Crónica de una posible y no anunciada muerte. El Tlc con Estados Unidos

Los televidentes colombianos –esperamos que muchos– pudieron ver en estos últimos días el debate sobre el TLC en el Congreso de la República (sesión conjunta de las comisiones Segundas de Senado y Cámara). Incluso, las intervenciones de académicos y de representantes de las organizaciones sociales y ciudadanas, invitados para el efecto. La absoluta mayoría se manifiesta en contra del Tratado. Esa es la primera impresión que nos deja: en el plano de la razón, la batalla está ganada y las argumentaciones del gobierno son absolutamente débiles, incluso las de los gremios que se consideran ganadores. Pero otra cosa es en el plano de la fuerza.

En efecto, el presidente Uribe, queriendo ganar de mano, convocó a sesiones extras con el propósito de aprobarlo en ellas, a toda velocidad, y sus parlamentarios –bien llamados “parauribistas”–, en momentos en que su jefe decía sentirse solo, se apresuraron a hacer la tarea. Desde las primeras sesiones, en las que impusieron el presidente o moderador de las mismas, lo mostraron. En seguida fijaron un cronograma según el cual la aprobación, por lo menos de esas comisiones, sería el 14 y el 15 de marzo. Obviamente, porque en esa fecha terminan las extras. Luego obligaron a debatir los aspectos de procedimiento que incluso, paradójicamente, según sus propuestas, pondrían en duda la capacidad y la competencia del propio Congreso. El modus operandi bien nos enseña cómo funcionan realmente las cosas en ese escenario. Sin discusión, basta con forzar la votación. Así decidieron que no se aprobaría capítulo por capítulo sino en su totalidad. Argumentaron además que el Congreso no podría formular reservas parciales sino pronunciarse con si o no sobre la totalidad.

La discusión sobre este último punto no es ociosa. Los uribistas tratan de evitar que, de pronto, entre sus filas, algunos resulten reacios a respaldar determinados aspectos, por ejemplo en el tema agrícola. Es claro: ellos tienen su electorado y sobre todo sus financiadores en regiones que serían devastadas económicamente por el Tratado. Con qué cara vuelven a conseguir (o comprar) los voticos. En términos jurídicos se argumenta que los tratados bilaterales de naturaleza económica no pueden entrar en vigencia con reservas. Pero la respuesta es de una claridad meridiana: no se trata de que entre en vigencia; se trata de que, al formularse las reservas, el Presidente recibe un mandato en el sentido de reabrir la negociación con Estados Unidos o desistir del Tratado. O, si no, para qué Congreso. Sucede lo mismo con las objeciones que pueda hacer la Corte Constitucional, la cual debe ejercer su control automáticamente. El efecto es el mismo. El Presidente queda obligado a proceder en consecuencia. De lo contrario, estaríamos en presencia de lo que muchos sospechábamos: una monarquía absoluta.

Por fortuna, a pesar de la aplanadora, no pudieron evitar el debate. La oposición en esas comisiones, ya que el Polo no tiene presencia con voto, corre a cargo del partido liberal, en boca de Cecilia López y Juan Manuel Galán. Y lo han hecho bien a pesar de que el liberalismo, para vergüenza suya, declara que todavía no tiene posición definida y unificada. ¡A esta altura! Sabemos muy bien que entre sus filas hay caracterizados neoli- berales, comenzando por César Gaviria. Y no son pocos los que esperarían discutir primero el Plan de Desarrollo para saber si hay algunas prebendas presupuestales que, al final, les tuerzan la mano. En todo caso, los de estas comisiones lograron convocar las audiencias públicas que permitieron el mencionado debate televisivo.

El tiempo finalmente corrió a nuestro favor. Operativamente es casi imposible que logre culminar el 15 de marzo. En esas circunstancias, el debate pasaría a las ordinarias, que comienzan en seguida. Pero el gobierno tiene la dificultad de que hay otros proyectos de ley como el Plan de Desarrollo y sobre todo el Acto Legislativo que recorta las transferencias, que son indispensables y urgentes para su política. Según el reglamento, tendría que enviar un mensaje de insistencia para que continúe allí el procedimiento extraordinario. ¿Lo hará?

En los Estados Unidos, las cosas no marchan mejor para el gobierno. Hasta el año pasado confiaban en la aplanadora republicana de Bush, pero las elecciones les dieron a los demócratas la mayoría del Congreso. Según el procedimiento, a pesar de que allá el Presidente sí negocia bajo instrucciones del Congreso (Ley de autorizaciones para negociar acuerdos comerciales, TPA), depende de las comisiones señaladas para estos casos el que se incluya o no en la agenda de la legislatura. Y pueden no hacerlo. Hay muchos proyectos de ley (incluso tratados) presentados por el Ejecutivo que nunca se discutieron. En esas comisiones también predominan los demócratas.

Es verdad que Colombia, contrariamente a lo que piensan los pachitos, no es un tema central del debate político estadounidense. Hoy día, por ejemplo, están aventuras bélicas como Iraq en el primer plano de la confrontación. Pero Colombia es importante en cuanto reflejo de la desastrosa política de Bush para Latinoamérica, desastrosa incluso para los demócratas. Eso del “mejor aliado” –de Bush–  no le sirve a Uribe a esta altura. El descrédito comienza con la parapolítica, que allá muy bien denominan “paragate”: resulta que la punta de lanza en Sudamérica es un régimen nauseabundo. Y no se detienen en discusiones; saben demasiado. El problema tiene que ver no tanto con las convicciones de todos los demócratas como con los ciudadanos (electores), para quienes algo que huele a narcotráfico no tiene presentación. Y el TLC va junto con la petición (súplica) de un nuevo y multimillonario Plan Colombia. Por lo visto, no se lo aprobarán. No creen ni en su eficiencia ni en la honestidad con que se manejan los recursos.

En cuanto al TLC, los demócratas más liberales pero que creen que es un favor se resisten a apoyarlo en vista de que se trata de un gobierno que no responde por el respeto a los derechos humanos. Comienzan a entender que hay mucho de ilegitimidad en este régimen. Y, en general, al analizarlo todos encuentran numerosas objeciones. Las hay de toda clase, incluyendo las relativas a que el Tratado sería una amenaza para nosotros. Debe comprenderse que el partido demócrata es bastante heterogéneo. Buena parte, además, no obra por convicciones sino por intereses. El tema que más se ha mencionado es el laboral (en eso insiste el gobierno colombiano). Obviamente no les conviene que Colombia exporte sobre la base de rebajar aún más los salarios y eliminar todas las garantías laborales. Se pondrían en riesgo sus empleos. Detrás de esta objeción se encuentra naturalmente el sindicalismo que, además, por definición sostiene la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero hay otras objeciones en materia ambiental, de propiedad intelectual, de comercio propiamente dicho y muchas más.

El efecto principal consiste en que no están dispuestos a aprobarlo tal como está. Pero le dieron una oportunidad a Bush: revisar el Tratado para llegar a un acuerdo previo bipartidista y así presentarlo al Congreso, lo que significaría reabrir la negociación. Sin embargo, el gobierno colombiano, de acuerdo con el de Estados Unidos, repite incansablemente, más por deseo que por convicción, que son asuntos menores referidos a lo laboral y que se pueden resolver con una carta de intención anexa al Tratado. No parece probable. Por lo menos hasta ahora, las conversaciones con los demócratas no arrojan resultados. El tiempo apremia. En junio se termina la ley de autorización (TPA) y ya los demócratas están pensando no renovarla; por tanto, no se podría reabrir la negociación. Además, hay muchos temas en la agenda del Congreso y es poco probable que éste sacrifique todo para dedicarse a Colombia. En últimas, hay una razón elemental del debate político en Estados Unidos: en virtud de qué los demócratas, teniendo mayoría, aprobarían una cosa que el gobierno ya en decadencia hizo unilateralmente. Es cuestión de verticalidad oposicionista. A menos que obtengan algo a cambio.

El interés del gobierno de Uribe de aprobar en tiempo récord un tratado cuyo texto a todas luces está en discusión consistía en crear un hecho y ofrecer un mensaje de buena voluntad para los demócratas, con el fin de viabilizar allá su trámite. Por eso, la aplanadora uribista hizo rechazar en las comisiones una resolución para aplazar la aprobación hasta tener un texto definitivo. Resultaron entonces antiimperialistas –“no vamos a esperar ninguna orientación de Estados Unidos”–, a pesar de que después, si se reabre la negociación, quedarían en ridículo. Pero la estrategia del Mesías criollo ha fracasado completamente. En este momento, lo de la carta anexa parece ser un sueño y lo mejor que le puede suceder es que le cambien el texto y tenga que decir que sí a cualquier cosa para después pedirle al Congreso colombiano que apruebe el nuevo rápidamente, antes que se acabe el plazo en los Estados Unidos.

Entre tanto, crece la oposición en Colombia. Los escasos sectores que antes no se habían preocupado del tema buscan información y toman posiciones, la mayoría de las veces en contra. Se necesitaba desafortunadamente que la amenaza se hiciera inminente. En consecuencia, a pesar de todo, los uribistas tuvieron que aguantar el debate y exponer en público sus debilidades y la llaga vergonzosa de su obsecuencia. Pero no es tarde. Los sectores populares organizados continúan expresando en la calle su protesta. El sindicalismo entiende que lo negativo para los trabajadores es el conjunto del Tratado, y no hay remiendos en el capítulo laboral que puedan tranquilizarlos. En general, el pueblo colombiano comienza a percibir que hay una perfecta coherencia entre el Tratado, y las leyes y políticas que se le vienen imponiendo.

Muchas organizaciones agrupadas en Recalca y en la Gran Coalición Democrática, adicional men- te, han puesto en práctica una campaña para incidir en la opinión pública estadounidense. No sólo entre los congresistas sino también y sobre todo en el ámbito de diversas organizaciones sociales, académicas y ciudadanas. En todo caso, si el Tratado se cae, aunque parezca haber una contribución definitiva en la negativa norteamericana, ello es resultado de la lucha que durante más de tres años se ha desarrollado en Colombia. De no ser así, muchos sectores empresariales e intelectuales se hubieran entregado sin resistencia, sin convertir el tema, como se ha logrado, en asunto de interés y discusión pública. Esa es la buena noticia: a pesar de las dificultades, a pesar del autoritarismo, es posible avanzar.