Dos escenarios se abordan en este escrito: el primero, desde la cotidianidad de la mayoría de los habitantes de la capital del país, que luchan por sobrevivir en el día a día. El segundo, las dinámicas institucionales asociadas a intereses de mercado.
Finales de 2025, reflexionar sobre la situación actual de Bogotá implica construir una narrativa que no es igual para cada uno de los que la habitan y que, según desde la orilla que se le mire, dará uno u otro resultado.
Una de esas miradas nos indica que Bogotá es hoy una sumatoria de realidades diversas, así como actores e intereses superpuestos a modo de palimpsestos, que en la mayoría de los casos no dialogan y entre los cuales se impone una mirada y una práctica hegemónica desde los sectores tradicionales de poder, cada vez más enraizados en las dinámicas que impone el mercado en una ciudad considerada como escenario privilegiado para la captura de rentas nacionales e internacionales.
Habitantes y cotidianidad
Es así como hoy nos encontramos con una ciudad cada vez más conflictuada, en la cual las mayorías que la habitan difícilmente alcanzan calidad de vida, adecuada y digna. No es extraño que así sea, en tanto las acciones que determinan sus ritmos y tendencias están marcadas por las decisiones del mercado que utiliza todas las estrategias posibles para capturar la mayor cantidad de rentas. Es una realidad que, en la práctica, niega el derecho a la ciudad y al territorio.
No es para menos. Habitamos una ciudad caótica, en permanente construcción, sin un proyecto de consolidación a largo plazo, con más de 1.000 frentes de obra simultáneos que continúan delineando una movilidad al servicio del mercado y no de las necesidades mayoritarias del conjunto de quienes la habitan.
Se trata de frentes de obra que responden al diseño de un modelo de ciudad neoliberal, marcado por la exclusión y el despojo estructural, y en ello por el desigual acceso al suelo, la vivienda y el hábitat para la mayor parte de la población de bajos ingresos, al no existir ofertas asequibles, aumentándose cada día más la población en condición de arrendataria, realidad que se suma al incremento sostenido en las tarifas de servicios públicos en manos de operadores privados, con la deficitaria calidad que les caracteriza.
En cuanto a la vivienda, un derecho violado sin piedad alguna por el Estado central y por quienes controlan políticamente y usufructúan economicamente esta urbe, tenemos un escenario en el cual el mercado inmobiliario profundiza sus prácticas especulativas de múltiples maneras. Primero, reduciendo las áreas construidas ofertadas a la población. Segundo, aumentando los costos por metro cuadrado. Tercero, estableciendo como un único mecanismo de acceso a la compra de vivienda la financiación a través de los créditos hipotecarios. Cuarto, entregando viviendas cada vez más deficitarias e inadecuadas. Quinto, reduciéndole la posibilidad a la población en condiciones de pobreza y miseria de acceder bajo este mecanismo a la vivienda y por tanto obligándola a que siga buscando solucionar tan vital necesidad desarrollando asentamientos informales. Es por ello que, siguiendo las tendencias internacionales, el modelo de la financiarización del acceso a la vivienda y al hábitat se ha convertido en la estrategia privilegiada por la denominada industria de la construcción y del sector financiero, modelo que a su vez atrae la presencia de capitales extranjeros que les permite recuperar rápidamente sus inversiones.
A su par, la tan cacareada generación de un sistema de cuidado y servicios públicos eficiente que garantice la calidad de vida del conjunto de la población que la habita no pasa del eslogan, con problemas vinculados a la oferta y calidad de la educación, el acceso adecuado a sistemas de salud pública, de sistemas de bienestar colectivo y estructuras de sistemas de cuidado poco desarrolladas y con muy bajas coberturas frente a las necesidades existentes.
Son estas realidades, negaciones y padecimientos que afectan a millones de la población bogotana desde décadas atrás, pero con especial relieve desde el gobierno de Claudia López y su Plan de Ordenamiento Territorial –POT–, del cual surge un escenario privilegiado para todas las actuaciones del mercado, favorecidos por la flexibilización que afecta a la totalidad del suelo, dejando en manos de privados la definición de los tipos de tratamiento. Es decir, dejar en manos de negociantes, que solo actúan inspirados por el afán de lucro, las actuaciones públicas. Así, las actuaciones estratégicas no han sido reglamentadas en su totalidad y han sufrido cambios significativos en relación a lo propuesto inicialmente sin que en general estas apuestas hayan sido concertadas colectivamente con las comunidades. Por ello, continúa la deuda histórica en términos de la construcción de un modelo de ciudad compartida que atienda las necesidades y expectativas del conjunto de la población y no solamente de un sector. Un asunto no menos importante, es como las instancias de participación, como el Consejo Territorial de Planeación Distrital –Ctpd–, no logran tener incidencia en ajustes o modificaciones reales al modelo imperante.
En ese mismo marco, no se desarrolla el tema de la seguridad como un constructo colectivo. Es así como el aumento del delito, las lesiones, las múltiples formas de acción ilegal que atentan contra lo colectivo, no son atendidas por el establecimiento. De ahí que, una y otra vez se plasme como realidad y padecimiento que “La ley es para los de ruana”. Paralelo a esto, que quienes padecen esta realidad opten por “tomar la justicia en las propias manos”, generando complejas situaciones que más propugnan por la resolución individual de los conflictos que por la búsqueda de soluciones colectivas.
A ello hay que sumar la creciente violencia contra las mujeres y las diversidades sexuales. No se trata solamente de la visibilización de las afectaciones a las mujeres y a la población Lgbtiq+, sino su incremento, donde las dinámicas machistas y patriarcales se siguen imponiendo, generando feminicidios, múltiples formas de violencia contra las mujeres y diversidades sexuales y de género, contra la infancia, entre otras múltiples violencias que no cesan. Algo que no se resuelve llenando demás policíasel territorio y sí cambiando del paradigma de la seguridad por el del bienestar colectivo.
Negando esta opción, después del estallido social se han reconfigurado las políticas securitarias y las dinámicas de control urbano por actores no institucionales que se abrogan la potestad del Estado para establecer quiénes merecen estar en la ciudad. El avance de estas prácticas nos recuerda el paramilitarismo y nos hacen pensar en propósitos adjuntos, como impedir la organización social, criminalizar la protesta social, a la población más necesitada y vulnerable y ejercer control social sobre las comunidades.
A pesar del tamaño de la ciudad y de las bondades de su territorio, la precarización laboral es la norma, sumada a la falta de acceso al trabajo digno para la población principalmente joven, conllevando a una creciente expansión de las economías populares. Prácticas laborales que no dignifican la vida, impiden el disfrute del derecho a la ciudad, generan fuertes impactos socio-espaciales y configuran un modelo en disputa con el patrón tradicional de acumulación neoliberal presente en la ciudad.
Estamos ante un conjunto de negaciones y violencias de diversa índole, ampliadas a la par del crecimiento de la misma ciudad, queno para de crecer, negándose a reconocer quienes así lo permiten e impulsan, que el territorio sobre el cual está asentada no está en capacidad de soportar un crecimiento ilimitado. La ciudad cuenta con muy poco espacio urbano urbanizable, el cual se viene utilizando en el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios, particularmente las áreas que corresponde al anteriormente nominado Plan Zonal del Norte. Así mismo, la verticalización de la edificación, y con ello la alta densificación de la ciudad, hace que no se cuente con las suficientes redes e infraestructuras para atender estos nuevos habitantes, así como tampoco los equipamientos, bienes y servicios urbanos que garanticen el disfrute de la ciudad.
La ciudad se expande hacia arriba. Además, a través de la dinámica inmobiliaria el mercado se apropia de territorios previamente habitados pero con suelos urbanos urbanizables, provistos en mayor medida de equipamientos, bienes y servicios, además de estar con localizaciones centrales que son despojados a través de prácticas de gentrificación detrás de los discursos de rehabilitación, renovación, revitalización urbana y otros que fundamentalmente buscan expulsar a la población que los habita. Estamos ante el despojo, como lo padecen cientos de miles en el campo, pero esta vez en las ciudades, realizado de manera “legal”, paralelo a lo cual viene el desplazamiento intra o interubano, con familias que va a parar a las periferias de la urbe o a los municipios cercanos.
No debemos dejar pasar por alto que el incremento poblacional y la alta concentración de población, tanto en Bogotá como en los municipios próximos, han constituido un área metropolitana funcional, que ya no es unidireccional hacia Bogotá, sino que tiene una práctica multidimensional hacia el conjunto de territorios contiguos, a través de una amplia oferta de bienes y servicios urbanos y de la relocalización de actividades productivas e industriales que antes tenían presencia al interior de Bogotá. El mercado y sus dinámicas han logrado ampliar el área de influencia y actuación alrededor de Bogotá bajo los mismos preceptos que le ha impuesto a lo largo de la historia a Bogotá.
También es importante señalar que las estrategias planteadas hace algunos años para reconfigurar la ciudad y volverla atractiva al capital internacional han venido dando sus frutos. Así permite verlo la ampliación del aeropuerto El Dorado y la necesidad de una nueva ampliación que permita darle respuesta a las necesidades del mercado regional. De igual manera, la estructuración de la ciudad en torno a sistemas de movilidad masivos dependientes de Transmilenio, en los que proyectos como los cables aéreos, el metro o el regiotran terminan siendo subsidiarios a un proyecto de movilidad pero ante todo un modelo de negocios que viene impactando la vida de su población. La turistificación de la ciudad, y en ella la habilitación de viviendas para las rentas provenientes del turismo, a través de plataformas como Airbnb, Booking y otras, impactan de manera cada vez más evidente el acceso a lugares permanentes de renta para la población trabajadora, alejando su localización cada vez más del centro ampliado de la ciudad y elevando sus costos de movilidad, al tiempo que deteriorando su calidad de vida al aumentar los tiempos de desplazamiento.
También hay que señalar que la profundización de la idea de Innovación, asociada a la atracción de capitales internacionales, se fortalece cada vez más a través de proyectos como Innovo, impulsado por la Cámara de Comercio, o el Bronx Distrito Creativo, impulsado desde la administración distrital.
Se suma a ello la adecuación de la infraestructura de salud presente en la ciudad, en función de la idea expuesta desde el primer POT, en el proyecto de Ciudad Salud, de una ciudad que vende servicios especializados de salud estética y trasplantes entre otros asociados al turismo de quienes acompañan los pacientes extranjeros y que a paso lento viene dando sus frutos.
No se puede dejar pasar por alto la crisis ambiental y de sostenibilidad del territorio. Los problemas del mal manejo de residuos y la decisión de ampliación del basurero de Doña Juana, la sobreutilización del agua potable, la contaminación de fuentes de agua principalmente los ríos Tunjuelo, Fucha y Bogotá, así como la falta de adaptación al cambio climático que viene produciendo impactos importantes tanto en el territorio como en su población. Estos solo algunos de los problemas ambientales presentes en Bogotá.
Esta es la realidad de Bogotá hoy, que desde la cotidianidad evidencia las contradicciones principales en medio de las cuales quienes la habitan la padecen.
Dinámicas institucionales y mercado
En relación al segundo asunto, como los son las dinámicas institucionales asociadas a intereses de mercado, que mejor escenario que el desarrollo en Bogotá del Día Mundial de las Ciudades 2025, con el eslogan “ciudades inteligentes centradas en las personas”.
Escenario que se crea en el 2013 por la Asamblea General de la ONU, como la principal plataforma internacional para reflexionar sobre el futuro urbano, señalando que “su propósito es sensibilizar sobre los desafíos y oportunidades de la urbanización, promover la cooperación global y avanzar en la construcción de ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes”. Alineado con el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana mundial.
En el año en curso, desde la institucionalidad se plantea el reto de proyectar que significa “impulsar ciudades inteligentes, resilientes e inclusivas”, además de promover la inclusión social, la competitividad y el equilibrio territorial “donde el ciudadano sea el principal protagonista”, bajo tres premisas: que el 70 por ciento de la población vivirá en ciudades en 2050; las ciudades enfrentan hoy los mayores desafíos en materia de pobreza, cambio climático, demanda de servicios públicos y vivienda; y estas, también, son la plataforma más poderosa para innovar, adaptarse y liderar el futuro.
Los cinco grandes asuntos desarrollados fueron:
– Hábitat e inclusión. Financiamiento para la vivienda asequible, retos y experiencias desde lo local a lo global.
– Gobernanza inteligente y participación. Revitalización urbana: un llamado a gestionar la transformación de las ciudades.
– Resiliencia y sostenibilidad. Ciudades habitables, facilitando el acceso a bienes y servicios públicos
– Gobernanza inteligente y participación.
– Lineamientos internacionales de ciudades inteligentes centradas en las personas, que incluyó vivienda adecuada a través de las ciudades inteligentes centradas en las personas e innovación digital para el mejoramiento de la infraestructura urbana, uso de suelo y provisión de servicios públicos.
Así mismo, se trabajó sobre movilidad centrada en los niños y las niñas; Ciudades inteligentes, personas al centro. Narrativas para transformación digital urbana; Bogotá Ciudad Aeropuerto: competitividad y gobernanza colaborativa; Territorios inteligentes, gestión integral en la era digital; Inversiones que respiran: financiar la naturaleza en las ciudades del futuro; Campus de Ciencia, Tecnología e innovación de Bogotá, un proyecto estratégico de ciudad; Acción metropolitana para entornos alimenticios saludables, una iniciativa de FoodClic; y, Espacios urbanos para la equidad, por una ciudad donde todas y todos tengan un lugar y podamos ser.
Estos temas, todos importantes en el debate actual de las ciudades, se entenderían como una discusión de la totalidad de quienes hacen parte de la ciudad. Sin embargo, estos escenarios, que delinean las políticas internacionales que impulsan los gobiernos nacionales y locales, no representan al conjunto de la sociedad. Baste con observar los organizadores y los intereses que representan: ONU hábitat, BID, CAF, Grupo Banco Mundial, Camacol, Vanti, entre otros.
No hay presencia de las organizaciones de la sociedad civil, no hay presencia de voces disonantes y por tanto, las consideraciones y conclusiones buscan seguir configurando unos lineamientos que le permitan a los capitales internacionales y nacionales invertir en las ciudades en función de sus intereses y no de las necesidades sentidas de las poblaciones urbanas.
Todo este discurso es adoptado e implementado por la administración distrital, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán y todo el aparato político administrativo que le acompaña. Las disputas urbanas no son consideradas, como tampoco se reconoce a Bogotá como una ciudad en disputa, que cuenta con más de un sujeto político.
Así, la disputa por el derecho a la ciudad y el territorio en Bogotá continua. El reto es que no exista una sola narrativa, y sí garantizar que se reconozcan las realidades urbanas y territoriales enmarcadas en las luchas por habitar dignamente los territorios urbanos y construir un futuro compartido bajo un modelo de ciudad que se valide desde todas las aristas.
* Arquitecto, Magíster y Doctor en Urbanismo y Doctor en Arquitectura y Ciudad. Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Investigador Senior (IS) por MinCiencias. Líder del grupo de investigación “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad”
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