La bronca baja a la calle. México

Felipe Calderón se está comportando ya como un presidente electo. Respaldado por una enorme operación propagandística, da los pasos iniciales para administrar su victoria de 0,58 por ciento. Tendió la mano a sus adversarios, incluso a quien hasta ayer consideró como “un peligro para México”, como el demonio mismo: Andrés Manuel López Obrador. Prometió cogobernar con los demás partidos. Impulsar un gobierno de coalición, incluyendo las propuestas e ideologías de sus acérrimos adversarios en su plan de gobierno. Pero carece de certificación. Y de credibilidad. La elección presidencial continúa. Su fase jurisdiccional apenas está por comenzar.

Existen múltiples indicios de que los comicios fueron un cochinero. Se habla de un sofisticado fraude cibernético combinado con una operación mediática de legitimación. Se afirma que votaron hasta las momias. Los índices de “participación” electoral se dispararon en comunidades fantasmas de migrantes. Hay múltiples denuncias de urnas embarazadas, del clásico carrusel, de rasuramiento del padrón, casillas zapatos, compra de votos y otros trucos sucios propios del antiguo régimen priista. Al final, los pragmáticos foxistas también resultaron alquimistas. Los neopanistas aducen que fueron los comicios más limpios de la historia de México. Afirman que el proceso electoral estaba “blindado”; que no existía posibilidad de fraude. Repiten a coro que “en la democracia, un voto basta para ganar una elección”.

Argumentan que la ciudadanía ya votó y exigen que se respete el resultado. Acusan a López Obrador de irresponsable, de dividir a los mexicanos. Señalan que es ilegal volver a contar los votos. Quieren poner punto final a la elección. Los promotores de la guerra sucia electoral quieren ahora armisticio. La paz incondicional.

La cúpula empresarial apoya al partido de la continuidad y a Calderón. Pero no celebra. Han dado por muerto muchas veces a López Obrador, y revive. […]. Diez días antes de los comicios participaron en la embestida final contra el candidato del sol azteca, promoviendo el voto del miedo, y algo lograron. Pero no lo derrotaron. La ventaja de Calderón fue mínima: 244 mil sufragios sobre poco más de 42 millones de votos emitidos (poco más de medio punto porcentual). Pero el conteo oficial está marcado por la sospecha. Y en ese escenario, el Consejo Coordinador Empresarial echa más leña al fuego: acusa al Partido de la Revolución Democrática y a López Obrador de “regresionistas”, “autoritarios” y “maximalistas”.

El clima está enardecido. México vive días de crispación y encono. Del miedo se pasó al odio. La discusión ya no se limita a quién ganó y quién perdió, sino se traduce en mutuo rencor. Cuando el jueves 6 de julio, sin atribuciones para ello, el Instituto Federal Electoral declaró ganador a Felipe Calderón, la Casa Blanca se apresuró a felicitarlo. También lo hizo el jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. En medio de la incertidumbre, durante una asamblea ciudadana en el centro político del país, López Obrador tildó al presidente Vicente Fox de “traidor a la democracia”. Y dijo que Calderón es un “pelele”. El mandatario de todos los mexicanos respondió que “por más que haya renegados (…) el país avanza”. La pregunta se impone: ¿Hay 15 millones de renegados en México? ¿Se pretende así forjar la “unidad nacional”, “reconciliar” a los mexicanos?

Zócalo lleno

López Obrador sigue en la pelea. Dijo que recurriría a las instancias legales y que promovería un juicio de inconformidad apegado a derecho. El artículo 41 de la Constitución establece que los principios rectores en la organización de las elecciones federales son: certeza, legalidad, independencia y objetividad. Una parte de la sociedad piensa que los comicios no se dieron en ese marco. Se siente burlada y está agraviada. Además, después de los comicios, se trata de la segunda fuerza electoral. No es poca cosa y López Obrador lo sabe mejor que nadie. Por eso, como parte de una estrategia general llamó a una asamblea informativa en la capital del país y la gente respondió de manera masiva; en sólo dos días.

Ante una plaza que hervía, López Obrador arremetió contra los responsables de una política económica “antipopular” y “entreguista”. Contra el “núcleo de poder” que está acostumbrado a triunfar a toda costa con tal de mantener sus privilegios. Atacó a los que se han quedado con empresas y bienes de la nación y ahora ambicionan la privatización del sector energético. Dijo: “Son los que ahora quieren imponer en la presidencia a un empleado incondicional, a un pelele que les garantice perpetuar la corrupción. Que les garantice la corrupción, el influyentismo y la impunidad”. En ese contexto, afirmó que Fox “ha terminado por ser todo un traidor a la democracia”. Cientos de miles gritaron “No al fraude electoral”, “Prensa vendida”, “Muera Televisa”. Había mucho coraje. Mucha bronca acumulada. Entonces, López Obrador los convocó a una movilización ciudadana. A una resistencia civil pacífica. A la defensa del voto y la legalidad. Sin alterar el orden. Sin afectar derechos de terceros. Sin caer en provocaciones. Y ahora está en su elemento: la calle.

En las próximas semanas la protesta poselectoral se organizará en torno a una marcha nacional que confluirá en la ciudad de México el 30 de julio. Este miércoles comenzaron a salir de 300 ciudades de la República marchas pacíficas rumbo a la capital. La movilización social será un nuevo ingrediente de la política e intentará influir en el desenlace. Es una ciudadanía consciente de sus derechos. Gente informada e irritada. Muy enojada. Reclaman transparentar la jornada electoral. Dicen que se contó mal o se hizo trampa. Y como en Italia y Costa Rica, países donde los comicios también tuvieron final de fotografía, piden que se recuenten los sufragios.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus aliados de la Coalición por el Bien de Todos no están solos. Fuerzas circunstanciales apoyan su demanda. Desde el exterior, entre otros, la ong estadounidense Global Exchange y los periódicos The New York Times y el Financial Times de Londres se sumaron a la nueva consigna emblemática: “voto por voto”, para impedir que México enfrente una profunda crisis política. También el subcomandante Marcos, del ezln, que antes atacó a López Obrador, dice que hubo fraude y respalda la movilización popular por una “causa justa”.

República dividida

La calificación de la elección presidencial está ahora en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal tiene hasta el 31 de agosto para resolver impugnaciones y hasta el 6 de septiembre para declarar presidente electo.

Sólo entonces concluirá la elección y empezará otra etapa de signo incierto. Muy incierto. En una república dividida. Partida. El norte con el pan, el sur con el prd. Un país con una mayoría conservadora, si se suman los votos del pan y del pri, que tiene un ala militantemente reaccionaria, popular católica, proimperialista, que habrá de enfrentar a unas izquierdas divididas, que cuentan con una sólida base de masas pero no tienen una clara definición política anticapitalista y son electoralistas.

Un escenario posible, entonces, en el período poselectoral, es la agudización de los enfrentamientos entre quienes representan al neoliberalismo católico represivo, singularizado en la máxima foxista de “un gobierno de empresarios para los empresarios”, y el proyecto lopezobradorista, que impulsa un desarrollismo igualitario, laico y progresista, resumido en la consigna de campaña «por el bien de todos, primero los pobres». La derecha, con la pírrica victoria de Calderón, se prepara para la continuidad, y en el horizonte se dibuja la sombra de una dictablanda. Pero, claro está, la movilización de la gente en las calles puede cambiar el rumbo de las cosas.