La conferencia de las Naciones Unidas finalizó con un acuerdo para estudiar la posibilidad de que varios temas clave se traduzcan en medidas. Esto refleja que no logró adoptar medidas concretas inmediatas para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar la crisis económica, sino que están en la agenda de un nuevo grupo de trabajo que hará un seguimiento de los temas planteados.
Quizás el mayor logro de la cumbre, en la que varios países estuvieron representados por sus ministros de Relaciones Exteriores o de Economía, y algunos por sus primeros ministros o presidentes, haya sido que permitió nuevamente a las Naciones Unidas recuperar un lugar importante para la discusión de los temas económicos mundiales por todos los países. Y tiene potencial para convertirse en el máximo foro, si las grandes potencias permiten al nuevo grupo de trabajo cumplir con su cometido.
Desde que se planificó la conferencia, algunos de los países más poderosos intentaron limitar el alcance de la discusión. Incluso en la sesión de clausura Estados Unidos manifestó su preocupación de que el documento final –que minutos antes había sido adoptado por todos los países, Estados Unidos incluido– avalaba un papel formal de las Naciones Unidas en decisiones que afectan a las instituciones de Bretton Woods. En el documento, los países acordaron la reforma de varios aspectos de esas dos instituciones: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
En la reciente reunión en Londres del Grupo de los 20 (G-20), que comprende mayormente a países desarrollados, se acordaron numerosas medidas concretas relativas a esas organizaciones, como el aumento de los recursos del FMI en 500.000 millones de dólares y que sus directores fueran elegidos por mérito y no por nacionalidad.
Como numerosos participantes señalaron en los corredores y en discusiones en grupo, si un pequeño número de países agrupados en el G-8 o el G-20 puede ponerse de acuerdo acerca de medidas relativas al FMI y el Banco Mundial, es inaceptable que los miembros de esos grupos impidan que las Naciones Unidas, un órgano universal y legítimo, también propongan medidas relativas a esas instituciones.
Uno de los primeros temas que debe acordar el grupo de trabajo cuando comience su labor es el papel de liderazgo legítimo de las Naciones Unidas en asuntos económicos mundiales y, por lo tanto, su derecho -–e incluso su deber–- a discutir una amplia gama de medidas que deberían adoptarse para revertir la crisis económica mundial.
Una de esas medidas debe ser proveer de fondos a los países en desarrollo, ya que enfrentan una masiva escasez de financiamiento externo, del orden de uno a tres billones de dólares sólo en 2009.
La conferencia no pudo ponerse de acuerdo acerca de medidas concretas para ofrecer la liquidez sustancial que necesitan los países en desarrollo. Muchos de ellos pronto quedarán sin divisas para pagar sus importaciones o su deuda externa. Y a diferencia de los países desarrollados, carecen de los medios como para pedir prestado o crear los fondos con los que financiar el rescate de sus bancos y empresas, así como el estímulo fiscal para contrarrestar la recesión. La conferencia pidió “que se examinen los mecanismos establecidos para asegurar que se proporcionen recursos suficientes a los países en desarrollo”. El grupo de trabajo debe llevar a cabo este examen y establecer esos mecanismos lo más pronto posible para mitigar los efectos de la crisis.
Los países miembros del Grupo de los 77 (G-77) y China habían propuesto que el FMI asignara 100.000 millones de dólares de derechos especiales de giro (DEG) a los países de bajos ingresos, sin ningún costo para ellos. Otros 800.000 millones se asignarían a países en desarrollo de ingresos medios, que podrían devolverlos después de superada la crisis.
La conferencia no aprobó esas asignaciones de DEG, lo que es de lamentar, porque el G-20 había aceptado asignar 250.000 millones de dólares de nuevos DEG, pero como se asignarán de acuerdo a las proporciones de cuotas, la mayor parte de la suma irá a los países desarrollados.
La propuesta de los países en desarrollo fue que las nuevas asignaciones de DEG se hicieran sobre la base de necesidades, y no de cuotas, y que ellos debían ser los beneficiados. Si bien esto no se aceptó explícitamente, la conferencia reconoció “el potencial de los DEG ampliados para ayudar a aumentar la liquidez mundial en respuesta a los déficit financieros urgentes provocados por esta crisis” y que “este potencial debería analizarse”. Así, el grupo de trabajo puede adoptar este tema más adelante y, es de esperar, con resultados concretos.
Un tema que dominó la discusión fue la necesidad de adoptar medidas para impedir otra crisis de la deuda en los países en desarrollo. El G-77 y China propuso una moratoria y la creación de un nuevo tribunal internacional de bancarrota, de manera que países que enfrenten dificultades para el pago de su deuda podrían suspender dicho pago y reestructurar sus deudas. Esto fue apoyado durante la cumbre por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y el South Centre, así como por numerosas organizaciones no gubernamentales.
La conferencia no avaló esas propuestas pero aceptó considerarlas. La declaración dice que “esta crisis cada vez más grave amenaza con aumentar la deuda y, por tanto, supone también una amenaza para la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo”, y que deben adoptarse las medidas apropiadas para “evitar que se produzca una nueva crisis de la deuda”.
Y añade más adelante: “También analizaremos enfoques perfeccionados de la reestructuración de la deuda soberana basados en los marcos y principios vigentes, con amplia participación de los acreedores y los deudores y una distribución comparable de la carga entre los acreedores. Analizaremos además la necesidad y viabilidad de contar con un marco más estructurado para la cooperación internacional en este ámbito”.
Esto sienta las bases para que el grupo de trabajo discuta el problema de la deuda de manera amplia e investigue medidas que incluyan las propuestas del G-77.
Otro tema destacado de la conferencia fue la necesidad de que los países en desarrollo tuvieran “espacio político”, pudieran elegir entre opciones y hacer uso de medidas para contrarrestar la crisis. No obstante, a menudo están limitados en la utilización de esas medidas debido a condiciones adjuntas a los préstamos o por simple presión de los países desarrollados o los mercados.
Una parte importante del documento establece que si los países en desarrollo experimentan una grave escasez de reservas de divisas “no deberían verse privados de ejercer su derecho a aplicar medidas legítimas de defensa del comercio de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Organización Mundial de Comercio y, en última instancia, imponer restricciones temporales al capital y tratar de negociar acuerdos de congelación temporal de la deuda entre deudores y acreedores para ayudar a mitigar los efectos perjudiciales de la crisis y estabilizar la situación macroeconómica”.
La conferencia también reconoció los llamamientos de algunos países a que se reforme el sistema mundial de reservas y se corrijan sus deficiencias, así como a que se examine más detenidamente si sería viable o aconsejable introducir un sistema de reservas más eficiente, incluso la posible función de los derechos especiales de giro en cualquier sistema de este tipo. Destacó “la importancia de lograr un consenso en lo que respecta a los parámetros de este tipo de estudio y su aplicación”. Esto abre la puerta al grupo de trabajo para discutir la reforma del sistema de reservas, que se ha convertido en la máxima preocupación para países en desarrollo como China, con abultadas reservas en dólares. Y recogió la necesidad de expandir la regulación y la supervisión financiera en lo que respecta a los principales centros, instrumentos y agentes financieros, en particular las instituciones financieras, los organismos de calificación crediticia y los fondos de alto riesgo.
En el documento hay una sección relativa a la necesidad de reformar más a fondo las instituciones financieras internacionales, con detalles acerca de cambios en la gobernanza del FMI y el Banco Mundial de manera que los países en desarrollo tengan una representación justa y equitativa, a fin de que puedan impulsar sus puntos de vista y que su voz se escuche. También deberían estar mejor representados en los principales órganos normativos, como la Junta de Estabilidad Financiera y el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.
La conferencia también formuló propuestas para fortalecer a las Naciones Unidas y su Consejo Económico y Social (Ecosoc). Una propuesta es considerar el establecimiento de un grupo de expertos sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo a fin de contribuir a la adopción de medidas en el plano internacional y la toma de decisiones políticas entre los encargados de formular políticas.
Después de adoptado el documento, Estados Unidos detalló en una larga intervención los aspectos que le preocupaban. Y tuvo el apoyo de Canadá. Varios países en desarrollo, entre ellos Cuba, Nicaragua y Venezuela, también expresaron preocupación, pero en el sentido contrario: estaban desalentados de que la conferencia no avanzara lo suficiente, tanto en la adopción de medidas como en una mayor afirmación de la autoridad de las Naciones Unidas.
Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.
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