Revaluación
neoliberal
Por:
Aurelio Suárez
Distintos manifiestos de grupos
exportadores, editoriales, columnas de opinión de autorizados economistas y pronunciamientos
diversos hablan de la revaluación del peso frente al dólar como un hecho económico que está
arrastrando a varios sectores productivos a la ruina y al país en general a la depresión de su
economía. Ha vuelto el déficit comercial que agrava el déficit de la cuenta corriente externa y que,
por tanto, obliga a aumentar el endeudamiento público para financiarlo y en consecuencia los
requerimientos fiscales correspondientes. El dólar vale en pesos nominales lo mismo que en el 2000 y
ello implica, por ejemplo, que los productores de banano hayan perdido en los últimos tres años
$1.36 billones con secuelas en empleo y riqueza. Se habla de un sinnúmero de empresas de flores que
han ingresado a
ahora tiene la bancarrota) y se dice que de allí han salido 10.000 personas entre 2006 y 2007. Los
caficultores cuentan en más de dos billones de pesos la caída de sus ingresos por ese concepto.
Mientras tanto, suben los costos de producción y caen los pesos recibidos por cada dólar exportado.
El peor de los mundos: la más alta inflación de los últimos años para los primeros cuatro meses y la
más grave revaluación, 7,6%, en el mismo lapso.
No
obstante, los análisis ubican la causa del mal en diferentes motivos. Unos, como Hommes, atribuyen
el descalabro a trucos especulativos de quienes aprovechan “el fortalecimiento” de la moneda
colombiana; otros, como Caballero Argáez, señala el descomunal gasto fiscal, que tiene como
combustible la monetización de los dólares de las privatizaciones, como la razón primera y en ello
lo acompaña Armando Montenegro, otros encuentran en las remesas de los emigrantes la raíz del
perjuicio y algunos en la plata del narcotráfico. El Banco de
pesos comprando dólares en cuatro años y no ha podido detener la avalancha, las soluciones de
“mercado”, las permitidas por el modelo imperante, han resultado inocuas. Hasta se escuchan voces de
“encontrarle la cara amable” a la revaluación; especialmente porque según ellas “los extranjeros nos
cogieron confianza y se están viniendo para acá”. Una explicación politiquera, por decir lo
menos.
Lo más curioso es que todos los quejosos desean el
actual orden establecido pero sin revaluación; un verdadero imposible. Esto es, imploran por un
neoliberalismo sin una de sus partes sustanciales, el libre flujo de capitales. Los excedentes de
capital que se mueven a diario en el mundo son cercanos a los 2 billones (billones de 12 ceros)
diarios y superan los 150 billones al año. Por cada dólar que se produce en el mundo al año en
bienes y servicios se tienen más de tres para los mercados bursátiles tanto de operaciones de
mercado abierto como de los mercados mundiales de moneda y de deuda. En cuanto al comercio, por cada
dólar de una transacción comercial hay más de diez en las lonjas especulativas; es la tendencia
dominante de la organización económica.
Los flujos de capital son mucho más
que la inversión extranjera directa. Y su libre movilidad es un requisito indispensable para su
reproducción en tanto, y esto es lo más importante, deben multiplicarse a toda hora y, por ende,
moverse según las rentabilidades de los distintos mercados, de la comparación entre las tasas de
interés internas y las externas. Lo más explicativo lo oí de un alto ejecutivo del sector de
negocios de New York: “el dinero va a donde puede salir”. Quiere decir que a donde va toma todo lo
que pueda hasta encontrar un nuevo espacio donde pueda tomar más. He ahí el más refinado
neoliberalismo contemporáneo. Quien no quiera inestabilidad cambiaria (a toda revaluación le sigue
una devaluación) sólo le sirve la supresión del modelo neoliberal. Según Rogoff del FMI, en los
mercados financieros más sofisticados, como Estados Unidos, esa apertura de capitales trae
beneficios obvios mientras, según Bhagwati, en los países en desarrollo se genera destrucción. Con
todo esto, ¿cómo será todo cuando rija la expresión suprema del neoliberalismo que es el TLC?
Todavía no hemos visto lo peor.
Por la defensa de la
educación pública
Maestros a paro
nacional
Contra toda argumentación y evidencia racional, el proyecto de Acto
Legislativo que recorta las transferencias territoriales continúa su trámite en el Congreso. El
pasado 8 de mayo, en
I
en marcha.
De aprobarse esta reforma, la
salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico sufrirán más recortes, y vendrá, con
toda seguridad, mayor venta de los bienes públicos.
El recorte
significará que en los próximos años dejarán de llegar a las regiones 49 billones de pesos, de los
cuales 20 corresponden a la educación. La situaciónpor venir sería catastrófica para los sectores
populares, toda vez que el recorte sufrido entre los años 2001-2005 alcanzó los 10,9 billones de
pesos y sus efectos han sido demenciales. La salud,
educación y otras áreas en diversas regiones se han visto notablemente
desmejoradas.
Corresponde a los maestros
liderar este paro, pero a los estudiantes, padres de familia y población en general les corresponde
solidarizarse de manera efectiva con una lucha que les compete de manera directa. Al mismo tiempo,
impulsar el referendo aprobatorio sobre las transferencias, propuesto por el Partido Liberal y el
Polo Democrático Alternativo. Una importante acción, que evidenciará ante todos la fortaleza y
justeza de esta lucha, se realizará el próximo 30 de mayo con la toma
de Bogotá, programada por el Magisterio. Se espera que a
ella también concurran trabajadores de la salud, estudiantes y miles de inconformes para demandar
del Congreso la no aprobación de un medida a todas luces impopular.
Crímenes cometidos por
multinacionales
Verdad, justicia y reparación integral
A comienzos de marzo de 2007, por un acuerdo judicial, la
multinacional Chiquita Brands se vio obligada a pagar 25 millones de dólares por haber financiado
grupos paramilitares en Colombia y patrocinado el tráfico de armas en beneficio de estas
organizaciones criminales. A principios de mayo, un tribunal de Estados Unidos decidió escuchar el
testimonio de Edwin Manuel Guzmán, ex sargento del Ejército Nacional, quien afirma que la
multinacional Drummond ordenó homicidios contra sindicalistas
colombianos.
Las
filiales de Coca-Cola en Colombia encaran diversos procesos judiciales por ordenar asesinatos y
secuestros contra miembros del Sindicato Nacional de
de la industria minera y de la explotación agroindustrial, han sido acusadas de graves violaciones
de derechos humanos en Colombia que involucran a grupos
paramilitares.
Las
organizaciones sindicales de estas compañías han denunciado públicamente las condiciones laborales
que imperan en sus empresas. En muchas de ellas existe personal empleado temporalmente que gana
menos del salario mínimo a cambio de 16 horas de trabajo diario, sin derecho a sindicalizarse. Hay
acoso laboral contra los líderes sindicales.
Para enfrentar a los
trabajadores, estas empresas hasta contrataron grupos paramilitares para perpetrar crímenes de lesa
humanidad. La acción de estos grupos, que actuaron con respaldo de agentes estatales, ha afectado
gravemente a la gente de los territorios en los que se encuentran los enclaves transnacionales.
Comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han sido objeto de masacres, desapariciones
forzadas cuyas víctimas fueron enterradas en miles de fosas comunes y cementerios clandestinos, y
desplazamientos forzados que han tenido por finalidad el despojo de la tierra y el control
paramilitar sobre extensas zonas territoriales.
En
consecuencia, no es cierto que estas acciones criminales, con apoyo al paramiltarismo, se hayan
ejercido principalmente para proteger a las empresas de ataques de la guerrilla o de la delincuencia
organizada. Esa sola insinuación es una afrenta adicional a las víctimas y asimismo a la soberanía
nacional.
El hecho de que sean tribunales extranjeros los que
producen resultados en la investigación de estos crímenes demuestra el grado de impunidad y la
ineficiencia de la justicia nacional, que ha permitido que se sigan cometiendo estos delitos
atroces, que sus responsables gocen de libertad y de las multimillonarias ganancias que les reportan
las pésimas condiciones laborales que mantienen en sus empresas. Igualmente, cabe responsabilidad al
Estado colombiano por la actuación o la omisión de miembros de la fuerza pública en la creación y
fortalecimiento de los grupos paramilitares. Pero, de igual manera, por haber auspiciado la
presencia de estas compañías en el país, sin ningún control.
Ante todos estos hechos, el Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado sostiene las siguientes posiciones y
exigencias:
l
Con relación a los crímenes perpetrados por las multinacionales en Colombia, en concierto con
paramilitares y agentes estatales, se debe esclarecer toda la verdad por parte de los organismos
judiciales, nacionales y extranjeros, acerca de los autores materiales e intelectuales, las
circunstancias en las que se han cometido los crímenes y las ganancias obtenidas con métodos
criminales.
l Los directivos de las compañías multinacionales
involucradas deben afrontar su responsabilidad penal, y el gobierno nacional está obligado a
tramitar la extradición de quienes han planificado y se han beneficiado de estos
delitos.
l Las compañías multinacionales deben reparar
integralmente no sólo a las víctimas directas de estos crímenes. También tendrán que realizar
reparaciones integrales de las comunidades a las cuales han causado inmenso daño la financiación y
el auspicio de los grupos paramilitares.
l Como medida de satisfacción,
públicamente las empresas multinacionales deben pedir perdón a las víctimas y
métodos utilizados para obtener jugosos beneficios económicos en el
país.
l
Como medida de no repetición, las compañías multinacionales a las que se les
pruebe haber ordenado asesinatos y desapariciones forzadas, así como auspiciado el paramilitarismo y
el tráfico de armas en Colombia, perderán definitivamente su licencia de funcionamiento, y no podrán
volver a instalarse en el territorio nacional.
Minercol
ltda.
Despedidos trabajadores que aún laboraban en la entidad
El pasado primero de mayo, tras 11 años de lucha, fue
liquidada la estatal Minercol. El intento por acallar la voz y la dignidad de los trabajadores de
este sector estratégico de la economía nacional arrancó en 1996, cuando de manera abierta se decía
en el proyecto de Código de Minas que el Banco Mundial ordenaba el cierre de la estatal
minera.
En su intento
por arrasarnos, no repararon en métodos ni acciones: secuestraron a dos de nuestros funcionarios;
realizaron siete atentados contra la vida del presidente del Sindicato, amenazaron de muerte a
distintos activistas de la organización sindical, implementaron seguimientos y hostigamientos
permanentes contra miembros de la junta directiva y volaron la sede sindical. En fin, terrorismo
ante los ojos del Estado pero sin resultados positivos: no quebraron la voluntad de valiosos
trabajadores por defender sus derechos, la soberanía nacional y la conservación del medio
ambiente.
Desde entonces
(1986) hubo otras contiendas. A finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, la agencia
gubernamental Canadiense CIDA, con
ONG
Argos y Ladrillera Santafé, proyectaron e hicieron aprobar un nuevo Código de Minas que hoy, en su
desarrollo, entierra a Minercol Ltda. y pretende enterrar el sueño de nuestra Nación, de tener una
política soberana sobre sus recursos minero-energéticos.
La decisión de
despedir a los trabajadores sin respetar el fuero sindical, sin mediar el permiso de los jueces
laborales, incluso bajo expresa prohibición por parte de
personas con fuero sindical, si no se cumple los requisitos preceptuados por
el desconocimiento a
Constitución
fascistizacion de la dirección del Estado colombiano.
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