio de autonomía).
Es así como, en el caso nuestro, el Estado no puede obligar a la población colombiana a vacunarse, porque la facultad de tomar decisiones relativas a su salud es un derecho de carácter fundamental, como concreción del principio constitucional de pluralismo (artículos 1 y 7 de la Carta Política) y de los derechos fundamentales a la dignidad humana (artículo 1), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la integridad personal (artículo 12) y a la salud (artículo 49). (Sentencia T–365 de 2017)
Del principio general de libertad emana el derecho específico de la autonomía de la persona que le permite tomar decisiones relativas a su salud. Los individuos son libres y agentes morales autónomos, es a ellos a quienes corresponde definir cómo entienden el cuidado de su salud.
Así las cosas, en materia de las vacunas, toda persona es autónoma y libre para elegir y decidir cuál opción seguir. La Constitución reconoce la existencia de diferentes concepciones de bien y de mundo, igualmente válidas, desde las cuales toda persona puede construir legítimamente un proyecto de vida.
Además, en materia médica el principio de pluralismo, reconocido en los artículos 1º y 7º de la Constitución, existen, dentro de ciertos límites, diversas formas igualmente válidas de entender y valorar en qué consiste la bondad de un determinado tratamiento médico.
Incluso, impedir a una persona decidir si se somete o se rehúsa a la administración de una vacuna atenta contra otro de los contenidos protegidos por el derecho a la dignidad humana, el cual se relaciona de forma innegable con el derecho a la integridad personal. En este sentido, si las personas son inviolables, sus cuerpos también lo son, por lo cual no pueden ser intervenidos sin su permiso. El individuo es titular de un derecho exclusivo sobre el propio cuerpo.
El propio derecho a la salud permite sostener que las personas no pueden ser sometidas a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. Toda actuación destinada a instrumentalizar a la persona, impidiéndole que pueda tomar las decisiones que estime convenientes sobre su propio cuerpo, se muestra incluso abiertamente desproporcionada y contraria a los principios que informan la Constitución, razón de más para señalar que la vacuna no puede ser considerada obligatoria para sus destinatarios.
Acerca de la libre elección de vacunarse
No todas las personas se niegan a vacunarse, tanto es así que la vacunación empezó en nuestro país el 17 de febrero de 2021 y al inicio del mes de agosto alcanza cerca de 30 millones de dosis aplicadas, divididas de la siguiente manera: 16 millones primera dosis y 13 millones con el esquema completo.
Una libertad concretada, por ejemplo, en el actuar de aquellos ciudadanos más pudientes económicamente, quienes salieron con su núcleo familiar para los Estados Unidos en procura del biológico que consideraron, “libremente”, que era el mejor. Con una oferta variada, eligieron el que en su momento parecía el mejor. Hoy no se sabe. Pero ya están vacunados.
Los demás, aquellas personas que no pudieron salir buscando el sueño americano, materializado ahora en una vacuna, les tocó acá en la tierrita, según el turno y la existencia del biológico, aunque muchos ingeniosos, que se creen más avispados, maniobraron para que les aplicara el que consideraron el mejor. Entonces, ya se vacunaron, lo hicieron libremente, lo eligieron, no hay que obligarlos.
Otros ciudadanos no se niegan, solo exigen que los vacunen con el mismo biológico que utilizaron el presidente, los ministros, sus esposas, hijos y familiares más cercanos, algo así como que esta es la mejor prueba de que el biológico no producirá efectos negativos. Reclaman igualdad, y de esta manera aceptarían vacunarse sin objeción alguna.
Existe un grupo de personas que aún no se han vacunado porque reclaman, como condición previa, información confiable y suficiente, es decir una adecuada ilustración para decidir si se inoculan o no. Pero esta información no existe, falta tiempo para que los estudios arrojen algún resultado digno de crédito.
Un reclamo, un derecho, de manera alguna ilógico. Un reclamo que el Ministerio de Salud y Protección Social debe atender con información precisa sobre los efectos de la vacuna, positivos y negativos. El consentimiento informado, que materializa los principios constitucionales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad individual, el pluralismo, constituye un elemento determinante para la protección de los derechos a la salud y a la integridad de la persona humana.
Se trata de un derecho que consiste en ser informado de manera clara, objetiva, idónea y oportuna sobre aquellos procedimientos médicos que afecten en mayor o menor medida la vida y la integridad personal
Sin embargo, la información no ha sido clara, no se conocen los efectos secundarios de las vacunas, tanto a corto como a largo plazo. Esta información no ha sido suficiente, ni concluyente, ejemplo de lo cual es que las vacunas que en principio aseguraban que con dos dosis lograban su propósito, hoy afirman que para ello necesitarán una tercera, una variación que agrega elementos para que la población en general siga dudando de la veracidad de la información.
Ahora bien, para obligar a la vacunación el Ministerio de Salud sustenta que es necesario alcanzar la conocida inmunidad de rebaño, la cual aseguraban se obtendría con el 70 por ciento y ahora aseguran debe alcanzar al 90 por ciento, algo que parece casi imposible toda vez que la movilidad global, el comercio y el mercado no cejan en su frenesí. Algo aún más difícil de obtener de hacerse realidad lo afirmado por algunos expertos: que los vacunados serán los más afectados con las nuevas cepas.
Pero además porque los contagios proseguirán, como lo advierte Anthony Fauci –científico estrella de la Casa Blanca–, al confirmar que “infectarse tras vacunarse es inevitable”. Si así es, entonces ¿cómo se podrá alcanzar la inmunidad de rebaño si los vacunados tienen alto riesgo de contagiarse y contagiar a otros? Según se dice estamos frente a la ‘breakthrough infection’.
Pero hay más leña agregada al fuego, o al aceptable escepticismo de una franja social. Los estudios indican que las vacunas tienen una eficacia mayor al 50 evitando así que las personas infectadas sean hospitalizadas, ingresen a una UCI y en general disminuir la mortalidad por covid-19. Pero también indican que no son efectivas para no infectarse, y no ha sido descartado que una persona vacunada, una vez infectada, no lo trasmita a otros de sus congéneres.
Una realidad que impregna escepticismo al ya reinante entre jóvenes y adultos sobre la eficacia del biológico, mucho más cuando circulan reportes que certifican que el contagio con nuevas cepas del covid entre los vacunados viene en aumento. Incluso algunos expertos aseveran que la verdadera crisis sanitaria se está creando ahora con los vacunados. Algo que solo será verificado con el paso de los meses pero que, por lo pronto, se suma como agravante para lo relatado.
Eficacia limitada de las vacunas y efecto parcial y limitado además en el tiempo (sus productores indican que unas protegen con cierta seguridad por espacio de 9 meses, otros un poco menos) que motiva a galenos a recomendar no vacunar a niños, jóvenes y personas con buena salud, porque si han resistido al virus sin el biológico al interior de su humanidad es evidencia de poseer excelente capacidad de defensa.
Advertencias y evidencias que comienzan algunas de ellas a ser corroboradas. Por ejemplo, el tiempo efectivo de las vacunas: ante la perdida de eficacia con el paso de los meses y el surgimiento de nuevas cepas del covid-19 ahora los países imponen un refuerzo o tercera dosis, además de insistir en mantener la distancia, el uso de mascarilla y limitación de la interacción social para frenar las nuevas variantes, por ejemplo, la Delta, que es tan transmisible como la varicela.
Así las cosas y en tanto la información brindada por gobiernos y farmacéuticas no es confiable, es comprensible que un grupo de personas no quiera vacunarse.
Pero además de este segmento social, existen quienes nunca se vacunarían, ni contra el covid ni contra nada. Y su decisión tiene respaldo suficiente desde la legalidad. Y en todo momento reclaman que no se les limiten derechos de ninguna índole por elegir libremente qué hacer con su salud.
Como puede quedar claro con lo hasta acá escrito, y en tanto quienes ya están vacunados también pueden infectarse e infectar, las personas que decidan no vacunarse, no por ello son los que ponen en riesgo a los demás, por lo cual este riesgo no puede ser la sustentación para imponer como obligatoria la vacunación.
Estamos, por tanto, ante un complejo dilema, el cual puede concluir de ser tensado como profundización de las tendencias de disciplinamiento y control social cada vez más vertical que ahora se ventilan por doquier, tras las cuales parece respirar el mercado, almádana que con su peso inclina a los poderes reales a privilegiar la economía por sobre la libertad y otros derechos ya relacionados.
Un martillar que refuerza la voluntad de quienes aspiran a comprar, divertirse, gastar y consumir sin limitante alguna, y para lo cual están dispuestos a que se imponga y exija el pasaporte de vacunación. Una decisión, que también puede estar asociada a no estar inquietos por los factores reales que dieron origen al virus, ni al interrogante ¿cómo evitar que otra crisis de estas tome cuerpo?
Por el momento, en medio de la intensa pugna social que parece ir tomando cuerpo en países que ya han impuesto la obligación del pasaporte en cuestión, el celular como puerta trasera para un efectivo control social, entra a jugar su rol de manera abierta, al permitir el registro y verificación del disciplinamiento ahora desplegado contra toda razón por los factores reales de poder.
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