La situación en Honduras se complicó este jueves por minutos. El presidente del Gobierno, Manuel Zelaya, quiere reformar la Constitución para seguir en el poder y, como primer paso, convocó para el próximo domingo una especie de referéndum para que los hondureños digan si están de acuerdo o no con que vaya iniciando los trámites. Pero ni el Tribunal Supremo Electoral ni el Ejército están de acuerdo con la iniciativa presidencial, a la que tachan de ilegal. Así que el presidente Zelaya optó el miércoles por cortar por lo sano: destituyó al jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez, y de paso aceptó la renuncia del ministro de Defensa, su otrora amigo Ángel Edmundo Orellana.El caso es que Tegucigalpa amaneció este jueves con militares en las calles. La explicación oficial es que los centenares de soldados -desplegados alrededor del aeropuerto, el Parlamento, la Corte Suprema y la Casa Presidencial- tienen como objetivo evitar posibles disturbios protagonizados por grupos afines al presidente, lo que parece indicar que éste ya ha perdido el control de los uniformados.
Aunque el presidente, que anunció por radio y televisión la destitución del jefe del Ejército, dijo que en breve nombraría a un sustituto para así zanjar la crisis, la situación no parece tan sencilla. En primer lugar, el destituido general goza del respaldo de sus subordinados y del Parlamento. Y, en segunda instancia, sea quien sea el sustituto tendrá que hacer frente a una difícil encrucijada: ¿a quién hacer caso, al presidente del país o al Tribunal Supremo Electoral?
El presidente quiere que el Ejército se encargue de instalar la maquinaria para que los hondureños puedan votar, mientras que el tribunal electoral -el único capacitado legalmente para hacer ese tipo de consultas- ha ordenado a los mandos militares que no permitan la instalación de una sola urna. La situación es tan complicada que el presidente de Honduras ha pedido la reunión urgente del Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se sitúe a su lado.
En su comparecencia pública del miércoles, el presidente Zelaya justificó la destitución del jefe del Ejército en “la crisis generada por unos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden Constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido”. Pero lo que parece más probable es que el general Romeo Vásquez fuese removido de su cargo al negarse a colaborar con la consulta. Los acontecimientos se precipitaron después de que, el pasado martes, el Parlamento de Honduras aprobase una ley que prohíbe expresamente la celebración de consultas populares 180 días antes o después de las elecciones generales. Si se tiene en cuenta que las elecciones presidenciales están previstas para el próximo mes de noviembre, queda claro que la oposición parlamentaria al presidente Zelaya logró bloquear su aspiración de perpetuarse en el poder.
La guinda del gran lío en el que por momentos se sumerge Honduras es la noticia de que la Corte Suprema de Justicia restituyó en su cargo al general Romeo Vásquez casi al mismo tiempo que portavoces del presidente Zelaya anunciaban el inminente nombramiento de otro general, Edgardo Mejía, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Sin saber todavía a cuál de los dos generales tendrán que obedecer, centenares de soldados armados con pistolas, bastones de madera y gases lacrimógenos vigilaron los puentes de Tegucigalpa desde el amanecer.
Pueblo escolta a Zelaya. Militares alzados contra poder popular
TeleSUR, Jueves, Junio 25, 2009 – 16:51
Movimientos y organizaciones sociales de Honduras acompañan este jueves al presidente de esa nación, Manuel Zelaya, en el rescate de las urnas que se encuentran en la sede de la Fuerza Aérea y que fueran retiradas contraviniendo la orden del primer mandatario.
El presidente Zelaya, denunció que se ha desencadenado un “proceso de golpe de Estado” en su contra, hizo un llamado al pueblo para que no se preste al juego de las oligarquías y para que defiendan a su lado el estado de derecho.
En declaraciones exclusivas a teleSUR señaló que ha “recurrido al pueblo para que me defienda, para que defiendan los derechos constitucionales del país, el estado de derecho”. Ratificó que la consulta del venidero domingo va.
El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) interpuso en horas del mediodía de este jueves en el Ministerio Público una denuncia para que esta institución proceda de inmediato a decomisar toda la logística referente a la celebración de la encuesta de opinión que el Poder Ejecutivo planear realizar el próximo domingo.
Tras la denuncia, el fiscal general Jorge Alberto Rubí ordenó la integración de un equipo de fiscales encabezado por Henry Salgado, titular de la Fiscalía Contra la Corrupción para que en conjunto con el TSE procediera a la incautación del material.
En el lugar de los hechos y en exclusiva para teleSUR el dirigente social, Luther Castillo relató que “No se ha podido deterner la entrada del pueblo a las instalacio
Durante una entrevista que concedió el dirigente campesino, Rafael Alegría, a teleSUR informó que “miles de compatriotas hondureños se trasladan para rescatar las urnas, que estaba previsto que las Fuerzas Armadas llevaran a las comunidades y ante su negativa el pueblo está dispuesto a buscarlas y disponerlas para que se lleve a cabo la consulta popular el próximo domingo”.
Por su parte, el Dirigente del Bloque Popular de Honduras, Juan Baraona, ratificó que los movimientos sociales respaldan la iniciativa de consulta popular propuesta por el primer mandatario de esta nación, Manuel Zelaya.
A través de un contacto telefónico que ofreció a teleSUR luego de que concluyera una concentración frente al Palacio de Gobierno en Tegucigalpa para apoyar a Zelaya, el dirigente calificó como un abuso de poder la decisión de la Corte Suprema que ordenó la restitución en su cargo del Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada,Romeo Vásquez, quien había sido destituido de sus funciones por primer mandatario.
“El poder judicial ha reintregrado al comandante de las Fuerzas Armadas lo que es un intromisión y abuso de poder”, dijo.
Declaró, además, que la acción “es una manipulación de la justicia gestada a través de las élites de poder, por ello hemos salido a al calle con el presidente Zelaya y los ministros”.
La propuesta de la cuarta urna, parecida a la consulta popular, que presentó el mandatario hondureño, ha generado una serie de conflictos por parte de sectores de oposición que rechazan la iniciativa.
Con la realización de este proceso se pretende consultar al pueblo de esta nación si está de acuerdo en que se instale una asamblea constituyente para hacer reformas a la actual constitución de la República.
En ese sentido, numerosos movimientos sociales hondureños han programado constituir un frente amplio y realizar acciones para apoyar al mandatario.
La resolución de la Corte Suprema de Honduras fue anunciada al país por la magistrada hondureña, Rosalinda Cruz quien expresó “que ha habido unanimidad en la sala consitucional y (la decisión) ha sido respaldada por el pleno entero de magistrados del tribunal”.
Frente a esta decisión, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, envió desde la casa de Gobierno un mensaje de alerta a los presidentes del mundo frente a lo que ha catalogado como “una revelación en contra del poder pueblo, del poder civil” y ratificó que “nadie detiene” la consulta del domingo.
El presidente Zelaya promueve la realización el próximo domingo de una encuesta nacional en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre -junto a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes- para que se decida si se convoca a una asamblea constituyente que apruebe una nueva Constitución.
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