Una lápida colocada sobre la última de cerca de un centenar de tumbas en la lejana comunidad andina de Putis puso fin a la tragedia que vivió este pueblo: la matanza de 92 campesinos a manos de militares hace 25 años, cuyos restos fueron finalmente sepultados el sábado en Perú.
El sepelio de los restos hallados en una fosa común el año pasado, significó un rito doloroso y conmovedor para los familiares que al ver los féretros que eran depositados cada uno en sus tumbas se sumergían en llanto y en los recuerdos de la masacre perpetrada el 13 de diciembre de 1984.
“Ese día perdí en total a 25 parientes, sobre todo a mi padre y mi madre, todos acribillados a balazos”, relata Gerardo Fernández Mendoza, actual alcalde de Putis.
“Tenía 25 años en esa época y me quedé desamparado en el mundo sin ningún familiar; aparte de mis padres ahí murieron mis hermanos, mis primos, sobrinos y tíos”, añade al precisar que pudo salvarse porque cuando llegaron los militares estaba en una comunidad vecina.
El alcalde, quien presenció la inhumación entre sollozos, recuerda que aunque quiso abandonar Putis no lo pudo hacer por falta de dinero y porque no tenía ningún pariente que lo pudiera acoger”. Ahora es alcalde de su pueblo.
Distinta suerte corrió Aurelio Condoray Curo que perdió en la matanza a su madre y tres hermanos. Él prefirió abandonar la comunidad pero antes fue detenido y torturado, acusado de apoyar a la guerrilla de Sendero Luminoso.
“Estaba en el campo dando de comer a mis ovejas cuando los militares me llevaron al cuartel y me torturaron dos días, acusándome de terrorista. Luego me llevaron a Ayacucho y me siguieron torturando cuatro días más hasta que me soltaron”, dice.
Condoray Curo ha vuelto 14 años a Putis, después de haber vivido en la selva y la ha encontrado despoblada y sumida en el olvido.
Enclavada en medio de las alturas del departamento surandino de Ayacucho, sobre los 3.500 metros de altitud, en medio de cerros pedregosos, la comunidad tiene aspecto fantasmal con apenas cinco casas precarias. Putis era el centro de ocho comunidades donde vivían aproximadamente 2.000 personas hasta antes de la matanza. Pero ahora no hay más de 300 personas, refiere el alcalde.
Según testimonios recogidos en el lugar, unas 200 personas dedicadas al pastoreo y al campo llegaron a Putis en diciembre de 1984, huyendo del grupo armado Sendero Luminoso, que forzaba a los campesinos a unirse a sus filas y les robaba sus animales para alimentarse.
Los pastores y campesinos llegaron a Putis portando banderas blancas y pidieron protección a los militares, quienes les ofrecieron trabajar en obras comunales y les dijeron que hagan una excavación para construir una piscigranja para criar truchas. Cuando terminaron el hoyo, los soldados rodearon a los comuneros, les dispararon y los dejaron sepultados dentro de la fosa, al parecer porque sospechaban que eran subversivos. Algunas mujeres huyeron luego de una violación masiva a la que fueron sometidas por los uniformados antes de que la mayoría fuera asesinada.
Felícita Fernández Fernández huyó de Putis al poco tiempo de la matanza, después de que sus padres y dos hermanos menores murieron en la tragedia. El sábado sepultó a su papá y a sus hermanos Juana Rosa y Félix, quienes murieron a los 12 y 10 años de edad, respectivamente. Todavía no encuentra los restos de su madre, mientras que otra hermana buscó refugio en la selva de Perú.
Pero después de 25 años, la inseguridad se mantiene en Putis, pues la comitiva que llegó junto con los féretros y los familiares colocó banderas blancas en lo alto de los vehículos, ya que aún es una zona de tránsito de los remanentes de Sendero Luminoso, ahora asociados con el narcotráfico.
La inhumación se realizó en medio de cánticos propios de los Andes de Perú, entonados en quechua, la lengua de los antiguos peruanos.
Del total de 92 ataúdes solo 28 tenían identificación, mientras los restos de las otras 64 víctimas no fueron identificados.
De los 92 cuerpos hallados, 20 corresponden a mujeres y 48 son de menores de edad, informó el Comité Internacional de la Cruz Roja. La exhumación de los restos se inició a fines de mayo de 2008 tras descubrirse la fosa común más grande que se ha hallado en Perú.
Grupos de derechos humanos han denunciado que el Ministerio de Defensa no colabora con la justicia para dar con los autores de la matanza, que se mantienen en la impunidad.
Los comuneros esperan que las autoridades militares entreguen a la fiscalía la información para facilitar la identificación de los causantes de la matanza. Pero hay una sombra de desconfianza, ya que el Ejecutivo asegura que esos datos no existen.
La guerra interna contra la guerrilla en las dos últimas décadas ha causado cerca de 70.000 muertos y desaparecidos, se cree que cerca del 40% se encuentra en la zona montañosa, según la Comisión de la Verdad de Perú.
AFP / EFE
Putis, Perú
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