La sociedad moderna cuenta con toda una serie de mecanismos y dispositivos de control social. Muestra de ello son sociedades más vigiladas, utilizando para el efecto diversos aparatos, desde los mecanismos de control tradicional, como los medios coercitivos y persuasivos esgrimidos por la fuerza pública, hasta los medios más modernos, que utilizan tecnología de punta para generar sociedades supuestamente más seguras, controladas por los encargados de garantizar seguridad, una de las demandas sociales más sentidas en todos los tiempos, y profundizadas, después del 11 de septiembre, con la construcción del enemigo a partir de la lucha contra el terrorismo, real pero magnificado, y utilizado por poderes supranacionales y nacionales que quieren gobernar con el miedo y el terror en este ‘nuevo’ orden mundial. Esto tiene que ver con los planteamientos de Bauman, en alusión a la patologización del individualismo, la opacidad de lo colectivo, el vaciamiento de la política y sus correlatos. El primado de la incertidumbre y el miedo modifica los contenidos de lo público y lo privado en dos sentidos: en primer lugar, produce una creciente privatización de los miedos y una suerte de comunidad de perchero, y, en segundo lugar, unifica lo público en la figura del enemigo común, produciendo por esta vía la sociedad de la seguridad.
El panóptico, descripto por Bentham y Foucault, simboliza el modelo de una sociedad vigilante y controlada, cuyo fin es el disciplinamiento social, y para ello tiene la dupla vigilar y castigar como formas de punición y sanción, estando siempre presente el ojo observador del “gran hermano”, como una forma de automatizar y desindividualizar el poder, en muchas ocasiones perdiendo el ciudadano la soberanía y la libertad.
Para hacer posible la seguridad en las sociedades modernas, ya no basta con la vigilancia de los agentes del orden público sino que, utilizando dispositivos de alta tecnología, se generan otras formas de vigilancia y control, unos en particular: diminutas cámaras de video y micrófonos, instalados en sitios donde transcurre la cotidianidad del ciudadano. Sólo en Londres, para poner un ejemplo, hay más de 300 mil cámaras de video, con el objetivo de vigilar. Un ciudadano en un solo día puede ser filmado más de 300 veces. Es decir, estamos ante formas de control social que hacen que nuestras vidas estén totalmente fiscalizadas. La pregunta central es: ¿En qué medida esto ayuda a la seguridad?, ¿y qué se pierde con esas formas de vigilar? ¿cuáles son los intereses que se anidan en estas formas de control, más allá de sus argumentos justificatorios?
La realidad del control social y las formas de vigilar existen no sólo en los países desarrollados sino también en países de otras latitudes. Las cámaras son ubicadas en sitios problemáticos y de alto índice de inseguridad, hasta aquellas que vigilan el tráfico vehicular. Igualmente, hay otras que violentan la privacidad, y la libertad y la autonomía, como los hechos recientes acontecidos en la Universidad de Antioquia, incluso reconocidos después de las constantes denuncias por el propio rector de la institución, quien planteó que “la seguridad de la institución universitaria les compete al Gobernador y a Metro-seguridad”, y que las cámaras fueron instaladas por éstos, pero aduce el Rector que el problema de seguridad no es de resorte institucional. Lo más grave del hecho es que, cuando se indaga al funcionario universitario sobre si era verdad que había cámaras en los baños, dice que no, pero en una entrevista previa había dicho que no sabían dónde estaban las cámaras. Entonces, ¿cómo sabía que no estaban en los baños? El problema es de hondo calado, ya que se atenta contra la autonomía universitaria, consagrada en la Ley 30 de 1992, y además se pone en riesgo la libertad de cátedra, pues los fines de estas formas de vigilancia pueden ser utilizados como medios para silenciar las diversas formas de realizar análisis sociales y políticas por fuera del marco institucional (de hecho, las llaves de las porterías las tiene el Esmad, tal como contestó un vigilante al preguntarle por qué no abría las porterías). En otras palabras, el Alma Máter está siendo vigilada y controlada por fuerzas ‘externas’ a la vida académica, espacio donde deben primar la libertad, la creación y la recreación de las ideas y el conocimiento.
Otro punto, preocupante para la vida misma de la Universidad y para su razón de ser, es la pérdida de confianza de la comunidad universitaria en sus directivas, por no poder articular a la comunidad académica con la defensa de la universidad pública y contra la reforma de la Ley 30, así como internamente se evidencian las posturas radicales y antagónicas frente a los hechos de violencia, que ya no son esporádicos sino permanentes, y en cualquier momento pueden llegar a una violencia profunda contra o por las fuerzas de seguridad, y entre los integrantes mismos de la comunidad universitaria, como el enfrentamiento entre algunas personas del bloque administrativo con los encapuchados, que querían quitar una de las cámara que hay allí.
Estos hechos, más las constantes entradas del Esmad en respuesta a los encapuchados, están convirtiendo a la Universidad en “tierra de nadie”, en una especie de paranoia colectiva en que algo puede suceder o está a punto de suceder, y en que el miedo se está apoderando de quienes estamos vinculados a la Universidad.
Las directivas dicen que los mecanismos de seguridad implementados han reducido los robos y la venta de narcóticos, entre otras. Sin embargo, también hay que decir que aumentan los lesionados por los gases que lanza el Esmad, y por golpizas y atropellos contra los integrantes de la Universidad. Igualmente, no dejan de ser cuestionable las papa-bombas, que rompen con la dinámicas del centro de estudios. En síntesis, ojalá que el ‘remedio’ implementado por los organismos de seguridad, y avalados por las directivas de la Universidad, no resulte peor que la ‘enfermedad’.
Por todo lo anterior debemos realizar diálogos más serenos y profundos sobre el rumbo del Alma Máter. Un buen momento es precisamente la coyuntura de la reformas a la ley de educación superior. La unión, la organización y la movilización deben ser las banderas de la comunidad universitaria. Debemos luchar contra la reforma de la Ley 30. Ese debe ser el punto de partida para empezar a enfrentar los problemas de la Universidad; es allí donde la administración debe recuperar la gobernabilidad, es decir, abrir las puertas de la argumentación, la concertación y el diálogo, tan defendido y proclamado por el comité rectoral pero tan escaso en los últimos meses dentro de la institución. Por tanto, estamos en un punto de quiebre y las directivas deben de estar a la altura de los acontecimientos para poder superar esta crisis de gobernabilidad, que ya lleva más de un año de zozobra y tensión.
Por último, es necesario que el Rector le dé una explicación a la comunidad universitaria y la comunidad en general sobre la realidad de las formas de vigilancia encubierta en la Universidad, y cómo se utiliza la información que de allí se desprende.
* Zygmunt Bauman (2002), En busca de la política, FCE, México, p. 24.
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