Los neoliberales se afianzan en la Honduras posgolpista

Viva Honduras y viva Honduras y viva Honduras!”; Roberto Micheletti, presidente golpista de la nación centroamericana, no será absuelto por la historia. Está sentenciado. Pero por lo menos será recordado por su grito de guerra. Honduras vive hoy una exaltación patriotera, aderezada por constantes alegatos religiosos, que esconde una realidad que duele. Un ultranacionalismo preñado de olvidos que tiene a Micheletti como su principal estandarte.

 La sesión del Congreso que votó en contra de la restitución de Manuel Zelaya desnudó a la clase política del país. Diputados incapaces de vertebrar un discurso sólido. Todos esos diputados pertenecen a una clase política privilegiada en el país del neoliberalismo salvaje. Distintas fuentes consultadas por Público coinciden en su leitmotif: “Primero, el dinero; segundo, su interés personal; y tercero, el interés político”, denuncia un miembro de la cooperación internacional.

 Los beneficios de estos dirigentes son de tal calibre que incluso el candidato de la izquierdista Unificación Democrática, César Ham, incumplió los estatutos de su partido e importó dos vehículos Jaguar libres de impuestos, un negocio para el que están facultados los diputados. Estos los venden luego al mejor postor, con pingües beneficios y sin compensación para el Estado.

Exenciones fiscales

A las dispensas se suman disparatados gastos de representación y “el manejo sin control de fondos departamentales, otro nido de corrupción”, enfatiza Leonel Casco, candidato del socialdemócrata Partido de Innovación y Unidad.

 Exenciones fiscales para diputados y también para grandes empresas escandalosas e injustificadas, según las mismas fuentes. Cuenta la historia que, hace dos siglos, un embajador estadounidense contestó a Washington, donde había inquietud por los impuestos a las bananeras: “Dont worry. En Honduras es más barato comprar un diputado que un burro”.

 El valor de estas exenciones supera al año los 250 millones de dólares, exactamente la cuarta parte del presupuesto anual del país, un presupuesto que gasta el 90% de su dinero en pagar los sueldos públicos. Idéntica cifra, 250 millones de dólares, suman las ayudas internacionales al país.

 La teoría oficial es que las empresas no pagan impuestos para fomentar la creación de empleo. La realidad es que este capitalismo extremo sólo suma para los mismos: el 5% de la población maneja el 70% del Producto Interior Bruto de Honduras. El 80% gana salarios de miseria.

 El golpe de Estado del 28 de junio ha agudizado una situación ya de por sí desoladora. La crisis política puede devorar 80 millones de dólares de la cooperación, dinero que se materializa si al cumplirse los plazos no ha sido utilizado. Y otros 1.000 millones previstos para varios años, y que han sido paralizados por las sanciones internacionales, retrasarán proyectos y sueños.

El país está quebrado, según los analistas

 La informalidad de los políticos es de tal calibre que varios miembros de organismos internacionales aún bromean con una reunión de planificación en 2005, cuando políticos locales presentaron un gran proyecto sorpresa: una red de trenes de alta velocidad que uniría la costa con la capital. El coste era imposible. Risueños, confesaron de dónde procedía el invento: de un programa de la televisión de EEUU.

 La crisis también ha consumido los pocos ahorros del Estado. El presidente electo, Porfirio Pepe Lobo, heredará unas arcas que han perdido 600 millones de dólares, muchos de ellos gastados en los operativos del Ejército y de la Policía para reprimir las protestas. El país está quebrado, según analistas económicos.

 Frivolidades, exenciones y corrupción. Según datos de distintas organizaciones, la corrupción devora casi el 15% del Producto Interior Bruto del país. Transparencia Internacional también lo ha calculado: 250 millones de dólares.

Justicia bajo control

 ¿Por qué no se persigue la corrupción? Los partidos siguen controlando la Fiscalía y la Corte Suprema. No interesa. Poco importa que los hondureños la consideren, junto a la violencia y el desempleo, el gran problema del país.

 Edmundo Orellana, ex ministro de Zelaya pero crítico con su gestión, el único orador brillante en la sesión parlamentaria del pasado 3 de diciembre, hostigó la corrupción durante su cargo como fiscal del Estado. Tanto miedo dio a los poderosos que decidieron dejarle desnudo: le arrebataron el control de la Policía de Investigación Criminal. Ya poco podía hacer.

 ¿Viva Honduras?

DANIEL LOZANO – Tegucigalpa