Un Congreso para el pueblo

En Ecuador, donde el nuevo gobierno busca airear la vida del país dándole paso a una Asamblea Constituyente, la oposición del Congreso es total. En una actitud desafiante con una sociedad que votó por el cambio, se opone a toda transformación que signifique romper el status quo.

Las disculpas son de todo tipo, pero insensatas, toda vez que Ecuador sobrelleva desde hace 16 años una profunda inestabilidad política, donde los de arriba no están en capacidad de gobernar, y los de abajo no dan el golpe decisivo. Es evidente que se requiere una nueva institucionalidad, y así lo demandaron los electores que en noviembre pasado votaron por un gobierno que, sin candidatos al Congreso, les ofrecía una Asamblea Nacional Constituyente.

Es promesa de gobierno. Y Rafael Correa, el nuevo Presidente, está dispuesto a llevarla a cabo a cualquier precio. Por ahora, la confrontación entre los dos poderes avanza a otras áreas del Estado. En efecto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) consideró correcta la citación que realizó el Presidente a la Constituyente. En acto desafiante, el Congreso destituyó a su cabeza, Jorge Acosta, lo que provocó una nueva reacción: la Corte Constitucional, en respuesta a un alegato del destituido, consideró acertada la decisión del TSE y destituyó a los 57 congresistas que firmaron por la salida de Acosta.

El litigio proseguirá. Ahora los 57 destituidos serán reemplazados por sus segundos, y con toda seguridad el bloqueo a los programas del gobierno no se detendrá. Habrá jugadas jurídicas pero no es extraño que acudan a cualquier recurso, toda vez que con mucha seguridad esas mayorías que hoy ocupan el Congreso ecuatoriano no serán elegidas para la Asamblea Constituyente.

El presidente Correa, consciente de este escenario, llama a la población a manifestarse en las calles por la Constituyente, y el pueblo ha respondido. Marchas, bloqueos a edificios oficiales, sabotaje a reuniones de los 57 destituidos, etcétera, se han hecho comunes por todo Quito. Los indígenas informan de próximas jornadas. Ahora se trata de una confrontación abierta entre la tradición y el cambio, y éste se avizora como el más seguro triunfador.

Colombia en la agenda americana

El tema nos resulta útil para acercarnos a Colombia, donde un acuerdo entre las partes impidió que en 1991 se le infringiera un golpe decisivo a los partidos tradicionales. Desde entonces, y en contravía con el mandato de los constituyentes, los congresistas no han hecho más que reformar de manera regresiva algunos de los aspectos más positivos que se incluyeron en la nueva Carta Magna. Pero no sólo eso: sin reparar en los efectos de sus leyes y decretos, aprueban sin desmayo un conjunto de medidas que le han permitido al capital privado continuar su ensanchamiento, mientras el pueblo se hunde en la pobreza.

Empresas estratégicas del orden estatal, como energía, telecomunicaciones, hospitales y otras, vendidas. La congelación de salarios es real. La pérdida de las garantías para los trabajadores es absoluta.

No sólo esto. Sin reparar en el significado de sus cargos, han permitido que otros Estados legislen sobre nuestro presente y nuestro futuro (Plan Colombia). En silencio. Lo han facilitado. No han llamado a la población a hacer respetar la dignidad nacional. Pero, además, como si viviéramos 200 años atrás, guardan silencio ante las intromisiones de representantes del Norte, que, olvidando sus límites, opinan sobre los asuntos internos del país.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones del orden multilateral han podido sentar sus fueros en nuestro territorio y sin reparo alguno. La prioridad en los pagos de la acuciante deuda pública y la reorientación de la política macroeconómica, de acuerdo con los beneficios del capital privado internacional, se han hecho política oficial por el favor de un Congreso que se niega a cumplir con sus deberes históricos. Ahora se apresta, a como dé lugar, a firmar un TLC que nada prometedor augura para el país.

Estos son hechos irrefutables –entre otros– que desde hace cinco años llevaron al equipo desde abajo a proponer al conjunto de las fuerzas alternativas la realización de un Encuentro Nacional Popular y, dentro de éste, la constitución de un Congreso o Parlamento de los Pueblos como manifestación expresa de una dualidad de poderes.

El eco que encontró esa táctica fue escaso. No existía comprensión del ciclo histórico en que entraba América Latina ni lo que se desprendía de éste para los colombianos que buscamos un mejor momento para los negados de siempre.

Por fortuna, en reciente reunión del Polo Democrático Alternativo (PDA) –aunque sin detallar las estrategias ni los tiempos para llevarlo a cabo– fue aprobado el Congreso de los Pueblos. Sin embargo, no se han dejado esperar los reparos: que “es una estrategia subversiva”, que “se puede realizar pero sin radicalismo” y otras expresiones que desdicen de una política que de verdad transcienda el horizonte de la actual institucionalidad.

Hay que recordar, a estas alturas del debate dentro del PDA, que toda política de izquierda es subversiva. Sí. Lo es. Más en una sociedad como la nuestra, en la cual, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador, las fuerzas tradicionales se niegan al cambio, a gobernar en pro de las mayorías. Actúan así por una razón muy sencilla: defienden sus intereses y sus privilegios.

Toda política de izquierda es subversiva porque busca la justicia, imposible en una sociedad capitalista. Es subversiva porque quiere hacer de la participación social un hecho real y no sólo un derecho de papel. Es subversiva porque sueña y lucha con una democracia radical, es decir, donde la redistribución de la riqueza llegue a todos los hogares, sin negar la solidaridad a ninguno de ellos.

Toda política de izquierda es subversiva porque busca hacer efectiva –y no puede ceder en ello– la soberanía nacional, priorizando en todo momento la integración regional para que se borren las fronteras y además para que los países hermanos contribuyan al bienestar y la felicidad de todos los hijos de la Tierra. Una sola casa, un solo destino.

En ese propósito subversivo, más allá de los espacios hoy existentes, hay que propender por que los sectores sociales aprendan a ser gobierno y ser poder. Y eso significa legislar, así no sean norma en una primera etapa sus actos de ley, para dejar clara constancia de las leyes que sueñan, necesitan y demandan las mayorías nacionales.

A ese Congreso, sin necesidad de renunciar al oficial, deben acudir todos los congresistas democráticos, recogiendo los proyectos populares por tramitar en el oficial pero a la vez entregando informes de las gestiones realizadas y los resultados obtenidos. La evaluación de lo realizado y la valoración de los momentos políticos permitirá decidir los caminos por seguir: continuar alegando ante delegados insensibles de la tradición o volcarse a las calles como concreción de un mandato popular para hacer realidad las demandas sociales.

Este proceso no se puede realizar solamente con las fuerzas del Polo. Es necesario concitar la voluntad de diversos y amplios sectores sociales, brindando espacios para que sus propuestas y su capacidad de acción se desplieguen con toda libertad.

La discusión no es entonces principalmente ideológica. Es más bien práctica. El reto sigue a la orden del día.