Hay momentos en la historia en la que la lucha de los pueblos, aun siendo luchas que movilizan tan solo una parte minoritaria de las estructuras sociales organizadas, se vuelven fundamentales porque evidencian el estado de situación política que vive un país.
Ecuador vuelve a ser escenario de ese lenguaje ancestral de la historia de la humanidad: ante el camino del diálogo bloqueado por el Gobierno, la movilización social bloquea vías para gritarle al poder y desvelarle a la sociedad el estado real de las cosas.
Agenda fondomonetarista y doctrina del shock
Desde el 15 de septiembre, comunidades campesinas e indígenas de la Sierra Norte ecuatoriana están manteniendo el peso de la lucha de resistencia a la aplicación de la agenda del Fondo Monetario Internacional en el país.
Al igual que Chile tras el golpe de Estado de 1973, que México con el “shock del libre comercio” en los años ochenta, que Bolivia y Argentina con sus “shocks hiperinflacionarios” de 1985 y 1989 o que Perú con su “Fujishock” de los noventa, el caso ecuatoriano refleja en la actualidad las mismas características propias de toda aplicación de la llamada “doctrina del shock” en cualquier país del planeta. En este caso, bajo la creciente espiral de violencia desatada en Ecuador, el “shock de la violencia”, se construye una narrativa bajo el supuesto combate al crímen organizado que, viendo la carencia de resultados al respecto, no es más que la aplicación de la estrategia de la “doctrina del shock” para posibilitar la implementación de medidas ecónomicas impopulares como “supuesta” política destinada a combatir las redes narcotraficantes y sus derivados en el país.
Fotografías tomadas vía Twitter de los medios alternativos: @wambraEc, @BNPeriodismo, @radiopichinca, @CONAIE_Ecuador, @RedKapari.·
Así las cosas, se han emitido de manera acelerada, uno tras otro, diferentes decretos ejecutivos y aprobándose leyes en el legislativo que van viabilizando de forma agresiva la implementación del plan de ajuste estructural impuesto desde la oficinas del FMI sobre el país: desvinculación paulatina de miles de trabajadores públicos del aparato estatal, incremento del IVA y otros impuestos de perfil regresivo, eliminación de subsidios diversos, recorte generalizado del gasto público y progresivo desmantelamiento de las estructuras de atención y servicios básicos por parte del Estado para ser posteriormente entregadas a la gestión privada.
Como el relato en política lo aguanta todo, la justificación narrativa de la reciente eliminación del subsidio del díesel por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa se basó en posicionar, mediante fuerte campaña comunicacional, que los principales beneficiarios de dicho subsidio eran la minería ilegal, los contrabandistas de combustible y el narcotráfico en general. A la par, mientras el Gobierno desactiva el malestar causado por esta medida en el sector transporte mediante la focalización temporal de algunas ayudas gubernamentales a gremios afectados (buses urbanos e interprovinciales, taxis y transporte escolar entre otros), deja intencionalmente olvidados a los sectores rurales donde el indicador de pobreza por ingresos es del 43,3 por ciento y el indicador de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 50,8.
Con el país militarizado tras haber sido decretado –en enero del pasado año– el conflicto armado interno, con una Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) –principal movimiento social del país– actualmente en crisis y una oposición progresista –la Revolución Ciudadana– políticamente agotada, lo que menos esperaba el gobierno era una respuesta de carácter popular a dicha medida. Es más, ni el mismo movimiento indígena a nivel interno, esperaba que en los sectores territoriales donde se ha focalizado el actual paro nacional pudieran aguantar el tiempo que ya llevan movilizados y expresando su descontento mediante toma de espacios públicos y cortes de vías.
Punto de inflexión
Tras veintitres meses de gobierno sin apenas oposición, el actual paro nacional y las movilizaciones que desde diferentes sectores sociales se están dando alrededor de este, implican un antes y después en el mandato presidencial de Daniel Noboa.
Ante esta realidad, el oficialismo responde con soberbia tecnocrática y fundamentalmente represión militar y policial contra los manifestantes, reafirmándose en no permitir la apertura de ningún espacio de diálogo institucional que de una salida viable a la crisis. La estrategia gubernamental es clara: quedan más de tres años y medio de la actual gestión de gobierno y hay que aplastar militarmente y agotar socialmente cualquier posibilidad de construcción organizada de resistencia social frente a la implementación de una agenda política y económica desgarradora para el país, mediante la cual se combinan amplios recortes en garantías y derechos individuales, colectivos y democráticos, con la aplicación de políticas privatizadoras, hiperextractivas y la conformación de un Estado punitivista para el despojo.
Mientras el presidente Noboa responde a las demandas sociales con represión y discursos de orden, las demandas iniciales de los movilizados se diluyen y toman protagonismo la exigencia de derechos, de respecto y de dignidad. Ya no se habla del precio del combustible, y sí de las condiciones de vida y del hambre en el campo, se habla del abandono educativo, de la carencia de medicinas en los hospitales, del costo de la vida y de la mentira de una “recuperación económica” que solo beneficia a los sectores exportadores con alta concentración de capital.
Ante esto, Noboa ha convertido el desprecio en método de gobierno. Desprecio a los maestros, desprecio a los estudiantes, desprecio a trabajadores del sistema de salud pública, desprecio a los pobres y desprecio principalmente a los pueblos originarios; pero desprecio también a la palabra empeñada –Noboa se comprometió en campaña electoral a no eliminar el subsidio del diésel–, desprecio al proceso democrático y al derecho a disentir. Esta actitud no es nueva en el país, sin embargo en esta ocasión tiene un perfil más brutal, porque Daniel Noboa representa la captura del Estado por parte de una fracción de las élites ecuatorianas, no la representa en su conjunto, y por lo tanto tiene prisa.
El estallido como síntoma
Lo que está sucediendo en la zona norte del país, en algunas comunidades amazónicas y en diversos barrios períféricos urbanos en distantes ciudades del Ecuador no es solo una protesta: es un síntoma político frente a un Estado que en realidad actúa como gestor de los intereses privados vinculados específicamente a un grupo económico determinado.
Mediante el control cada vez mayor sobre el aparato mediático nacional, en muchos casos adquiriendo la propiedad de empresas periodísticas privadas en expansión a través de testaferros, el oficialismo construye su propio relato en búsqueda de legitimar la represión sobre los sectores movilizados: “vandalismo”, “caos”, “amenaza al orden democrático”, “financiamiento de la protesta por grupos delincuenciales”. Se habla del “derecho al libre tránsito”, pero se omite el derecho a la vida digna; se condena la “violencia de los manifestantes”, pero se calla la violencia estructural del hambre, del desempleo, de la exclusión y de los aparatos represivos del Estado; se construye a un “enemigo interno” cuando lo que hay es ciudadanos desbordados por la indiferencia del poder.
El paro como fractura
Inmersos en sus urgencias expoliadoras, el presidente Noboa convocó al país a una consulta popular que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre. El objetivo fundamental de esta, una vez más justificada bajo el discurso del combate a la delincuencia, es impulsar un nuevo proceso constituyente que permita restringir derechos y libertades fundamentales hoy garantizadas, así como eliminar los candados actualmente vigentes que imposibilitan privatizar sectores estratégicos y mayor flexibilización del mercado laboral.
Lo anterior marca un límite: al momento en que se escriben estás líneas un contingente de diez mil militares y policías han sido desplegados en la capital del país y otros tantos se dirigen a las zonas de conflicto social. Es de esperar que las vías actualmente bloqueadas en el país sean despejadas en los próximos días y que el aparato de seguridad del Estado imposibilite la proliferación de protestas en la capital y resto de las grandes urbes.
Pero el paro evidencia la consolidación de una fractura antes no existente. El movimiento indígena –con sus contradicciones, diversidad y persistencia– vuelve a recordarle al Ecuador que la política no se agota en los pasillos de la Asamblea Nacional, tampoco en la agenda setting de los operadores políticos institucionales ni en el ecosistema digital de los influencers y asociados.
Este paro indígena, diferente a los paros indígenas del 2019 y 2022, quizás más débil que los anteriores dado que se da en un contexto de sociedad militarizada y en muchos casos incluso impulsado desde las bases contra la voluntad de la actual dirigencia indígena, revela que en las comunidades todavía hay proyecto, palabra colectiva y construcción de horizontes comunes.
Una vez más, el movimiento indígena nos demuestra que no es la izquierda institucional o el llamado “correísmo” quienes representan la voz o la voluntad de lucha y de cambio de los de abajo. Y una vez más también, el movimiento indígena se afirma como única contra-hegemonía realmente existente en el país frente a esta nueva autocracia oligárquica 2.0 del siglo XXI.
Pese a la represión por desatarse contra el paro nacional, este no será aplastado, quedará como esa llama que vuelve a prenderse tras los incendios mal apagados y que posiblemente acompañará en forma de resistencia los próximos tres años y medio restante de mandato presidencial de la Corporación Noboa.
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