Cientos de personas recibieron ayer, en Madrid, a un grupo de inmigrantes que el 23 de septiembre emprendió en Barcelona (noreste) la denominada “Marcha por la igualdad”. Ellos caminaron 700 km para llegar a la capital española.
Los extranjeros de diversas nacionalidades, en particular africanos y latinoamericanos, concluyeron su recorrido con una manifestación en contra de la reforma a la Ley de Extranjería.
Con lemas como “somos personas”, “libertad, democracia y trabajo para todos” y “fuera la ley de extranjería”, la manifestación discurrió de forma pacífica desde la Plaza de Legazpi hasta la Estación de Atocha. También estaban previstas manifestaciones en Barcelona, Bilbao, Tenerife, Gran Canaria, Alicante, Murcia y Málaga.
Entre los aspectos más polémicos del proyecto, presentado en junio pasado por el Gobierno español, está que se amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados en los centros de internamiento.
La modificación limita, además, la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), quienes solo podrán llegar a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita 5 años de residencia legal. A cambio, los hijos reagrupados recibirían un permiso de trabajo a partir de los 16 años. Además, las mujeres inmigrantes irregulares que denuncien violencia de sus parejas podrán obtener un permiso de residencia.
Ante ello, la marcha denunciaba una reforma que supondrá un “grave retroceso” en los derechos de los inmigrantes que viven en España, y “consolida una visión eminentemente policial de la gestión de las migraciones vinculando peligrosamente crisis con inmigración”, según los convocantes.
Durante la manifestación, los migrantes pidieron el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, la regulación y renovación de la tarjeta de Extranjería sin necesidad de contrato de trabajo, la reagrupación familiar sin recortes y que no se penalice la solidaridad con los extranjeros.
Uno de los coordinadores de la campaña y participante en la marcha, Hugo Colacho, señaló que no se puede construir una sociedad democrática en paz y libertad si se sancionan derechos a una parte de la sociedad.
“No se puede hablar en los foros internacionales de alianzas de civilizaciones cuando se reducen derechos de los inmigrantes que hemos venido a trabajar y que no somos responsables de esta crisis”, afirmó el activista. En España, el 12% de una población de 46 millones de habitantes es inmigrante.
La manifestación concluyó con la lectura de un manifiesto que detalla las razones por las que estas organizaciones se oponen a la nueva Ley de Extranjería, actualmente en trámite parlamentario. “El proyecto de reforma contempla a las personas emigradas únicamente como medios de producción, no como seres humanos con plenos derechos, entre ellos, el de la libertad de movimientos”, indica el texto.
En declaraciones anteriores, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, señaló que la normativa remitida al Parlamento pretende crear un marco adecuado para una política migratoria sostenible.
“En este país no vamos a echar a nadie y menos si está desempleado”, señaló. Tras agregar que la inmigración debe ser ordenada y vinculada a las necesidades del mercado de trabajo.
Leave a Reply