Como retrógada, discriminatoria, xenófoba y cien por ciento violatoria de los derechos humanos es calificada la ley SB 1070 de Arizona -que criminaliza al indocumentado- por profesionales en derecho y activistas migrantes. A una semana de que la legislación fuera promulgada por la gobernadora del estado, Jan Brewer, el principal artículo que causa indignación y temor entre la población latina, entre ellos los ilegales, la mayoría mexicanos, es el que establece la “sospecha razonable”.
Pero, ¿en qué consiste este punto que perjudicaría a medio millón de indocumentados en ese estado? Desde Arizona (EE.UU.), uno de los abogados de los migrantes, Daniel Ortega, explica que la aplicación práctica de este artículo es que si a un hispano lo detiene un policía por haber cometido una infracción de tránsito, el uniformado le solicitará tres documentos: la licencia de conducir, el registro del carro y el seguro.
Si por alguna razón, la persona no porta su documento para manejar y el policía “tiene la sospecha razonable” de que la persona está en EE.UU. sin documentos, el siguiente paso es pedirle más papeles, como el pasaporte, y si no los tiene, detenerlo. En Arizona no se puede tener una licencia sin establecer primero su estancia legal.
“Ahora, ¿cómo se establece esa sospecha razonable?. Allí está el punto clave”, dice Ortega. “El agente puede verle el color de su piel, si tiene acento, todo lo que es el perfil racial”, responde.
Fernando Batista, director de la Quinta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de México, manifiesta a El Telégrafo, que esta normativa es el ejemplo clarísimo de una “ley totalmente violatoria de los derechos humanos, porque criminaliza la presencia de migrantes en el estado”.
El funcionario considera que tiene una característica xenofóbica, debido a que faculta a la Policía estatal para detener a cualquier persona. Y basta -precisa- con que sospeche que es una persona extranjera para detenerlo.
Batista añade que, por ejemplo, infringe la ley el conductor que se detenga a buscar una persona sin papeles para fines laborales y también señala que es objeto de sanciones penales quien intente “transportar” a un indocumentado o lo esconda.
En diálogo con este diario, el reverendo Miguel Rivera, presidente de la Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos (Conlamic), entidad que puso, el jueves pasado, una demanda contra esta ley, considerá que el término “sospecha razonable” no es más que un lenguaje “rebuscado e imprudente” que han usado los legisladores para “acomodar” en la ley sus intenciones de ir contra los inmigrantes.
“Los legisladores saben que no pueden utilizar de forma escrita un perfil racial porque es un crimen, por eso usaron un léxico para que la Policía tuviera mayor capacidad de acción contra los migrantes, pero sin que estuviera escrito en la ley”, explica. El líder de la Conlamic, que agrupa a más de 30 mil iglesias en EE.UU., señala que la ley viola los derechos civiles y constitucionales, no solo de los inmigrantes, sino también de los estadounidenses.
“La única forma de identificar a un indocumentado es solicitándole sus papeles, y si un estadounidense, con rasgos latinos o tez negra, no tiene a la mano sus documentos será también acosado por los policías y se lo llevarán preso solo por su perfil racial”, añade.
Por Redacción Mundo
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