El Congreso de los Diputados español aprobó definitivamente ayer una ley que flexibiliza el mercado laboral. Frente a esta situación, los sindicatos convocaron a una huelga general, dentro de un contexto marcado por un desempleo que supera los cuatro millones de personas.
Los dos principales sindicatos españoles, UGT (Unión General de Trabajadores) y CCOO (Comisiones Obreras), reaccionaron ante el anuncio y reunieron a 16.000 delegados, en la plaza de toros Vista Alegre de Madrid, para preparar la huelga del 29 de septiembre. En el acto multitudinario se gritaron consignas contra el Gobierno, como “Zapatero dimisión” y “A la huelga”.
En general, la nueva ley generaliza un contrato de trabajo por tiempo indefinido con menor indemnización por despido, limita el recurso a contratos temporales, introduce más flexibilidad horaria en las empresas y facilita el despido por razones económicas.
La reforma impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende flexibilizar el mercado laboral para que sea más competitivo, en un país donde el desempleo se disparó durante la crisis a más del 20%, o sea el doble de la media de la Unión Europea (UE), problema que no solo lo enfrentan los españoles sino también los extranjeros, entre ellos los ecuatorianos, que viven en España. Según estadísticas del Observatorio Permanente de la Inmigración, adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración español, el total de inmigrantes con tarjeta asciende a 4´842.499 personas, de los cuales 437.279 son ecuatorianos. De ellos, más de 64.000 compatriotas se encuentran sin trabajo, de acuerdo con datos del mismo Ministerio.
Con esta reforma las empresas podrán despedir por absentismo a los trabajadores que falten a su puesto durante más de un 20% de las jornadas hábiles a lo largo de dos meses consecutivos, o el 25% si son 4 meses discontinuos dentro de un período de un año, informó el diario El País.
El gobierno había aprobado esta reforma por decreto ley el 16 de junio, en un momento en que los mercados miraban con lupa a España por las dudas existentes sobre su capacidad para frenar la explosión de sus déficits públicos. Pero el Ejecutivo aceptó que este decreto, con entrada en vigor inmediata, quedase en un proyecto de ley y fuera debatido por los diputados y los senadores para que se pudieran introducir enmiendas.
Finalmente la reforma fue aprobada gracias a la abstención de los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV, centroderecha). Esta reforma, junto con la intención del gobierno de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, sacó de sus casillas a los sindicatos.
Sin embargo, los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se han mostrado convencidos de que la huelga general del próximo 29 de septiembre servirá para que el Gobierno dé marcha atrás. Para Cándido Méndez, la reforma aprobada va a “facilitar el despido y debilitar la tutela judicial, lo que va a significar que en una situación en la que España es el país con mayor tasa de paro de Europa, seguirá en “el pelotón de los rezagados en el futuro”. Según él, “la reforma laboral es una regresión social muy seria”.
En cuanto a la suma del retraso de la jubilación y el despido barato, Méndez dejó una pregunta en el aire: ¿Quiénes van a contratar a alguien hasta los 67 años?, publicó El País.
Ignacio Fernández Toxo, líder del CC.OO, señaló que la huelga general tiene sentido, confió en que sea un éxito de participación y que de ella se derive un cambio en las políticas del Gobierno, no solo en materia laboral, sino también en lo que se refiere a las propuestas referidas a la protección por desempleo y la reforma del sistema de pensiones.
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