El martes 23 de septiembre, en las horas de la mañana, tuvo lugar en Bogotá un Encuentro convocado por el Comité de Impulso del Movimiento Social por la Paz. Era, al mismo tiempo, una rueda de prensa para presentar las respuestas recibidas del Gobierno y las organizaciones armadas, específicamente del Eln, a la solicitud de reanudación de los acercamientos encaminados a crear las condiciones para volver a los diálogos de paz. Una expresión más del extendido clamor de buena parte de la sociedad colombiana que se niega a aceptar que nuestro único destino sea la violencia.
Asistieron alrededor de cuarenta personas, en representación de organizaciones de varios sectores, principalmente sociales, como la CUT y la USO, de la defensa de los derechos humanos (a nivel nacional e internacional) y en pro de la Paz como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Asistieron también la Iglesia Católica y algunas otras Iglesias; además, organizaciones de los pueblos indígenas y afrocolombianos, organizaciones campesinas y comunitarias de varias regiones, así como de la academia y de la juventud. La mayoría de ellas con participación destacada en el Movimiento mencionado cuya más reciente comunicación (Carta Pública) fue suscrita por 211 organizaciones y procesos sociales y contó con la firma de al menos 225 personas naturales. Según se informa, hay muchas más organizaciones y personas que allí no aparecen pero que han expresado su respaldo al Movimiento.
El antecedente inmediato
Es evidente que todo este proceso surgió de la desazón producida por el fracaso de la estrategia de “Paz Total”, con la ruptura de las mesas de negociación iniciadas y el abandono de la exploración en otros casos, y el subsiguiente regreso a la supuesta solución mediante la guerra, expresado en los términos más vehementes, por decir lo menos, por el propio Presidente de la República. Desde varios ángulos de la llamada sociedad civil surgieron iniciativas encaminadas a solicitar el retorno a la cordura por parte de todos los actores armados incluido el propio Estado, en la convicción de que en más de sesenta años la salida militar nunca ha llevado a ninguna solución.
Una de estas iniciativas, la que aquí estamos considerando, intentó recoger no sólo sectores de opinión sino dinámicas sectoriales y regionales que de tiempo atrás han desarrollado actividades humanitarias y de paz, materializándose a partir de su llamamiento del 5 de abril, en el cual se presentaba una radiografía de la preocupante situación en que se encontraba el país, pero, al mismo tiempo, se hacía valer la capacidad y la voluntad de sus integrantes de participar activamente en la construcción de la paz. Esta es, tal vez, la más importante aseveración, pues se intenta dejar de lado la condición de terceros que animan a los protagonistas para convertirse en sujetos reales. En ese sentido aportaban algunas propuestas inmediatas de reactivación, impulso y apoyo, más que todo como expresión de una postura. Se invitaba entonces a la sociedad a sumarse a la iniciativa1.
Como parte de ello, el treinta de abril se realizó el primer Encuentro Nacional del Movimiento con la asistencia de un centenar de delegadas y delegados de diversas organizaciones de todo el país. De este evento salió una Carta Pública “A la sociedad, al Presidente Petro y a las Comandancias de organizaciones y grupos armados”, que se puso enseguida a disposición para ser suscrita por organizaciones, procesos sociales y personas naturales. Casi inmediatamente lo hicieron más de cuatrocientos cincuenta, entre unos y otras. Este documento puede considerarse además una declaración de principios2.
El movimiento logró consolidarse luego en un proceso más amplio, mediante la articulación, en el seminario de los días 23 y 24 de agosto, de tres iniciativas: Movimiento Social por la Paz, Paz con toda, y Asamblea Nacional por la Paz. Un nuevo Llamamiento al país, con las principales posiciones y propuestas, selló la articulación3.
La iniciativa y sus premisas
El punto de partida que se subrayó en el primer documento reapareció luego como objetivo, en cierta forma estratégico, en el último Llamamiento: “fortalecimiento de la sociedad como sujeto en la solución política del conflicto”, al que se añade: “construcción de una paz con transformaciones profundas”. Pero, además, en todos los documentos, especialmente en la Carta Pública, hace explícita su concepción de lo que llama el conflicto social, político y armado, y de lo que plantea como forma de superación del mismo.
Las premisas pueden ubicarse en lo que se conoce como “condiciones de posibilidad”. La primera se refiere a la confianza en que, a pesar de todo, hay una pequeña luz, dado que ninguno ha renunciado al diálogo. En consecuencia, “una acción audaz y decidida de la sociedad civil con las comunidades más afectadas por las violencias puede ser el factor catalizador de un nuevo momento de paz sistémica en el campo y la ciudad”. La segunda es la convicción de que el contenido de la paz no puede ser otro que las transformaciones socioeconómicas, institucionales y políticas profundas. Particularmente, con la transformación de los territorios. La tercera atribuye significativas posibilidades al diálogo el cual, siendo complejo y difícil, debe ser el centro de cualquier metodología que se pretenda eficaz. Finalmente, se considera que es indispensable un replanteamiento de la política de paz y de la metodología de trabajo; replanteamiento que debe comenzar con algunas acciones urgentes, encaminadas sobre todo a reconstruir las confianzas.
En cuanto a los aspectos conceptuales, debe destacarse la tesis de que existen múltiples conflictos, socioeconómicos, ambientales, políticos y culturales que son los que se manifiestan en distintas violencias armadas cuyas causas son igualmente múltiples. De ahí se desprende la necesidad de construir salidas a esas causas, mediante una estrategia de solución dialogada. No obstante, es claro que este gobierno no representa el Estado en su conjunto y mucho menos el establecimiento, y por tanto tampoco es razonable que los grupos armados le exijan compromisos que sólo podrían asumir las elites y la sociedad en general. Una fórmula, que se enuncia en su forma categórica, es la siguiente: “La política de paz debe ser una política de Estado, con todos”4.
¿Sólo una respuesta: el Eln
La carta pública, como se dijo, fue dirigida tanto a la sociedad, como “al Presidente Petro y a las comandancias de organizaciones y grupos armados”. A estos últimos, se les insta a que retomen los espacios de negociación, de exploración o de diálogo, y se les proponen algunas acciones específicas. En el documento más reciente, el Movimiento es más preciso. Llama a todos a cumplir los acuerdos, garantizar la participación de la sociedad y respetar el Derecho Internacional Humanitario. Y particulariza: al Gobierno le solicita una Audiencia para expresar la posición del Movimiento en relación con la necesidad de abandonar los enfoques militaristas, y al Eln lo invita a abrir un diálogo directo con la sociedad y las expresiones sociales que integran el Movimiento5.
Como es lógico, se esperaba de los interpelados cuando menos una reacción. A la fecha de la reunión (23 de septiembre), sin embargo, sólo había respondido el Eln. Un video del comandante Pablo Beltrán, con una declaración, a primera vista obvia y previsible. En ella reitera que sí constituyen una organización política insurgente que ha recorrido ya, desde 2012 y 2016, un camino de entendimientos orientados hacia la paz, siendo el más reciente el de México en 2023 con el gobierno de Petro, y afirma que la responsabilidad de la ruptura de las negociaciones está en el lado del Gobierno. Sostiene que hubo un claro sabotaje a partir de operaciones de inteligencia y ataques de diferentes modalidades. Se llega entonces –dice– a una fase de “negacionismo” en la cual se desconoce el carácter rebelde del Eln y se anuncia el regreso al camino de la guerra. En esas condiciones, arguye, puede considerarse que están en una situación de “legítima defensa”.
No obstante, hay en esta declaración dos detalles significativos que parecen abrir renovadas expectativas. En primer lugar, llama la atención que no se concentre en el Gobierno en sentido estricto y aunque no lo exime de responsabilidades, al hablar del sabotaje pone todo el énfasis en “el sector mayoritario de las elites”. Es decir que admite una posibilidad de cambio en la actitud del Gobierno e incluso en las “elites”. En segundo lugar, habiendo sentado que nunca aceptarían el modelo llamado DDR, o sea “Desmovilización, Desarme y Reincorporación”, reconocen que se había avanzado en el enfoque de la resolución, con participación de la sociedad, de las causas sociales y políticas que reproducen el conflicto. Como quien dice que con una sola condición se podrían retomar las negociaciones: “Si volvemos a los marcos iniciales y se acepta una solución política, entonces cuenten con nosotros”.
El Movimiento Social por la Paz se plantea como interlocutor, desde luego, del Estado, pero también de todos los grupos armados, o involucrados en la violencia, que lo acepten. En el momento, se espera una respuesta formal del Gobierno. Sin embargo, los resultados de la carta, obtenidos hasta ahora, dejan una seria inquietud. ¿Hasta qué punto el problema con la gran mayoría de estos grupos no es la falta de voluntad para la interlocución sino su incapacidad de entender los términos mismos en que ésta se propone? El eje, como se ha dicho, es el debate sobre la superación de las causas socioeconómicas y políticas del conflicto armado. Se trata de asuntos que no le dicen nada a sus preocupaciones inmediatas y mucho menos a sus análisis de conveniencias. No es por azar que el único presto a responder haya sido el Eln.
Las debilidades de la iniciativa
Sin querer desconocer la importancia y mucho menos restarle validez a la iniciativa, vale la pena señalar las que a nuestro juicio son algunas de las principales debilidades de su enfoque. La primera está en que, pese a las elaboraciones mencionadas, no logra desprenderse del voluntarismo, amparado en este caso en una mirada ética. Como si fuera una cuestión de actitudes y comportamientos. Es cierto que en algunos momentos y particularmente en esta coyuntura lo que urge son decisiones –volver a la mesa, como se dice– pero si se asume, como debe ser, que se trata de un proceso, más o menos largo, es inevitable abordar la naturaleza actual de la confrontación y sus particularidades, que, en buena parte, explican los obstáculos, entorpecimientos y, sobre todo, las presuntas imposibilidades. Es una cuestión de política, una batalla de legitimidades que nos involucra, como insiste acertadamente el Movimiento, a todas y todos.
De ahí se desprende la segunda debilidad, que tiene que ver con el desconocimiento de la multiplicidad y heterogeneidad de las actuales manifestaciones de la violencia armada; multiplicidad que se quiso equivocadamente conjurar con el slogan de la “Paz Total”. Aunque en algunas consideraciones habla de las “violencias armadas” y de conflictos, también en plural, la mayoría de las veces se refiere al “conflicto social, político y armado” cuya solución ha de ser política, como si fuera un sólo fenómeno. Se persiste en la confusión o ambigüedad entre violencia y conflicto armado. Sólo este último tiene relación con una expresión de insurgencia o rebeldía y sólo a éste se le puede aplicar la fórmula de “solución política del conflicto armado”.
Es cierto que otras formas de accionar militar y violento, como las asociadas con las economías ilegales y especialmente las bandas armadas de jóvenes en las ciudades, admiten un tratamiento diferente al de la simple represión militar, como bien lo denota el Movimiento en sus documentos cuando habla de “negociación socio-jurídica”, o como dicen otros, acudiendo a la fórmula norteamericana, “sometimiento a la justicia” y “cooperación”. Pero es necesario tomarse en serio la heterogeneidad, con objetivos, procedimientos y temporalidades diferentes, aun a riesgo de incrementar la complejidad. Sin duda la confusión no está sólo en las mentes sino en la realidad; en el plano de las acciones y los comportamientos no es fácil hacer distinciones o establecer límites; pero es necesario proceder diferenciando cuando es evidente, buscando las explicaciones con análisis profundos en otros casos, o, incluso, estableciendo supuestos ad hoc, estrictamente operativos.
Pero tal vez lo más difícil de asimilar es lo que podríamos llamar la dialéctica territorial-nacional. Es cierto que una organización armada que es o pretende ser política, exige una interlocución y una negociación, en lo fundamental de carácter nacional y hasta internacional. Pero aquí sólo es aplicable al Eln. Naturalmente, esto puede ser discutible: en el otro extremo del espectro está el “Clan del Golfo” que también se da una identidad o, mejor, una imagen nacional, pero sólo por su cubrimiento geográfico mas no por su contenido ya que hoy en día ni siquiera evoca el discurso de sus progenitores paramilitares que decían ser guerrilla contrainsurgente encargada de reemplazar el Estado. El hecho es, sin embargo, que todas las organizaciones tienen un fuerte arraigo territorial y de ahí derivan su dinámica, su fortaleza y su mayor o menor apoyo popular. Buena parte de su identidad es más regional que por filiación. Suele suceder que en algunos territorios las comunidades se refieren a los “grupos armados” de manera genérica y nunca aciertan a identificar de cuál se trata.
El caso más emblemático es el de las llamadas “disidencias” de las antiguas Farc (en todas sus vertientes) de cuyo origen político queda muy poco, salvo algunos clichés en el discurso, pero sí su práctica tradicional de control territorial que va más allá de los controles a la movilización y el transporte y apunta a la construcción, bajo un régimen coercitivo militarista, de un orden pretendidamente alternativo. Incluye un orden jurídico (la “ley de la guerrilla” se llamaba en tiempos de Marulanda) no sólo penal o policivo sino civil (contratos, propiedad –particularmente linderos– hasta matrimonios y divorcios) y regulaciones ambientales; un orden económico (el establecido, ya sea terrateniente o campesino, legal o ilegal, coca u oro) que incluye tributación, aunque también participación activa. Esto lleva frecuentemente a una coexistencia pacífica, y a veces alianza, con los poderes locales6. Desde luego, es, en cada territorio, un orden de espíritu provinciano y conservador –defensa del status quo– y, al mismo tiempo, inestable y en cierta forma frágil.
Esta pauta de existencia y reproducción basada en el asentamiento –que dista mucho de la antigua propuesta de “zonas liberadas”– se ha replicado en todas las agrupaciones armadas, pues desde los años noventa, terminó imponiéndose el criterio circular según el cual el objetivo de todo proyecto militar es su propia conservación. Pura racionalidad económica sin estrategia; “desviación militarista” se decía antiguamente. Las implicaciones que todo esto tiene para el desarrollo de una propuesta de paz son de gran magnitud pues la dinámica de asentamiento lleva de suyo la disputa territorial, que se agrava cuando no hay o se pierde hegemonía. En el pasado los enfrentamientos se debían al sectarismo, hoy carecen por completo de connotaciones ideológicas. Además, en la mirada de las organizaciones armadas la acción autónoma de organizaciones sociales y comunitarias resulta ser parte de la disputa. Las manifestaciones más atroces de violencia (masacres, desplazamientos) en los últimos años, han tenido su origen en esta disputa7.
Si, como dicen muchos, cualquier proceso de paz, hoy en día, tiene que comenzar por acuerdos humanitarios territoriales, esta circunstancia debe merecer la mayor atención y una profunda reflexión. Está, por ejemplo, en el fondo de las discusiones sobre la viabilidad de los “ceses al fuego”. Pone en duda la idea de la paz como algo que se obtiene gracias a un tratado entre una insurgencia y un Estado. Como preocupación inspiraba, en cierta forma, el enunciado de la Paz Total y es uno de sus aspectos rescatables.
Indicios de continuidad
Pudiera decirse que no es tarea de un movimiento como éste tomar partido en complejos debates de caracterización del problema y minucias de la metodología. Sin embargo, es claro que una revisión de la conceptualización puede contribuir a orientar la estrategia de participación y a evitar pasos en falso. Por lo pronto se ha concentrado en tres tareas: la realización de las Cien acciones por la Paz hasta marzo de 2026; la formulación de documentos-propuestas sobre algunos de los aspectos más delicados que se han encontrado en el curso de los diálogos, y la presentación de una propuesta metodológica y estratégica de modelos de diálogos humanitarios y de paz entre el Estado y las organizaciones y grupos armados. Es posible, por lo tanto, que se continúe avanzando en la conceptualización. En el momento se cuenta con los puntos, claros y explícitos, de un mínimo consenso el cual fue reafirmado en la reunión del 23 de septiembre.
1 “Movimiento Social por la Paz -es de todas, todes y todos”. 5 de abril. Ver @MSPazColombiaOf
2 Carta Pública. @MSPazColombiaOf
3 “La esperanza sigue viva, vamos por la paz con transformaciones”. @MSPazColombiaOf
4 Carta Pública. @MSPazColombiaOf
5 “La esperanza sigue viva…”. Ibídem.
6 Ha llevado también, en algunos casos y grupos, a la alianza con las Fuerzas Armadas, militares o policiales, y a su participación en operaciones de inteligencia o paramilitares. Ver “La política de seguridad y defensa: órdenes y gobernanzas en disputa”. En: Plataformas de Derechos Humanos, El desafío del cambio. La disputa continúa. Informe sobre Derechos Humanos. Bogotá, septiembre de 2025
7 Ver: Plataformas de Derechos Humanos, El desafío del cambio. La disputa continúa. Informe sobre Derechos Humanos. Bogotá, septiembre de 2025
Leave a Reply