El kilo de arroz que en enero se
vendió a $1.350 en mayo llegó cerca de $2.000. Esta subida también está relacionadacon la política
agrícola. Siendo, junto con la papa, un género en el que Colombia es prácticamente autosuficiente, la
elevación de los precios seexplica por los altos costos de producción. En 2008, producir una
hectárea dearroz en el Llano, cuesta casi cuatro millones de pesos, lo que hace que unatonelada
valga $700.000, cuando en 2006 costaba $520.000 y $560.000 en 2007. Elincremento está en los
fertilizantes y en el valor de la tierra. Dejar “operaral mercado” para insumos, sin fuerte control
estatal, aleja cada vez más elarroz de la mesa de los pobres, el cereal que más ingieren.
El pan
de 100 y el de 200 se evaporaron de laspanaderías. Aunque el trigo es sólo el 15% del valor de
fabricación de unapieza, el aumento de la cotización internacional hizo la hazaña. En Colombia
seimporta trigo desde la década de los cincuentas del siglo pasado; inicialmentecon créditos
subsidiados por Estados Unidos y, más tarde, cuando se extinguióel grueso de la producción nacional,
el suministro se dejó en manos del“mercado global”. Entre 2000 y 2008, la tonelada importada ha
pasado de 120 amás de 250 dólares. El trigo, en valor, es ahora el séptimo renglón deimportación de
Colombia y sigue subiendo.
Como si lo anterior no bastara, el gobierno,evadiendo su
obligación con la sanidad de la leche -desde el potrero hasta lacocina- la ha abandonado en manos de
productores, procesadores y consumidores.Su gestión sanitaria en ese campo la redujo a un decreto,
dictado por lasnormas de la OMC, que, sin medir impactos económicos y sociales, prohibió desdeel 24
de agosto de 2008 “el comercio de leche cruda y leche cruda enfriada parael consumo humano”,
refiriéndose a la que se expende para ser hervida en loshogares. Miles de productores rurales que no
entregan el líquido a laspasteurizadoras, estarán excluidos de dicha actividad, tanto como el
comercioque se lo compra y distribuye y como muchas industrias lácteas que deberánsupeditarse para
la provisión de materia prima de quienes impondrán unpredominio aún mayor en este sector. Los
consumidores, la mayoría de bajosingresos, pasarán de pagar $900 o $1.000 por un litro a más de
$1.800 por unabolsa de 900 CC. Tres de cada diez litros se adquieren como “leche en cantina”y en
Bogotá son más de 350.000 diarios, una porción atractiva para eloligopolio industrial lácteo que
verá subir sus ventas en más de un millón dedólares por día, disfrutando de la supresión de la
“cadena popular”.
La falta en la mesa de papa, arroz, pan yleche en muchas familias
colombianas está ligada con la política agrícola.Hacer de las importaciones el principal instrumento
de abastecimiento decereales, oleaginosas y alimentos básicos, la eliminación del sistema deprecios
internos de sustentación estables por la adopción de los precios “demercado” como referencia
principal, la supresión del control eficaz de loscostos de los insumos, la imposición de normas
sanitarias inconsultas con larealidad productiva nacional y, a contramano, la concentración de
apoyos ycrédito en las cadenas exportadoras y en los grandes “empresarios” están en laraíz de la
carestía que sufrimos. Una inseguridad alimentaria propia de unagestión ministerial que pregona que
“es mejor la uchuva que el trigo”, quepromueve yerros como su proyecto Carimagua y que, ante la
evidencia, recurre aintimidar a quienes lo controvierten o a quienes presentan cifras que no le
sonconvenientes por develar su fracaso. Urge una corrección inmediata.
In
memoriam: Por Augusto Cano J., conspicuoprofesor universitario de centenares de ingenieros
eléctricos de Colombia, quienno cambió jamás sus principios éticos y políticos. Para él un
perennereconocimiento.
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