Múltiples han sido las expresiones escuchadas tras el fallo proferido el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, y en el cual condenó al expresidente Álvaro Uribe a pagar una pena de 12 años de prisión domiciliaria, más una multa equivalente a 3.444.870 millones de pesos. La decisión judicial impacta la coyuntura nacional y deja múltiples lecciones por apropiar.
Días de ansiedad, fueron los vividos en Colombia entre el 28 de julio y el 1 de agosto. Cuatro días de expectativa por el monto de la condena que oficializaría la jueza Sandra Liliana Heredia en contra del sindicado Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, en la causa que le enfrentaba al senador Iván Cepeda Castro.
La ansiedad que pululaba en el ambiente siempre tenso del escenario político nacional, estaba lleno de aprobaciones y desaprobaciones por la manera como la jueza había presentado su argumentación sobre un litigio penal que le había demandado presidir 60 audiencias a lo largo de 475 días. Tras once horas que le tomó leer en voz alta el expediente, con transmisión en vivo por diversidad de medios de comunicación, su conclusión arrinconaba, dejándolo sumido en inocultable perplejidad, al otrora incuestionable presidente de la “Mano firme y corazón grande”.
Con la tranquilidad que le caracterizó a lo largo de las decenas de audiencias en las cuales las partes enfrentadas argumentaron en pro y en contra del “líder natural” de la derecha más belicosa que padece el país, la jueza ordenó que el condenado quedara en reclusión inmediata, en este caso en su casa de habitación situada en Rionegro-Antioquia.
La defensa del condenado actuó de inmediato y presentó una tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con la que buscaba la libertad del exmandatario. En ese documento, pedían, entre otras cosas, que se suspendiera la orden de captura contra Uribe hasta que no hubiera decisión de segunda instancia sobre su condena, petición que fue negada, quedando firme la orden de captura.
El miércoles 6 de agosto, quedó formalizada la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario fue registrado e identificado oficialmente como preso con el número de interno 381770.
Justo, decían unos, injusto, otros. En prueba de esto último, sus partidarios organizaron y realizaron el 7 de agosto marchas por todo el país, las mismas que dejaron en claro que el pulso por el control del poder en Colombia está al rojo vivo, y que entre continuidad y cambio aún no se ha escuchado la última palabra. Manifestación real de la profunda disputa en que está inmerso el país cuando, al conocerse el 28 de julio que un expresidente nacional era vencido ante los tribunales penales, todo el establecimiento nacional, incluso sus supuestos enemigos personales, se expresó a favor y solidaridad con quien les sirvió como férreo defensor de sus intereses históricos a lo largo de años en los cuales el paramilitarismo surgió como actor determinante de la disputa armada en contra de la insurgencia colombiana.
El condenado, amado y odiado por millones de personas, verificó el 7 de agosto que aún mantiene ascendente no solo entre sectores de la clase media y alta, sino, incluso, entre amplios segmentos populares. Ascendido a víctima, por el monto de la condena y la orden de reclusión inmediata en casa por cárcel, el septuagenario líder derechista ahora es situado por los suyos como bandera en la campaña electoral presidencial colombiana.
¿Hasta dónde irán con todo ello? ¿Le estallarán en el rostro otras investigaciones judiciales en curso? ¿Logrará que en segunda instancia los jueces le suavicen e, incluso, eliminen la condena impuesta por la cabeza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá? Esto y mucho más está en juego y en ello el ritmo que marque la disputa electoral en curso.
Para pensar entre líneas lo que pudiera venir en la coyuntura en curso, veamos otras aristas de esta realidad:
Las otras cuentas pendientes del expresidente
El recorrido judicial del expresidente no termina con la condena que acaba de proferir la jueza Heredia. Si bien ya fue condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal, existen otras investigaciones y procesos en curso por los que está señalado, los cuales muchos consideran revisten una mayor gravedad por lo cual podría ser condenado a penas más duras.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró como delitos de lesa humanidad las masacres perpetradas por paramilitares en las localidades de El Aro, San Roque y La Granja, actos que son parte de una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Lo mismo ocurre con el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. Todos estos hechos quedaron agrupados en un solo proceso, el cual tiene reserva sumarial en tanto es una investigación preliminar.
La masacre de San Roque, acaecida en 1989, dejó un saldo de 7 personas muertas. La matanza de La Granja en 1996, terminó con cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente ocurrió la de El Aro, con 15 víctimas mortales.
En cuanto a Jesús María Valle, abogado defensor de derechos humanos y quien presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, cayó bajo el impacto de las balas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 27 de febrero de 1998, tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las masacres de La Granja y El Aro.
Querella ante jueces federales de Buenos Aires, Argentina
El 7 de noviembre de 2023, fue presentada por las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Colombia ante los jueces federales de Buenos Aires, una querella en contra de Álvaro Uribe Vélez. La acción judicial se presentó en el marco de la jurisdicción universal, la cual permite investigar y juzgar a autores de crímenes perpetrados en cualquier lugar del mundo, quienes no han sido investigados en sus propias naciones.
El 1 de julio de 2024, se conoció la resolución expedida por parte del Juez Federal Número Dos, Sebastián Ramos, en la que admite la condición de víctimas a las partes querellantes dentro de la causa penal, quienes han denunciado crímenes que se clasifican dentro de las categorías del Estatuto de Roma, el mismo que dio origen a la Corte Penal Internacional. Específicamente, se trata de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas de forma ilegítima como bajas en combate: los mal llamados “falsos positivos” que se refiere a asesinatos extrajudiciales de civiles cometidos por miembros de la fuerza pública.
“Las víctimas quieren que se reconozca una responsabilidad penal”: Reinaldo Villalba V.
Reinaldo Villalba Vargas, abogado de Iván Cepeda Castro en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, integrante del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” –Cajar – y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, concedió entrevista con Héctor Arenas Amorocho del equipo del periódico desdeabajo el 25 de julio, pocos días antes de conocerse el fallo de un proceso judicial que por años ha ocupado toda su atención.
Como cuerpo explicativo a la causa en la que ha actuado, nos resume la cronología de este proceso (Ver cuadro: “Una larga cronología”).
Héctor Arenas Amorocho (HAA): Estamos en un momento decisivo donde buena parte del país, y más allá de este, está a la expectativa frente al fallo con relación a los cargos que se le imputan al expresidente Álvaro Uribe, que no son precisamente los más graves entre la cantidad de hechos en los que se cree está comprometido.
Reinaldo Villalba Vargas (RVV): Así es, el proceso judicial por el que se acaba de condenar a Uribe Vélez no se trata directamente de masacres paramilitares como El Aro o La Granja, sino de delitos relacionados con la manipulación de testigos, fraude procesal y soborno. Sin embargo, se aclara que este caso sí tiene una conexión con el paramilitarismo, ya que los primeros testimonios señalaron que el Bloque Metro se originó en la Hacienda Las Guacharacas.
HAA: ¿Con la acusación de la Fiscalía contra el expresidente, se abre el proceso en el juzgado 44?
RVV: Sí, con la acusación de la Fiscalía asume el Juzgado 44 Penal del Circuito, la señora Heredia; la acusación fue el 4 agosto de 2020 y le pone la medida de aseguramiento, que es cuando se va a vivir encerradito en su Ubérrimo. El 18 de agosto de 2020 renunció al Senado. Pasa a la Fiscalía. Luego vienen durante los años 2021 y 2023 las fallidas preclusiones por parte de la Fiscalía General de la Nación. La acusación es en abril de 2024. Y pues ahí mismo inicia porque se manda al juez. Ya llevamos un año de estar en manos de la jueza.
HAA: Está la importancia jurídica del fallo porque una parte muy considerable del país espera que una persona que reiteradamente a lo largo de los años ha estado vinculada a temas criminales, pues que se produzca una sentencia; pero más allá de si esa sentencia se traduciría en que quede detenido en prisión o no, es el efecto simbólico que tendría en un país que sigue estando polarizado.
RVV: Totalmente de acuerdo.
HAA: ¿Con la condena terminarían los procesos jurídicos contra Uribe por casos más graves?
RVV: No, para nada, continúan, porque no hacen parte de los hechos jurídicamente relevantes que han sido objeto de la investigación y el juicio. Esos son otros, por ejemplo, de las masacres que además han sido declaradas como crímenes de lesa humanidad por la Corte. Eso sigue, claro, cada delito va prescribiendo por su cuenta, pero ya entonces en este proceso de crimen de derecho humanitario pues ni siquiera ha sido objeto de imputación ni nada de eso, así que no ha empezado siquiera a correr el término.
El día D
Tras el fallo emitido el 28 de julio el equipo desdeabajo volvió a entrevistar al abogado Reinaldo Villalba Vargas y preguntarle, entre otros aspectos, por lo que vendría después del fallo y la sentencia. Mesurado, sin alardes de ninguna especie, Villalba respondió, una a una, nuestras preguntas:
desdeabajo (da): Reinaldo, ¿qué encontró de valioso en el fallo emitido por la jueza del caso que enfrentó a Iván Cepeda y a Uribe Vélez?
RVV: En primer lugar, la introducción en su providencia es supremamente interesante sobre la importancia de la justicia, la democracia como también superar la impunidad. Esa pieza me pareció muy especial y no se encuentra cotidianamente en las decisiones judiciales. Es una alegoría a la necesidad de justicia para fortalecer la democracia. Luego entró en materia con los hechos jurídicamente relevantes. Eran siete y de esos condenó en cinco casos por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Fue una decisión absolutamente apegada a la ley, jurídica, muy bien fundamentada desde los hechos mismos y acompañada de doctrina y jurisprudencia. Me parece una decisión contundente y esperamos que sea confirmada por la segunda instancia, que en este caso sería la sala del Tribunal Superior de Bogotá.
da: Bueno y el fallo, ha dicho usted Reinaldo, aporta y tiende luz sobre el fenómeno paramilitar. Por tanto, judicialmente, ¿qué viene en este particular?
RVV: En la decisión de la señora jueza fue absolutamente claro que el tema relacionado con el paramilitarismo en sí mismo no era materia de este proceso, como en efecto tiene razón. Entre otras cosas porque es otra la autoridad judicial o investigativa que tiene el conocimiento de esa situación. Así que lo que viene ahora sencillamente es la apelación que ya anunció la defensa, pero sobre los delitos por los cuales fue condenado Álvaro Uribe Vélez y sobre los hechos precisos que constituyeron esos delitos. Y, en ese caso, no da luz o aporta sobre el fenómeno paramilitar.
da: ¿Pero este fallo sí aporta a la superación de la sensación de impunidad de varias víctimas?
RVV: Este tipo de decisiones hacia personas que han sido intocables por la justicia, amparadas históricamente por la impunidad, viene bien a la sociedad colombiana y especialmente a las víctimas de las políticas cuando esta persona fue gobernadora o presidente de la República. Por ejemplo, la política de seguridad democrática dejó miles de víctimas, una muestra de ello los falsos positivos. Esta decisión [el fallo] interesa mucho a las víctimas que podrían sentirse parcialmente reparadas, al sentir que quizás en sus propios casos se va a alcanzar justicia frente a los máximos responsables. Digo parcialmente reparadas porque sus casos continúan en la total impunidad, pero saber que la persona que es señalada de esas responsabilidades, pues ya recibió una sanción penal, puede animarles para continuar su lucha por la verdad y por la justicia.
da: Tras el fallo contra Uribe, ¿qué sigue?
RVV: El viernes 1 de agosto se conoció lo que ya es la sentencia en sí misma. Una sentencia que ya la defensa dijo públicamente que iba a apelar. El caso irá a la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá que tendrá que emitir un segundo fallo. Y después de ese fallo hay la oportunidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso que se llama casación. Y esa es la última escala. Si el proceso llega a esa instancia, como seguramente llegará, el término se alarga por 5 años.
Por eso no hay lugar a la prescripción, que es una de las preguntas que más frecuentemente se está haciendo la gente hoy día. Para que no haya prescripción se requiere que antes de mediados de octubre aproximadamente se produzcan las dos decisiones, las dos sentencias: la de la juez ahora y luego la del tribunal. El tribunal va a tener suficiente espacio de tiempo para producir ese segundo fallo. Estoy absolutamente convencido de que la prescripción ya no es un riesgo.
da: Y respecto a las otras causas judiciales que tiene el hoy condenado, ¿qué viene?
RVV: Públicamente se conoce que hay un señalamiento por presunta responsabilidad del condenado Álvaro Uribe Vélez en relación a masacres cometidas por el Bloque Metro y particularmente en lo que tiene que ver con la masacre de San Roque que está ligada con las masacres de El Aro, de La Granja y con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Estos delitos ya fueron calificados o considerados por la Corte Suprema de Justicia como crímenes de lesa humanidad. Ese proceso lo tiene también la Fiscalía General de la Nación
La condena que acaba de recibir Álvaro Uribe Vélez puede ser un mensaje positivo hacia los administradores de justicia en el sentido de que hacia los máximos responsables también hay que dirigir la mirada y sobre todo romper la impunidad que los ha favorecido históricamente.
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