Estas
declaraciones causan asombro pero no sorprenden. Desde años atrás, los bienes públicos, incluida la
salud, están sometidos a los intereses privados. Estas declaraciones se produjeron luego de la
reunión sostenida el pasado 13 de julio entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y el alcalde mayor de
Bogotá, Samuel Moreno. Allí se completó la idea de crear una zona franca de la salud en la capital
de la república.
La idea no puede ser menos nefasta. Se trata de ofertar, vía subasta pública
y con beneficios arancelarios especiales, los hospitales de interés social más importantes de
Colombia. Para poder proceder, se debe liquidar una de las mejores infraestructuras biomédicas en
Latinoamérica, como es la que tiene el San Juan de Dios.
El aval que recibió el gobierno
distrital por parte del presidente Uribe el mes pasado le permitirá al Alcalde Mayor declarar
durante el segundo semestre del presente año una zona franca para la salud, en el sector comprendido
entre las Calles 1ª y 5ª y de la Avenida Circunvalar a la Avenida Caracas, territorio donde están
localizados los hospitales Santa Clara, Samaritana, Federico Lleras, La Misericordia y San Juan de
Dios, además del instituto Materno Infantil y el Centro Cancerológico. De concretarse esta medida,
sin duda se traducirá en la mayor dilapidación de los servicios públicos en salud con que cuentan
los habitantes de Bogotá, practicándosele así la eutanasia a este conjunto de instituciones
públicas, sometidas a cuidados intensivos desde hace varios años.
Según las declaraciones del
Alcalde, las obras comenzarán en 2010 y se extenderán hasta el 2028, tendrán un costo aproximado de
2,12 billones de pesos y se enmarcan en el complejo hospitalario que incluye infraestructuras
tecnológicas y urbanas con servicios de salud; además hacen parte de lo que en el Plan Distrital de
Desarrollo (PDD) se denomina “Ciudad Salud”.
El proyecto implica, asimismo la prestación de
servicios especializados en salud, transformar este sector urbano en un foco de desarrollo con
establecimientos de comercio, hoteles, vivienda de interés social y zonas recreativas, por lo cual
se puede entender como una extensión del Plan Centro, en ejecución desde hace cerca de 10 años pero
aún por concretarse en toda su extensión y sus implicaciones En otras palabras, el sector será
sometido a una intensa reestructuración urbana, dado su actual deterioro, toda vez que allí está
congelada la inversión pública como un mecanismo para depreciarlo, expulsar a sus habitantes y
permitir su compra a menos precio por parte del gran capital rentístico nacional e
internacional.
Derecho a la salud vs. Generación de
competitividad
No existe lector desprevenido que evite cuestionamientos frente a la idea de
“ciudad salud”, tan manoseado por gobiernos de derecha y de izquierda. La expresión está utilizada
para referirse a un espacio urbano que combina, en una mezcolanza muy extraña, el derecho social con
globalización económica. Resulta por lo demás ilógico someter la calidad de vida y los servicios de
salud al predominio del capital, pues, como lo evidencia la historia del capitalismo neoliberal, a
quienes se lucran con los derechos vitales de las personas no les interesa sino incrementar sus
propias arcas.
Pero al permitir que el capital predomine se propicia una contradicción con
los objetivos estructurantes del PDD Bogotá positiva, para vivir mejor, en particular con aquel que
se encamina a garantizar los derechos de los ciudadanos. En el campo de la salud, este objetivo se
expresa en el programa Bogotá sana y en el denominado Fortalecimiento y provisión de servicios de
salud, lo que supone contar con infraestructura hospitalaria capaz de brindar disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad para todos los habitantes de la capital, independientemente
de su condición social.
Pero encontramos también esta contradicción: la que tiene que ver con
ciudad global y la concreción del programa Bogotá competitiva e internacional. Mediante éste se
quiere convertir ‘ciudad salud’ en zona franca, o sea, se busca “generar ventajas competitivas que
conviertan a la ciudad y la región capital en un destino atractivo para la inversión y en foco de
desarrollo económico y social en el contexto nacional e internacional. Para ello, se adelantarán
acciones que mejoren el clima de negocios en la ciudad”.
Se trata, en este sentido, de una
contradicción evidente que adopta la forma de estrategia de privatización y subasta de la salud
pública, en proceso desde 1998, cuando por primera vez se habló de “zona franca”. La idea se
sustenta en la creación de una zona propicia para suministrar por concesión esos territorios a
inversionistas públicos o privados, bajo el respaldo jurídico de la Ley 1004 de 2005.
Pero,
¿y cuáles son las condiciones para que una delimitación geográfica sea declarada como zona franca?
El truco comienza con una estrategia nada nueva: la obediencia ciega a los dictámenes del libre
comercio, pues para atraer capital se deben plantear en las principales ciudades del país las
condiciones empresariales y arquitectónicas que sirvan de estímulos para la inversión en bienes y
servicios.
Palabras más, palabras menos, una zona franca es, como lo reza el artículo 1 de
la Ley 1004, “el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan
actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad
especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas
zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las
importaciones y a las exportaciones”.
Más claro no canta un gallo. La subasta es a la vez
abierta, legal y descarada. Las mercancías que entran en estas zonas se consideran fuera del
territorio aduanero nacional y por tanto no pagan impuestos. En el Decreto 4051 de 2007 se dice que
los concesionantes están obligados a generar empleo, esto es, 150 nuevos empleos directos y formales
(situación que no compensará los 20.000 despidos que surtió la privatización del Instituto de
Seguridad Social, ISS); además, en los tres años siguientes a las declaratorias de existencia deben
generar una nueva inversión por un monto igual o superior a ciento cincuenta mil salarios mínimos
mensuales legales vigentes (150.000 S.M.M.LV.). Estas zonas pueden ser permanentes o parciales, de
acuerdo a los territorios elegidos y su importancia en términos de explotación o extracción de
recursos naturales.
Todo lo anterior encierra un cataclismo con perjuicios irreversibles para
los habitantes de Bogotá: ‘solucionar’ la crisis hospitalaria privatizando sus mayores centros de
atención, que cuentan con una nada despreciable trayectoria histórica en servicios de salud pública
a los moradores capitalinos.
En otros términos, de manera interesada y con fines privados, se
centra la atención de la crisis de la salud no en el aniquilamiento hospitalario perpetuado por el
gobierno colombiano, encabezado por el ahora presidente Uribe a través de la Ley 100, cuando era
senador, sino en el supuesto mal manejo de los recursos de la red pública en salud.
Recuadro 1
Caso del Centro Dermatológico
Federico Lleras Acosta
En carta emitida por Álvaro José Tovar, director encargado de la
entidad, al gobernador de Cundinamarca, se resalta la importancia de aclarar la información
difundida por los medios de comunicación, incluyendo la página Web de la Gobernación, respecto a la
dudosa salud financiera del Centro por él dirigido. En la carta, Tovar reproduce la versión oficial
del Distrito: “Ciudad Salud apunta a promover una alianza estratégica de servicios entre los
hospitales La Samaritana, Santa Clara, el Instituto Cancerológico, el Materno Infantil, el San Juan
de Dios, el Dermatológico Federico Lleras, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, incluso La Misericordia, lo que permitirá que se superen las crisis presupuestales. Este
nuevo proyecto servirá para pagar todas las deudas que tienen estos hospitales, lo que les dará
respiró económico”.
Tovar dio a conocer así el actual estado financiero, acompañado del
concepto de la Contraloría General de la República y las normas Icontec que dan cuenta del buen
estado financiero del Centro Dermatológico, desmintiendo de tal modo las versiones esgrimidas por la
prensa al respecto, relacionadas con la bancarrota del centro y, por tanto, justificando su venta
(ver extractos del Informe Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral).
Recuadro 2
Concepto de solvencia
Extractos del Informe
de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, de la Contraloría General de la República, radicado
el 27 de junio de 2008 (84111).
“Con base en el concepto sobre la gestión de las áreas, procesos
o actividades auditadas y la Opinión de los Estados contables consolidados, la Contraloría General
de la República fenece la cuenta de la entidad vigencia fiscal correspondiente año 2007,
clasificándola en el cuadrante D11” (Limpia, favorable) […] la clasificación de la entidad presenta
igual situación con relación al informe anterior 2005 (página 8).
“Evaluación de indicadores
de gestión […] Los indicadores financieros representan la solvencia de la entidad y el
posicionamiento en el sector salud” (página 24).
“El pasivo total del CDFLA tiene como saldo
$ 393,7 millones, es decir, que apenas equivale al 2,38 por ciento del total de pasivo y patrimonio,
de los cuales hay 184 millones de cuentas por pagar y 210 millones de obligaciones laborales y no
existen pasivos estimados” (página 34).
“Patrimonio, […] utilidad del ejercicio por $ 1.591,8
millones (9,98%)” (página 35).
Recuadro 3
Acreditado el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.
“La Junta de
Acreditación en Salud en su sesión del 29 de enero de 2008, una vez analizado el informe de la
visita de evaluación y con base en lo establecido en el Decreto 1011 y la Resolución 1445 del 2006
del Ministerio de la Protección Social, aprobó el otorgamiento del Certificado de Acreditación al
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, Empresa Social del Estado de la ciudad de Bogotá. Dicha
aprobación fue ratificada por el Consejo Directivo del Icontec el día 30 de enero de 2008.
La
Junta de Acreditación resaltó de la institución, la tradición y vocación por el mejoramiento
continuo de la calidad, su condición de instituto de referencia y centro de investigación, y su rol
en la formación en el campo de la dermatología. Asimismo, se resaltaron el liderazgo, el desarrollo
del talento humano y el programa nacional en Pro de la Caricia, como ejemplos contundentes de
trabajo por la calidad y compromiso con la comunidad en general.
La acreditación del Centro
Dermatológico se constituye en un ejemplo, puesto que es la primera IPS ambulatoria del país que
recibe esta distinción, lo cual demuestra que este tipo de instituciones también puede prestar
servicios con estándares superiores de calidad”.
Visión humana
Otra visión de una ciudad salud inclusiva y pública para todos, que
contraviene la dinámica de privatización hospitalaria actual, fue la que lideró en la década de los
años 70 el maestro Guillermo Fergunsson, médico portavoz del pensamiento socialista de la salud.
Ferggunson propuso, bajo el liderazgo de la Universidad Nacional, la construcción de un complejo
hospitalario con sentido público, que integrara al conjunto de unidades hospitalarias localizadas en
lo que hoy denominan “Ciudad salud”. Hoy retoman su idea pero para distorsionarla con fines
privados.
“Los médicos somos ruedas de un complicado engranaje opresor, de múltiples
conexiones parroquiales o internacionales”.
“Cuando a mí me educaron me enseñaron muy bien
dónde quedaba la vesícula…pero nadie me habló de plusvalía, ni de lucha de clases”. Guillermo
Fergunsson
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