“Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”. Abraham Lincoln.
Los días 9 y 10 de septiembre de 2020 quedarán en la memoria nacional como fechas trágicas pero también de apertura esperanzadora de una vitalidad social vestida de indignación, templanza, solidaridad, emancipación.
Aquellos corresponden a dos días vestidos de duelo y de vida en los que, una vez más, la inexistente democracia colombiana salió a flote tal cual es, sin apariencias ni disfraces. El 9, la coraza protectora del poder[1] asesina a Javier Ordóñez, saciando toda su vileza en el cuerpo de la víctima hasta reventarlo a golpes, patadas y descargas de pistola taser, homicidio así comprobado por el informe forense a cargo de Medicina Legal[2].
La noticia de un asesinado a manos de la policía ahora no pasa inadvertida y, como debía ser, suscitó indignación y asco. Se da entonces una fuerte reacción por la violación del derecho a la vida y también, quizá por las circunstancias de injusticia acumuladas a lo largo de seis meses de promesas y pocas realizaciones de parte de los gobiernos nacional, departamentales y municipales; quizá por la memoria de dolor acumulada de otras tantas actuaciones violatorias de los Derechos Humanos por el cuerpo policial, la mayoría de ellas negadas o dilatadas por la impunidad; pero quizá con aporte igualmente de las condiciones de desempleo y falta de estudio que afectan a decenas de miles de jóvenes, justo los movilizados en rechazo de lo sucedido y quienes en forma espontánea rodearon los Centros de Atención Inmediata (CAI), tanto en Bogotá como en Soacha.
La acción sorprendió a los agentes cuyos mandos seguramente recibían, sin guardar silencio, los reportes provenientes de cada uno de esos centros de operación y abuso La protesta gana tamaño y voces dolidas por lo sucedido increpan a los uniformados por su proceder autoritario, por el irrespeto a la vida. El reclamo contenía en su fuerza iracunda miles de denuncias de los despropósitos cotidianos de un cuerpo armado erigido en dios y señor, sufridos en carne propia por jóvenes y no tanto, y por hombres y mujeres. ¡Rabia contenida que explota con la fuerza eruptiva del volcán!
Pero sin comprender esa rabia ni tratar de encauzarla en debida forma, y sí como mensaje para romper solidaridades y atemorizar a los presentes como a otros que pretendieran sumarse a la protesta, la Policía desata una bacanal de muerte y dolor traducida en 13 manifestantes asesinados, en su totalidad jóvenes, más decenas de heridos a bala, más otros tantos a golpes y gases. La rabia se multiplica. Reportes en tiempo real muestran a quienes supuestamente velan por la vida de todos y por el bien común, disparando sin piedad alguna contra las personas que les inquieren, así como contra quienes por una u otra razón cruzan en esos momentos los territorios alterados[3].
El proceder oficial desnuda la apariencia y viste con su traje real a la Policía, cuerpo militarizado, instruido bajo la doctrina de ‘seguridad nacional’, que visualiza como enemigo a quien reclama respeto y justicia, sin ver en el mismo al ciudadano en ejercicio de sus deberes y en defensa de sus derechos. Se manifiesta así una mentalidad de ejército de ocupación, el de esta policía, acostumbrada a golpear, arrastrar, insultar, amenazar, disparar a quien desatienda sus peligrosas y desmedidas órdenes. Se trata de una unidad policivo-militar autoprotegida por un fuerte espíritu de cuerpo, revestido de impunidad, evidencia de lo cual quedan varios homicidios, todos ellos de jóvenes e incluso menores de edad, como se ve:
1) Nicolás Neira (1º de mayo de 2005), producto de un disparo de munición recalzada que le impactó la parte posterior del cráneo, acción encubierta –por orientación de sus mandos– por quienes acompañaban al sindicado, al decir que la muerte era consecuencia de un supuesto golpe del occiso contra un bolardo. Luego de 15 años, y tras múltiples demoras y componendas, incluso con presión de la Fiscalía para firmar un preacuerdo al que se oponía la familia de Nicolás, y anulado por la Corte Constitucional, la justicia aún no falla en este asesinato.
2) Óscar Leonardo Salas (8 de marzo de 2006), quien perdió la vida por un ataque en grupo de parte de efectivos del Esmad, cuya investigación está perdida en los recovecos del maleable sistema judicial colombiano.
3) Diego Felipe Becerra (19 de agosto de 2011), asesinado por un agente de la policía en servicio por estar pintando un grafiti. La investigación judicial fue bloqueada con varios montajes y en repetidas ocasiones por el ya referido espíritu de cuerpo policial, a fin de desvirtuar el motivo del crimen, así como la propia investigación, hasta permitirle al inculpado salir de la cárcel un día antes del final del juicio para que se fugara. Al día siguiente fue condenado a 38 años de prisión.
4) Andrés Camilo Ortiz Jiménez (15 de junio de 2018) Con fallo condenatorio del inculpado, el asesinato se produce porque Andrés Camilo trataba de colarse en el servicio de Transmilenio, en la estación Calle 142. La decisión judicial condenatoria a 10 años de prisión –en casa por cárcel– no satisfizo a la familia.
5) Dilan Cruz (25 de noviembre de 2019, herido el sábado 23 en la calle 19 de Bogotá), El asesinato resulta de un disparo de recalzada –¡otra!– por parte del Esmad y amplía la letanía de homicidios a manos de un cuerpo policial de choque cuyo proceder está lejos de proteger la vida y sí claramente configurado para contener, desordenar y dispersar la protesta social, no importa el precio que ello conlleve. La paquidermia judicial parece favorecerlo.
Otros homicidios, como los cometidos por unidades policiales contra indígenas en medio del proceso social denominado “Liberación de la Madre Tierra”, con un registro de decenas de heridos de diversa gravedad, también permanecen en el limbo.
Pero toda barbarie tiene su límite. La encarnada por uno de los cuerpos de protección del poder realmente existente en Colombia lo encontró en la magnitud de su propia violencia y muerte que produjo al verse cercado por la protesta ciudadana, reacción que no parece espontánea y sí responder a un dispositivo B o de emergencia, al que pueden acudir los agentes cuando se sienten sitiados, como ocurrió durante los días 9 y 10 de septiembre.
La cantidad de muertes, así como de lesionados por el accionar de sus armas, en esta ocasión fue imposible de ocultar por la solidaridad de cuerpo, más aún con el surgir de interrogantes desde el establecimiento mismo por la forma de proceder, llegando hasta exigir su reforma inmediata. Pero, pese a la demencial violación de Derechos Humanos protagonizada, todo indica que el poder está decidido a que el costo sea mínimo en términos de efectivos juzgados y condenados, mensaje así enviado por el Presidente, que el 16 de septiembre acudió a varios CAI a felicitar a la unidades policiales. Asimismo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo lo propio en otros puntos, expresando sin rubor: “Nuestra gratitud, apoyo y cariño por la tarea que hacen ustedes en la Policía. Queremos recomendarles permanentemente hacer su tarea: protección a los ciudadanos, siempre con el máximo cumplimiento de la ley, respetando y velando por los derechos de cada colombiano, sabiendo que es una tarea difícil, abnegada y sacrificada”.
De igual manera, y como parte de este mismo despliegue de solidaridad de cuerpo, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, partido al que pertenece el Presidente, acudió al CAI del barrio Cedritos –sector donde tres jóvenes fueron asesinados en las jornadas comentadas– a llevar igual mensaje. El rechazo comunitario impidió la impunidad de su acto.
El proceder censurado por la sociedad en estas jornadas se rubrica con la simultaneidad en el envío de mensajes de complacencia con lo actuado por parte de sus alfiles y peones, protectores del poder, actuación similar a la que lideró la ministra de Justicia al saludar la actuación de la guardia penitenciaria en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá en marzo de 2020 y que culminó con 23 internos asesinados[4]. En ambos casos, estamos una vez más ante la evidencia del autoritarismo y el militarismo que impregnan a la institucionalidad colombiana, soporte de su modelo de control y dominio social, y parte de los diques que bloquean la emergencia de la democracia que requiere el país para cerrar una historia de dos siglos de régimen presidencialista, centralista, militarista, autoritario y policivo.
De esta manera, con violencia y muerte como recurso eterno del poder para atemorizar y prolongar su dominio, iniciamos la mal llamada “nueva normalidad”, real continuidad de las constantes que caracterizan a los detentadores del poder y su forma de gobernar en el país, donde imperan los gobiernos de los ricos y para ellos. El enfrentamiento a la pandemia desplegó sus primeras medidas a la par de la masacre al interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. En ambas ocasiones, la muerte sobrepuesta a la vida; en ambas ocasiones, la irreal democracia existente en Colombia exteriorizando sin apariencia alguna su real fisonomía, protegida por un inmenso poder y un dispositivo militar que pisotean sin cesar los derechos de las mayorías de Colombia.
Es la actual una constante de muertes, concentración de la propiedad y de la riqueza en general, del poder y de todas sus mieles, a través de una histórica, ampliada e inocultable brecha social que impera en el transcurso de más de dos siglos de la historia nacional, realidad que permite reclamar, con la voz de los ausentes y con la acción de quienes aún izan la bandera de la dignidad de la humanidad: Democracia que no has de ejercer, déjala ser.
*Este escrito corresponde al Posfacio del libro “Democracia que no has de ejercer, déjala ser”, que Ediciones Desde Abajo publicará en el mes de octubre 2021.
Represión y asesinatos
En aquella jornada de solidaridad, resistencia y protesta ciudadana cayeron bajo la acción violenta policiva protectora del poder las siguientes personas, todas ellas jóvenes y con edades entre los 17 años y máximo 30.
Barrio Verbenal
Camilo Hernández
Jaider Fonseca
Andrés Rodríguez
Localidad de Suba
Germán Smith Puentes
Julieth Ramírez
Freddy Alexander Mahecha
Localidad de Kennedy
Julián Mauricio González
Localidad de Ciudad Bolívar
Eidier Jesús Arias
Municipio de Soahca
Marcela Zúñiga
Gabriel Estrada Espinoza
Cristhián Andrés Hurtado,
Lorwuan Estiwen Mendoza
Crimenes aleves, a mansalva, sobre pesonas desarmadas. Asesinatos con impunidad total, a pesar que en su momento el general de la policía Gustavo Moreno, encargado del mando general de la institución en ese momento, aseguró que 35 agentes habían reconocido haber accionado sus armas de dotación contra los manifestantes.
Por la tortura y asesinato de Javbier Ordoñez fue condenado uno de los patrulleros del CAI donde fue brutalmente violenetado, se trata de Juan Camilo Lloera, condenado a 20 años de edad.
La impunidad perdura, y la solidaridad de cuerpo se expresa una vez más, como en otros muchos crímenes a cargo de uniformados.
[1] “La policía, brazo protector del poder”, periódico Desde Abajo Nº 272, septiembre 18-octubre 18, 2020, p. 4.
[2] “Javier Ordoñez murió por múltiples traumas contundentes producidos por terceros”,
[4] Periódico Desde Abajo, marzo 23/2020, Colombia. ¿La justicia es ciega?, op. cit.
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